Según informe, una de cada tres mujeres adolescentes encuestadas piensa que el género es un factor determinante a la hora de migrar debido a la violencia

La agresión de género -entre otros factores socioeconómicos negativos- es razón para migrar, según la visión de mujeres adolescentes en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras) y el limítrofe México, revelada en un reciente informe que analiza el tema.

También consideran que la violencia, en términos generales, constituye un problema endémico en sus lugares de origen, de acuerdo con lo señalado en el documento que la oenegé Plan International dio a conocer el 14 de febrero

Las encuestadas para el estudio -enmarcadas en el grupo etario de 15 a 19 años- también coincidieron en destacar, a la enseñanza, como un instrumento clave para superar la situación, al tenor de la información incluida en el estudio titulado “Mujeres adolescentes en crisis: la vida en contextos de movilidad en la región de Centroamérica y México”.

El análisis señaló algunas causas que empujan, a miles de ciudadanos del Triángulo Norte -mujeres, en proporción considerable-, a buscar la seguridad y las oportunidades que sus respectivos países de origen no les ofrece.

Entre otros datos ilustrativos de esa dramática realidad, Plan Internacional precisó que “una de cada cinco mujeres adolescentes encuestadas piensa que la violencia sexual o por razón de género es motivo para migrar”.

Además, “una de cada tres mujeres adolescentes encuestadas en los cuatro países piensa que el género es un factor determinante a la hora de migrar debido a la violencia”, agregó la oenegé fundada en 1937, en España.

A ello, se suma el dato de que “casi una de cada tres mujeres adolescentes encuestadas cree que las mujeres sufren especialmente violencia física y sexual en el domicilio u hogar por parte de personas conocidas o del entorno familiar”, precisó, en el texto de cinco secciones contenidas en 44 páginas.

Por otra parte, “el 39,4% de las adolescentes encuestadas considera que la violencia social y comunitaria son un problema habitual en sus comunidades”, señaló Plan International, que, según la descripción de su labor, cumple trabajo humanitario con niñas y niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica, al igual que con sus familias y sus comunidades, a nivel mundial.

Entre las conclusiones derivadas del análisis de los datos, indicó que el estudio, “desde una perspectiva regional, muestra importantes vínculos entre la educación, las situaciones de violencia que enfrentan las niñas y adolescentes y la migración”.

“Las adolescentes entrevistadas en los cuatro países viven situaciones de desigualdad por razón de género y edad que se manifiestan en falta de oportunidades y violencias en distintos contextos que impiden su educación, así como su protección, empujándoles a migrar en muchos casos”, explicó.

“Los distintos tipos de violencia -familiar, comunitaria, social, en el entorno escolar- son una constante en sus vidas y también en sus largos caminos hacia otros países”, puntualizó, a continuación.

De acuerdo con lo observado en el informe, “las adolescentes entienden que la educación, idealmente, mejorará su vida”, y “hablan de sus escuelas como espacios de socialización, cariño y protección, especialmente en los casos en los que la violencia es una constante en sus entornos”.

Sin embargo, “en ocasiones los centros educativos son descritos como lugares donde también se produce violencia”, aunque “para otras adolescentes se convierten en espacios de seguridad frente a otros violentos: sus casas, sus barrios, sus comunidades”, planteó.

La violencia -lo mismo de género que delincuencial- es una de las causas básicas que inducen a cientos de miles de nacionales del Triángulo Norte a migrar hacia Estados Unidos, recorriendo, principalmente por tierra, los alrededor de 4,000 kilómetros, en promedio -la mayor parte en territorio de México-, hasta la frontera norte mexicana -el límite de aproximadamente 3,150 kilómetros, con Estados Unidos-.

El trayecto implica variados riesgos de seguridad, incluido el accionar de redes delictivas -dedicadas a narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo-, así como elevados niveles de corrupción institucionalizada -ejercida por personal migratorio civil lo mismo que militar y policial-, todo lo cual encierra, para las migrantes, el potencial peligro de violación.

Una alta proporción de esa población está constituida por mujeres -algunas de ellas, embarazadas-, y por menores de edad -en algunos casos desplazándose solos, porque sus padres no pueden cubrir el pago, a coyotes (guías ilegales), para el traslado de grupos familiares-.

Al abordar ese tema, Plan International destacó, además, la negativa incidencia que los desplazamientos tienen en el desarrollo educativo de las jóvenes quienes así se movilizan.

“Los trayectos migratorios que emprenden las adolescentes y sus familias, como única opción de subsistencia, suponen la interrupción de su trayectoria educativa, además de reproducir y agravar las distintas formas de violencia que las adolescentes ya experimentan en sus países de origen”, señaló.

“A las desigualdades, situaciones de pobreza, y violencias que viven en sus comunidades por el hecho de ser mujeres adolescentes, se suman aquellas que supone ser persona migrante en contextos de pobreza desde el origen”, agregó, a manera de denuncia.

“Esto nos lleva a comprender de qué manera se naturaliza y se incorpora la violencia, y de qué forma ésta impregna cada aspecto -su seguridad, su vida familiar y social, su trayectoria educativa- de la vida de las mujeres adolescentes en crisis, en contextos de movilidad en la región de Centroamérica y México”, precisó.

Entre las recomendaciones que incluyó en el informe, la oenegé instó, “a los garantes de derechos”, en el área de la educación, a “plantear un enfoque integral e inclusivo del sistema educativo, que favorezca la comprensión de la educación como un derecho fundamental para las adolescentes”.

Asimismo, “promover políticas sociales y educativas que planteen alternativas a las adolescentes en sus contextos de violencia cotidiana y sistémica”.

Igualmente, “diseñar e implementar programas de reincorporación al sistema educativo más flexibles, que contemplen el efecto de la migración en la trayectoria educativa y fomenten el acceso a la educación de la población retornada en función de su edad y el grado escolar, como medida de prevención del abandono escolar temprano”.

En materia de seguridad personal, llamó a “promover la participación de autoridades migratorias en los mecanismos de protección para garantizar los derechos de la población adolescente que se encuentre en contextos migratorios, teniendo en cuenta los elementos discriminatorios por género y edad”.

En lo referido, puntualmente, a la migración, sugirió “formular políticas públicas y destinar presupuesto para fomentar procesos y lazos de cohesión social para la reinserción en las comunidades de las mujeres adolescentes en contextos de retorno a sus países de origen”.

Por otra parte, expresó, a la sociedad civil, la necesidad de “establecer estrategias de trabajo conjuntas entre las instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil de todos los países para garantizar la protección, así como acceso a atención”.

Indicó lo mismo en materia de “acceso a justicia de las mujeres adolescentes en contextos de movilidad interna e internacional por causa de la violencia”.

Foto: Mehmet Turgut  Kirkgoz