En Costa Rica, urge la aprobación de legislación, ya elaborada, para combatir la violencia de género en el ámbito político, planteó el Frente de Mujeres de los Partidos Políticos (Frente de MPP).
Al haberse cumplido, el 15 de setiembre, el bicentenario de la independencia nacional -lo mismo que de El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua-, y más de setenta años después de haberse logrado, en Costa Rica, el derecho de las mujeres al voto, la Asamblea Legislativa -parlamento unicameral costarricense- debe dar favorable trámite a la ley, agregó el Frente MPP, en un pronunciamiento.
La organización hizo, así, referencia al Proyecto de Ley No. 20.308, titulado Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política.
El texto recibió, en setiembre, dictamen unánimemente favorable, en la parlamentaria Comisión Permanente Especial de la Mujer.
La iniciativa cuenta, asimismo, con el apoyo de partidos políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, cooperativas, asociaciones civiles, comunitarias, municipalistas, y solidaristas, explicó, en un comunicado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), al difundir el documento del Frente MPP, firmado, a su vez, por más de seiscientas dirigentes.
La agrupación de mujeres de partidos, señaló, en el pronunciamiento de ocho párrafos, emitido el 24 de setiembre, que “en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria y a poco más de siete décadas de alcanzar el sufragio femenino, el país tiene oportunidad para robustecer su democracia paritaria”.
Ello, “con múltiples acciones políticas y entre éstas la aprobación de una iniciativa de ley pendiente, que reconoce la violencia contra las mujeres, por razones de género, como un contínuum, y que esa violencia afecta, también, el ejercicio de nuestros derechos políticos, pero que es posible, prevenirla y erradicarla”, agregó.
“En este contexto, quienes firmamos, solicitamos a las señoras y señores diputados, la pronta aprobación del Proyecto de Ley” favorablemente dictaminado por la comisión, planteó, asimismo, el frente, en el pronunciamiento -que está abierto a firmas adicionales-.
La Constitución aprobada en 1949 -aún vigente- estableció el derecho de las costarricenses a votar.
Las elecciones llevadas a cabo al año siguiente, se convirtieron en el marco para el histórico primer sufragio emitido, en el país, por una mujer-.
Bernarda Vásquez (1918-2013), habitante de la comunidad de La Tigra, en la norteña ciudad de San Carlos, se convirtió, el 30 de julio de 1950, en la mujer quien inauguró el ejercicio de ese derecho en el país centroamericano, al emitir sufragio en un plebiscito municipal local.
El Frente MPP aseguró, en el reciente pronunciamiento, que “es innegable la capacidad, liderazgo y participación de las mujeres en el día a día en nuestro país”, y expresó que, “con firmeza, nos pronunciamos por el derecho de todas las personas a vivir una vida plena en igualdad, sin violencia ni discriminación”.
“Los múltiples esfuerzos que nuestro país ha realizado desde el siglo pasado, con el concurso decidido de las organizaciones de mujeres y feministas en pro de los derechos humanos, evidencian hoy, la urgente necesidad de que el Estado cumpla con la obligación de modificar o abolir las leyes, normas, costumbres y prácticas vigentes que sean discriminatorias contra las mujeres”, agregó.
“Más allá de espectadoras, las mujeres somos hoy actoras, con una presencia en lo
público cada día más relevante”, indicó.
“Esta incorporación en los espacios de participación y toma de decisión, tradicionalmente masculinos, no ha sido sencilla”, manifestó.
Ello, debido a que “se han aceptado y naturalizado la existencia de conductas de rechazo, acoso y violencia fundamentadas en la condición de género y, permitido, la impunidad de sus perpetradores”, denunció, a continuación.
En ese sentido, continuó precisando que “no debemos olvidar la gran cantidad de mujeres que han querido ser parte de órganos de toma de decisión y que, frente a la violencia de que son víctima desisten o, aquellas que, en ejercicio del cargo han sido invisibilizadas u obligadas a renunciar”.
Citada en el comunicado del Inamu emitido, igualmente, el 24 de setiembre, la ministra de la Condición de la Mujer y presienta ejecutiva del instituto, Marcela Guerrero, explicó que “el proyecto sanciona específicamente la violencia contra las mujeres que participan de la arena política”.
Se trata de una compleja “circunstancia que obstaculiza la participación de ellas en puestos de toma de decisiones, llegando, incluso, a truncar sus carreras”, explicó.
“Del 2013 al 2017, por ejemplo, se presentaron 590 amparos electorales, por parte de autoridades locales, señalando actos violentos en contra de sus funciones asignadas”, precisó.
Por su parte, Carlina Delgado, integrante de la dirigencia del Frente MPP, explicó que el proyecto de ley “fue ampliamente consultado”, en un proceso que “contó con más de 100 respuestas, (y) que, finalmente, alcanzó una madurez”.
Se logró “un aporte valiosísimo”, en el cual “destacó la incorporación del delito de violencia política contra la mujer, y cuya sanción escala hasta la pérdida de puesto de quienes incurran en este”, dijo, a manera de ejemplo.
Al relatar el camino que la iniciativa de ley ha seguido, el Inamu informó que, “en el 2013 se presenta el Proyecto Ley 18.719 sobre acoso político y/o violencia política contra las mujeres”, y que, “en 2017, el texto vuelve a la corriente legislativa como el Proyecto de Ley 20.308”.
“Es en el 2021 cuando se amplía el periodo (de análisis legislativo) se presenta un texto sustitutivo construido de forma colectiva y consultada y se dictamina de forma afirmativa y unánime en el mes de julio.”, agregó.
