Las mujeres y las niñas de los pueblos originarios, son a nivel mundial víctimas de violencia de género, lo que incluye discriminación en el marco de los sistemas de justicia
Al presentar, el 22 de junio, un informe sobre el tema, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, la jordana Reem Alsalem, explicó que tal situación obedece, entre otros factores, a resabios del colonialismo.
Ello implica impunidad de las diversas formas de agresión que enfrenta la población femenina, algo que ocurre, frecuentemente, con la complicidad estatal.
En ese sentido, los esfuerzos para erradicar la permisividad mediante la cual las sociedades patriarcales condonan la agresión machista en todas sus manifestaciones, requieren la participación, con incidencia efectiva, de ese sector poblacional, planteó Alsalem, citada en un artículo difundido, ese día, por Noticias ONU -la agencia informativa de la organización mundial-.
“La violencia contra las mujeres y niñas indígenas en el mundo es grave y sistemática, y tiene sus raíces en el poder patriarcal, el racismo, la exclusión y la marginación legados por el colonialismo”, señaló la relatora.
El nocivo fenómeno social tiene lugar “con pleno conocimiento -y, muchas veces, con el acuerdo tácito y el apoyo- de los Estados”, denunció Alsalem, una consultora independiente en materia de género, derechos de los refugiados y los migrantes, justicia de transición, y respuesta humanitaria.
En tal contexto, “los sistemas de justicia indígenas, y no indígenas, discriminan a las mujeres y niñas de los pueblos originarios, y les presentan grandes barreras para acceder a la justicia”, explicó.
La relatora especial, precisó, asimismo, que “la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, en el mundo, es grave y sistemática, y tiene sus raíces en el poder patriarcal, el racismo, la exclusión y la marginación legados por el colonialismo”.
Se trata de agresión sistemática que, constantemente, impacta “todos los aspectos de sus vidas”.
Al mismo tiempo, “los perpetradores disfrutan de niveles alarmantes de impunidad”, subrayó.
Sobre este aspecto, aseguró que, “ni los datos ni la legislación o políticas públicas reflejan la escala y gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas”.
Esto, no obstante el hecho de que “las leyes internacionales consagran el derecho de las mujeres y niñas indígenas a no sufrir violencia”, dijo.
También destacó que resulta lamentable “que los Estados no tomen medidas efectivas de prevención y protección para materializar esa garantía, ni para dar a las afectadas acceso a la justicia y los servicios de apoyo”.
Por lo tanto, Alsalem formuló, a los estados, una exhortación a “mejorar la interacción de las leyes -entre el gobierno y las comunidades indígenas-, para garantizar la prevención de la violencia de género”.
También advirtió sobre lo que describió como “la laguna legal y las zonas grises en la rendición de cuentas de los actores no estatales”, y agregó que se trata de factores que “contribuyen a promover la violencia contra las mujeres y niñas indígenas”.
Este fenómeno “debe abordarse de manera efectiva, para terminar con la impunidad que existe por estos crímenes”, planteó.
En ese contexto, las mujeres y las niñas afectadas, “deben tener derecho a una participación plena, igualitaria, y efectiva, que vaya más allá de la palabrería, y las vea como actores resilientes en lugar de sólo como sobrevivientes de la violencia”, recomendó.
De acuerdo con datos mundiales presentados por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en su sitio en Internet, aproximadamente 736 millones de mujeres -alrededor de una de cada tres- ha experimentado violencia física o sexual, por parte de su pareja íntima.
Según la agencia especializada, los datos no incluyen acoso sexual, aunque “algunos estudios nacionales muestran que la proporción puede llegar al 70 por ciento de las mujeres”.
En cuanto a las secuelas de la agresión, las cifras indican que las tasas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, e infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana) son más altas entre quienes fueron así victimizadas, en comparación con quienes no lo han sido.
Ocurren “muchos otros problemas de salud que pueden durar incluso después de que la violencia haya terminado”, de acuerdo con el análisis del organismo internacional.
Al desglosar las cifras, se observa que “la mayor parte de la violencia contra las mujeres es perpetrada por sus maridos o parejas íntimas o por parte de sus ex-maridos-parejas”.
Esto se evidencia en el hecho de que por lo menos 640 millones de mujeres de 15 años o mayores han sido objeto de alguna forma de agresión de pareja, y que casi una de cada cuatro adolescentes en el grupo etario de 15 a 19 años ha experimentado agresión física o sexual -o ambas-, por parte de su compañero sentimental o esposo.
La relación de datos también muestra que, “a nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, unas 47,000 de ellas -es decir, el 58%- a manos de sus parejas o familiares”, lo que “equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen”.
Asimismo, revela que, “en el 58% de todos los homicidios cometidos por las parejas intimas y/o en el contexto familiar, la víctima fue una mujer o niña”.
Foto: Los Muertos Crew
