La agricultura en Costa Rica es uno de los sectores más tradicionales de la economía, que ha permitido llevar el sustento a miles y miles de familias desde la época precolombina, esta actividad ha sido sobresaliente entre las distintas actividades productivas reconocidas por la sociedad y ha sido quizás la de mayor importancia.
Con el pasar de los años, las mujeres se han convertido en la columna vertebral de la economía rural, no sólo en Costa Rica, sino que también en los otros países en desarrollo, ellas representan casi la mitad de los agricultores del mundo; siendo en las últimas décadas, cuando más han ampliado su participación. El número de hogares dirigidos por el sector femenino también ha aumentado a medida que más hombres han emigrado a las ciudades; en nuestro país, se estima que 1 de cada 3 hogares está bajo la responsabilidad de una mujer.
Como cuidadoras principales de sus familias y comunidades, las mujeres son responsables de proveer alimentos y nutrición, además son el nexo que vincula la producción agrícola y los comedores de los hogares.
Sin embargo, nos preocupa mucho que, según los datos del último Censo Agropecuario, de las mujeres que trabajan dentro de una finca un 48,0% lo hacen permanentemente sin pago.
En este contexto, por ejemplo, la actividad económica arrocera genera 33 mil empleos a largo de todo el país, en especial en las zonas rurales; donde la situación económica es y ha sido más complicada, y donde la pobreza es mayor. Además, es el de mayor relevancia, junto con los frijoles, dentro de la dieta de los ticos. Sin embargo, las políticas gubernamentales -entre otros factores- han conducido desatinadamente a que, como país, dependamos cada vez más de la importación de ambos productos, es decir, casi un 40% en el caso del arroz e, increíblemente, un 75% en cuanto a los frijoles. Podemos entonces decir que el gallo pinto que consumimos en cada desayuno ya no es un plato costarricense. Ello, según el informe denominado “Seguridad Alimentaria y Cambio Climático: Granos Básicos”, elaborado con el apoyo de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés).
Ya es hora de que el gobierno de la República asuma la responsabilidad que le corresponde, con medidas certeras y acciones concretas para retomar el camino que, desde siempre, impulsó la economía y llevó sustento y estabilidad a los hogares costarricenses por medio de la agricultura, en especial aquellos liderados por mujeres.
Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar situaciones como la que vivió una pequeña agricultora en Pococí, donde las autoridades de tránsito le retiraron las placas de su camioncito cuando andaba repartiendo sus productos, aun cuando portaba una carta digital de respaldo del Programa Agrícola Interinstitucional. Hoy levantamos la voz para que el Gobierno respete el derecho al trabajo de las y los costarricenses en general pero muy especialmente el de las agricultoras, jefas de hogar quienes luchan día a día por sacar adelante a sus familias.
Es tiempo de tomar las cosas con la seriedad que merecen. Aún más, si consideramos que la FAO vaticina grandes hambrunas en el mundo y reitera la necesidad de mantener un mínimo de producción, que garantice dicha estabilidad alimentaria; razón por la que no podemos seguir dependiendo principalmente de las importaciones.
Es imperativo fortalecer al sector productivo nacional, pero aún más hay que buscar los mecanismos que le permitan a cada mujer agricultora tener acceso a más facilidades y posibilidades de financiamiento, a ser más competitivas. Ello, es fundamental dada la relevancia, la urgencia y la necesidad, de mantener la seguridad alimentaria de Costa Rica, ante ese grave panorama mundial. Según la FAO, si las mujeres estuvieran en igualdad de condiciones que los hombres en el acceso al crédito, por ejemplo, y a los medios de producción, automáticamente la producción agrícola a escala global se incrementaría entre un 20 y un 30 por ciento.
Por ello, seguiremos insistiendo con vehemencia en que las políticas hacia los sectores arrocero, frijolero y agrícola en general, conlleven a que tengan suficientes posibilidades de crecimiento y mayores facilidades para que su actividad productiva sea rentable, con una mayor participación femenina, garantizándole al país la autosostenibilidad; permitiendo, a la vez, un mayor beneficio socioeconómico a miles de hogares liderados por mujeres.
