Las cooperativas, como ejemplo de democracia organizacional y democracia en el trabajo, que para muchos representan el modelo ideal de las empresas por parte de sus trabajadores y trabajadoras, son llamadas a defender la paridad, no como una concesión a la representatividad, sino como un derecho humano y un valor que debe ser parte del legado de su gestión, como muestra del pleno apego al principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
Esta declaración, que reafirma el compromiso general básico de las cooperativas desde su aparición en el siglo XIX, de reconocer la dignidad fundamental de todos los individuos, lleva implícita la idea de la igualdad, que a su vez implica reparto de poder y que es uno de los principios de este importante movimiento social.
Bajo el argumento de que las cooperativas no son “asociaciones civiles, comunales, ni sindicatos”, muchas de ellas pasan por alto la Ley 8901, que establece la obligatoriedad de paridad entre mujeres y hombres en la integración de sus Consejo de Administración o Consejo Directivo.
Aún después de que magistrados rechazaran (hace unos dos años) una acción de inconstitucionalidad interpuesta por dos gremios empresariales, dejando claro que una mayor participación de la mujer en todos los campos de la vida social, -establecida principalmente por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, no resulta violatoria del principio a la libertad, el derecho a la igualdad, la libertad de asociación, la libertad sindical o los principios de razonabilidad y proporcionalidad, todavía las cooperativas siguen resistiéndose a la paridad de género en sus consejos de administración.
Desigualdad en puestos de liderazgo
La Alianza Cooperativa Internacional, ACI, máximo organismo que agrupa a las organizaciones cooperativas de todo el mundo, impulsa que las cooperativas aseguren en sus programas de educación y desarrollo de dirigentes, la participación igual de número de mujeres y de hombres, no solo por un asunto de justicia social, sino también como una manera de lograr superar las relaciones de subordinación que se dan en el cooperativismo y en la sociedad en general.
A finales de los 80´s, bajo el nombre “Nuestro proyecto común”, la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica, CCC-CA, incluyó como objetivos en este programa dirigido a la región, obtener un elevado nivel de participación de las mujeres en las actividades, lograr su integración y colaboración en todos los niveles, brindar oportunidad de participar en proyectos productivos, y promover la concienciación de géneros en el cooperativismo.
Aunque avanzaron significativamente en algunos de los objetivos propuestos y en el 2015 alcanzaron el de representatividad de género en la participación en actividades, no han podido calar en los consejos de administración, situación inaceptable para un movimiento social y económico que ha luchado por la dignidad de la persona, indistintamente del género de sus afiliados.
En Costa Rica, la exigua presencia de la mujer en las Juntas directivas de las cooperativas debe obligar al Gobierno –ya que los líderes cooperativistas no lo han hecho- a revisar los marcos legales cooperativos nacionales, para gestionar los cambios necesarios que incluya esta perspectiva de género.
Mientras la presencia de féminas en los parlamentos a nivel mundial ha aumentado a un 21,8 % a nivel global, un 25,2 % en América, y los países nórdicos cuentan con el 50% de las mujeres en puestos ministeriales (Nicaragua con un 54% en cargos del Poder Ejecutivo y 50% en los Gobiernos Municipales), se estima que menos de un 5% de los consejos de administración de las cooperativas (al igual que en gremios representativos del sector privado) tienen paridad de género.
Esta situación es observable también en los organismos cúpulas de las cooperativas en Costa Rica, en donde los siete miembros de INFOCOOP son todos hombres, y en COONACOOP, solo dos de sus ocho miembros son mujeres.
Líderes en el respeto a los derechos humanos
Como mujer empresaria y como cooperativista, confío en la capacidad de este movimiento para mejorar, evolucionar y trascender –mucho más rápido que el sector privado- a niveles superiores para alcanzar la equidad de género, haciendo honor a sus cimientos de justicia social, guiada por los valores de equidad, igualdad, esfuerzo mutuo y solidaridad.
Deben establecer una estructura interna articulada para tales fines, que fije metas para llegar a la paridad, aceptando –de previo- la obligación de ajustar el modelo tradicional dirigido por hombres, lo cual requiere de la toma de conciencia, cambio de paradigmas, sensibilización y formación. De esta forma, la institucionalización del tema de género se potencia y se logra de manera sostenida, sin depender de las personas en un momento determinado, sino de las estructuras articuladas con fines específicos, que aseguran los resultados en el tiempo.
Para el movimiento cooperativo costarricense lograr la paridad de género en la mayoría de los consejos de administración de sus representadas debe ser un “sine qua non”.
Como líderes en el respeto a los derechos humanos, esperamos que a corto plazo todas las cooperativas nacionales implementen acciones que brinden un trato justo en el acceso de la mujer a puestos de liderazgo para reducir brechas de inequidad dentro de sus consejos de administración.
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