En México, fueron violadas el 41% de las mujeres detenidas por la Marina y el 21% de las detenidas por el Ejército
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), el 48% de todas las mujeres detenidas en México declararon haber sido torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público, lugar en dónde se realizan las denuncias o llevan a las personas detenidas, así lo informa un reportaje producido por Primavera Díaz, para Noticias ONU.
La periodista asegura que esta misma encuesta también arrojó que el 34% de las personas han declarado haber sido agredidas por los custodios. Mientras que al 58% no se les informó del motivo de su detención y al 65% no se les informó sobre sus derechos todo lo cual provoca indefensión.
Además, en el 68% de los casos las autoridades no mostraron su placa. Este análisis finalmente arrojó que el 43,9% de las personas privadas de su libertad pudieron haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en algún delito, y sin embargo el 10,4% no ha podido comprobar su inocencia.
Comunica el reportaje, que en 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; éstas contienen directrices importantes en la gestión penitenciaria, incluyendo una prohibición absoluta de la tortura y los tratos inhumanos, así como claras restricciones en el uso del confinamiento solitario y registros intrusivos.
EQUIS Justicia para las mujeres, organización que busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres, confirma que entre el 2016 y 2018 hubo un incremento del 103 por ciento de mujeres privadas de su libertad por delitos contra la salud.
De acuerdo a las directrices de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que apoyadas e impulsadas por EQUIS, para el tratamiento de mujeres condenadas a penas privativas de la libertad, no privativas de la libertad y medidas para mujeres delincuentes, a las internas que reporten abusos se les deberá proveer protección y apoyo inmediato y su denuncia debe investigarse por una autoridad competente e independiente, con total respeto al principio de confidencialidad.
Las medidas de protección deben tomar en cuenta específicamente los riesgos de represalias de la persona responsable de los abusos.
Por otro lado, las internas que queden embarazadas como resultado de abuso sexual deberían recibir un apropiado asesoramiento y consejo médico, además de proveerles apoyo y tratamiento para su salud, como ayuda legal.
Este reglamento también especifica que, al momento del registro de las reclusas, se deben aplicar las medidas eficaces para garantizar que la dignidad de las mujeres esté protegida durante los registros personales, y estas deben ser llevadas por personal penitenciario femenino que estén capacitadas para ello.
Teniendo en cuenta el alto número de mujeres que son detenidas por delitos menores relacionados con drogas, en este reglamento se especifica que, al determinar la condena, los juzgados deberían tener el poder de considerar la mitigación de la condena de las mujeres que han cometido este tipo de delitos.
También dice que se debería promover la sensibilidad al género mediante el acceso de las mujeres a programas de tratamiento para abuso de sustancias en la comunidad para prevenir el delito, así como también la diversidad y alternativas a los propósitos de la condena.
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