Las mujeres de Arabia Saudita están autorizadas a cambiar su nombre, sin necesidad de contar con el -hasta ahora obligatorio- consentimiento de su mehram (custodio), según versiones periodísticas que citaron a la Agencia para el Estatus Civil, dependencia del Ministerio del Interior.

La nueva disposición determina, asimismo que, para ello, la edad mínima es 18 años, indicaron los medios.

La disposición permite, a las integrantes de la socialmente limitada población femenina nacional, dejar de ser conocidas por su relación -familiar o conyugal- con un hombre, y usar, en cambio, su propio nombre, señalaron las mismas fuentes.

La tradición, en el país árabe de costumbres y legislación profundamente patriarcales, ha sido que los nombres femeninos no son mencionados, sino que las mujeres son conocidas como la esposa, la hermana, la hija, la hermana de un varón.

La costumbre también prohíbe que las mujeres sean abordadas por hombres con quienes no las relaciona alguno de esos vínculos.

De acuerdo con lo indicado por la agencia ministerial, a partir del inicio de este mes, “el nombre de una mujer Saudita puede cambiarse sin referirla a su custodio”.

“Esto requiere solicitar, en línea, una cita, y contactar, personalmente, a la oficina de Estatus Civil, para cumplir los procedimientos de acuerdo con la naturaleza de la solicitud presentada”, indicó la información oficial.

Al informar sobre el sorpresivo anuncio, el diario local Saudí Gazette -que se publica en inglés-, señaló que “el Ministerio del Interior ha hecho enmiendas, recientemente, en la reglamentación ejecutiva de la Ley de Estatus Civil”.

“Según las enmiendas, la edad a la cual un ciudadano o una ciudadana tiene derecho a cambiar su nombre se ha elevado a 18 años, en lugar de 15 años”, agregó.

“También se aclaró, en las enmiendas, que el nombre de una persona quien tiene menos de 18 años de edad, puede cambiarse con la aprobación de sus padres o la autorización de ellos a través de la plataforma en línea establecida para esto”, continuó explicando.

“En las enmiendas, se estipuló que debe tratarse de la primera solicitud de cambio de nombre, o puede solicitarse la restitución de un nombre anterior”, señaló, además.

La agencia informativa regional Europa Press indicó, al informar sobre la medida, que el fiscal público saudita, Saud al Moyeb, “anunció en 2019 su intención de revisar el sistema del ‘mehram’ o guardián masculino que se impone a toda mujer en Arabia Saudí para evitar abusos del mismo”.

“Numerosas ONG (organizaciones no gubernamentales) han denunciado que esta práctica relega a las mujeres a ciudadanos de segunda categoría”, agregó.

La nueva disposición se enmarca en una serie de reformas de naturaleza socioeconómica, iniciativas que se refieren, centralmente, a la población femenina, y que son impulsadas, desde 2017, por el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman.

Las medidas han incluido la incorporación de mujeres a la fuerza laboral estatal, la posibilidad de que soliciten pasaporte, y viajen, sin la aprobación del respectivo custodio, así como la autorización a conducir automóviles.

No obstante, el sistema patriarcal mantiene en vigencia diversas limitaciones de género, principalmente en materia de vestimenta, lo mismo que en lo referido a la relación social con hombres más allá de familiares inmediatos, esposos, y custodios.

Por ello, organizaciones de derechos de las mujeres, así como opositores a Bin Salman, consideran que las reformas impulsadas por el príncipe son meramente cosméticas, y que apuntan, en realidad, a ocultar la naturaleza machista de la sociedad saudita.

Uno de los señalamientos plantea que el sistema de custodia masculina se mantiene, en lo esencial, intacto.

En ese sentido, se destaca la reciente condena a prisión, aplicada el 28 de diciembre, a Loujain al-Hathloul, una de las principales activistas del país.

Al-Hathloul, tenaz opositora a la prohibición de conducción de vehículos -medida que fue eliminada hace dos años, tras intensa campaña feminista-, y al sistema de custodia masculina, fue castigada sobre la base de cargos arbitrarios, de acuerdo con versiones periodísticas sauditas.

Un tribunal antiterrorista la condenó a prisión por cinco años y ocho meses, acusada, entre otros delitos, de “implementar una agenda extranjera”, lo mismo que de “usar Internet para perjudicar el orden público”, y de “colaborar con personas y organizaciones que cometieron actos criminales tipificados en la Ley de Terrorismo”.

Sin embargo, la autoridad judicial suspendió 34 de los 68 meses de la pena, lo que se suma a los dos aproximadamente años y medio, equivalentes a 30 meses, que permaneció en prisión preventiva, a la espera de sentencia, de acuerdo con las mismas fuentes.

Según cálculos de organizaciones de derechos humanos, Al-Athloul ha cumplido 64 meses de la condena, por lo que la activista podría lograr la libertad, en marzo o en abril.

De acuerdo con lo denunciado por familiares, así como por organizaciones de derechos humanos, Al-Athloul ha sufrido tortura, durante su encarcelamiento.

Por su parte, en un informe que emitió en julio de 2016, la organización internacional Human Rights Watch denunció que el sistema de custodia masculina afecta a las mujeres de todos los estratos sociales.

En el documento que tituló “Boxed In. Women and Saudi Arabia’s Male Guardianship System” (“Mujeres Encerradas y el Sistema de Custodia Masculina de Arabia Saudita”), la entidad defensora de los derechos humanos a nivel mundial, planteó que, “cada mujer saudita, sin perjuicio de su clase económica o social, es adversamente afectada por las políticas de la custodia”.

“Tal como decenas de mujeres sauditas dijeron, a Huiman Rights Watch, el sistema de custodia masculina es el impedimento más significativo para hacer realidad los derechos de las mujeres en el país, efectivamente convirtiendo, a mujeres adultas, en menores de edad legales quienes no pueden tomar decisiones clave por sí mismas”, agregó.

Respecto a las reformas impulsadas por el príncipe heredero, la organización señaló que “son insuficientes, incompletas, e inefectivas”, y denunció que “el sistema de custodia permanece mayoritariamente intacto”.