La tenaz lucha llevada a cabo por mujeres y niñas, además de organizaciones locales e internacionales, contra la brutal práctica de mutilación genital femenina (MGF) logró su objetivo: el procedimiento constituye, desde ahora, un delito castigado con prisión.

Tal es lo establecido en la reforma que el gobierno de transición –instalado hace poco más de un año- introdujo a la Ley Penal del país árabe ubicado en el noreste africano.

El Consejo Militar de Transición se estableció el 11 de abril del año pasado, cuando, luego de meses de protesta popular –con fuerte participación de mujeres- fue derrocado el dictatorial presidente (1989-2019) Omar al-Bashir.

El consejo militar es encabezado por el teniente general Ahmed Awad Ibn Auf, quien fue uno de los vicepresidentes de Al-Bashir.

En una declaración, el 1 de mayo, a la cadena informativa de televisión estadounidense Cable News Network (CNN), la cancillería sudanesa indicó que la modificación del artículo 141 de la ley “contribuirá a atender una de las más peligrosas prácticas sociales, que constituye una clara violación contra las mujeres y un crimen contra los derechos de las mujeres”.

Se trata de “un paso avanzado para terminar esta tendencia socialmente enraizada de manera predominante”, agregó.

Citada por la oficina regional para Medio Oriente y África del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el reformado “Artículo 141 Mutilación Genital Femenina”, determinó la tipificación y el castigo.

“Se considerará autor del delito de mutilación genital femenina quien remueva, mutile parte de los genitales femeninos mediante corte, mutilación o modificación de cualquier parte natural de ellos que conduzca a la completa o parcial pérdida de sus funciones, sea dentro de un hospital, centro de salud, dispensario o clínica, u otros lugares”, indica, ahora, la disposición.

“Quien cometa el delito de mutilación genital femenina será castigado con 3 años de encarcelamiento y una multa o el cierre de las instalaciones”, precisa la nueva redacción.

Al respecto, citado en el comunicado que la oficina regional de Unicef emitió el 29 de abril, el representante de la agencia en Sudán, Abdullah Fadil, expresó, respecto a la MGF, que “esta práctica no solamente es una violación a los derechos infantiles de cada niña, es dañina y tiene serias consecuencias para la salud física y mental de una niña”.

“El abandono (de esa práctica) no solamente se refiere a la reforma legal, o a la legalización o criminalización”, sino que “necesitamos trabajar mucho con las comunidades, para ayudar a que esta ley sea cumplida”, explicó.

“La intención consiste en no criminalizar a padres, y necesitamos ejercer más esfuerzo para concientizar, entre los diferentes grupos, incluidas las partera, los proveedores de salud, los padres y la juventud sobre la enmienda, y promover que sea aceptada”, aclaró.

Precisamente, sobre este tema, organizaciones de derechos de las mujeres advirtieron, en declaraciones a medios internacionales, que, si bien la reforma pone fin, en el papel, a la MGF, la dificultad radica en lo enraizado que la agresiva práctica en el pensamiento colectivo, ya que, socialmente, se considera que ello es necesario para que las víctimas puedan casarse.

De acuerdo con datos de diversas organizaciones, incluida Naciones Unidas, aproximadamente nueve de cada 10 mujeres, en Sudan, han sido víctimas de la MGF.

La cifra se elevaría a cientos de millones de mujeres y niñas, cuando se toma en cuenta que la particularmente torturante agresión de género es llevada a cabo en decenas de países de África, Asia, y Oriente Medio, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad de Naciones Unidas que se opone a esa práctica machista.

También según OMS, la mayoría de los casos tiene lugar en la infancia de las víctimas, en algún momento del período etario que, empeorando la situación, inconcebiblemente cubre desde la lactancia hasta los 15 años.

De acuerdo con lo que estima la organización no gubernamental internacional Equality Now (Igualdad Ya) –cuyo lema es “un mundo justo para mujeres y niñas”-, la incidencia de la MGF, en Sudan, es una de las más elevadas en el área mundial donde se la practica.

Asimismo, Equality Now es uno de los sectores que, si bien han recibido con beneplácito la criminalización de la MGF en Sudan, son, al mismo tiempo, altamente escépticos en cuanto la efectiva aplicación de la nueva legislación.

“Tener una le contra la MGF sirve como disuasivo importante”, dijo, a medios internacionales, la directora regional para África, Faiza Mohammed, quien agregó que el país “puede enfrentar retos en cuanto al cumplimiento de la legislación”.

Por una parte, “las comunidades pueden buscar manera para evitar que se las detecte, mientras las autoridades quienes creen en la práctica, podrían no cumplir la ley”, señaló la dirigente de Equality Now.

Asimismo, “la gente que todavía cree en la práctica podría no denunciar casos ni actuar para detener la MGF cuando sepan que esté ocurriendo”, advirtió además.

Sin embargo, en opinión de Fadil, en términos generales, y en teoría, “los gobiernos y las sociedades, por igual, tendrían que emprender acción inmediata para poner fin a eso”.