Puerto Príncipe -la capital de Haití-, y zonas periféricas, son territorio dominado por pandillas criminales, cuyos integrantes, en su brutal accionar, imponen, como ley, la violencia de género

La agresión sexual -en particular, la violación-, es el arma con la cual masifican el terror, entre la población femenina -lo mismo adultas que menores-, fenómeno machista que se inscribe en el contexto de absoluta ausencia de seguridad ciudadana, uno de cuyos componentes principales es la confrontación entre grupos delictivos rivales.

Mujeres, adolescentes, niñas, son los trofeos de los delincuentes, quienes mantienen control territorial mediante la impunidad que los protege, a su vez, derivada de una combinación de tóxicos factores tales como ineptitud, corrupción, y complicidad imperante en las filas policiales.

Al informar sobre la crisis social y de seguridad que -estallada hace aproximadamente un año- impera principalmente en la capital y alrededores, un grupo de expertos en derechos humanos, de Naciones Unidas, describió la situación, en ese sector territorial, como caótica.

Citados en un comunicado que la organización mundial difundió, el 10 de mayo, en su sitio en Internet, los especialistas señalaron que ese contexto de ausencia de ley está generando un masivo desplazamiento interno, desde la capital, además de que incide, marcadamente, en el indetenible fenómeno migratorio -principalmente, hacia Estados Unidos-.

El inhumano ensañamiento con las mujeres, se presenta como sello de identificación de las pandillas, según lo expresado por los expertos, quienes manifestaron “profunda preocupación por el aumento de la violencia en Haití, que incluyen agresiones sexuales y la explotación perpetrada por las bandas contra mujeres y niños”.

“Las bandas que asolan la capital haitiana (…) desde hace más de un año usan este tipo de violencia como instrumento de poder y como recurso para ejercer el control de sus territorios”, denunciaron.

“Están produciéndose escenas caóticas en las calles de la capital del país, Puerto Príncipe, y sus alrededores, obligando a los residentes a permanecer en sus casas, y privándoles del acceso a servicios básicos, la educación y la atención médica”, precisaron.

“La creciente inseguridad aparentemente ha obligado a miles de personas a instalarse en campamentos improvisados, antes de ser desalojadas, perseguidas y atacadas una vez más, incluso por la policía”, revelaron.

“Las bandas armadas buscan expandir su área de influencia en un contexto de impunidad generalizada”, señalaron.

Para ello, “tomaron el control de las zonas urbanas cometiendo asesinatos, actos violentos, violaciones, secuestros e intimidaciones”, aseguraron.

“En un contexto tan aterrador, parece que la violencia sistemática contra las mujeres y las niñas, incluida la sexual, se utiliza como instrumento de poder y como medio de ejercer el control territorial por parte de bandas rivales que asolan la capital desde hace más de un año”.

El grupo indicó que, en el terreno, recibió testimonios “de violaciones públicas en grupo, delante de familiares y niños, sin el despliegue de recursos (policiales) suficientes para detener dicha violencia, llevar a los responsables ante la justicia, o proteger e indemnizar a las víctimas”.

Los expertos informaron, asimismo, que es altamente difícil determinar el número de víctimas, principalmente, porque “los casos se ignoran o no se denuncian”.

También subrayaron -en calidad de recomendación- que, no obstante ello, “la violencia de género y la sexual contra mujeres y niñas, en un contexto de conflicto, posconflicto o de mantenimiento de la paz, nunca debe normalizarse”.

La crisis socioeconómica y política que históricamente impera en el isleño país caribeño francoparlante, es un factor que incide, indudablemente, en el dramático cuadro de situación haitiano, según se desprende de la evaluación formulada por el grupo de trabajo.

Ello significa, que las comunidades más vulnerables, donde la generalizada pobreza impera con mayor intensidad, son las más golpeadas, en las cuales las estructuras criminales imponen, más despiadadamente, el terror, indicaron.

“En las zonas donde operan facciones enfrentadas, las comunidades marginadas son las más afectadas”, explicaron.

Ante ello -y no obstante lo improbable de que algo así ocurra-, los especialistas exhortaron, a las autoridades directamente responsables de combatir el fenómeno, “a adoptar las medidas adecuadas para poner fin a la violencia en curso”.

Igualmente, para “exigir responsabilidades, a los responsables de actos violentos, incluida la violencia sexual”, agregaron, de inmediato.

Lo anterior, “de conformidad con el Estado de derecho y la estrategia nacional de desarme, desmantelamiento, reintegración y reducción de la violencia comunitaria adoptada por el Gobierno en julio de 2021”, aclararon.

Asimismo, formularon un llamado, “a la comunidad internacional, a apoyar al gobierno haitiano y a otros actores internacionales y locales, para aumentar la capacidad de las instituciones pertinentes, mantener el espacio cívico, garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y garantizar que las víctimas reciban la protección y el apoyo necesarios y adecuados”.

Los datos más actualizados de organizaciones locales e internacionales, ubican en algo más de 160 mil la proporción de desplazados internos -principalmente mujeres y menores-, y en caso 1.8 millones la ola de migrantes fuera de fronteras -con destino, principalmente, a Estados Unidos (alrededor de 40 por ciento), y a la vecina República Dominicana (algo más de 28 por ciento). Haití comparte, con República Dominicana, la Isla Hispaniola -de la que cubre el tercio occidental-.

En materia de inseguridad ciudadana, datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Bureau Integré des Nations Unies en Haïti, Binuh) -establecida el 25 de junio de 2019, por el Consejo de Seguridad de la organización mundial-, el índice promedio de violencia sexual, solamente en Puerto Príncipe, es de casi cien víctimas mensuales.

En términos generales, según las cifras más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la dramática situación haitiana, en materia de seguridad, para el primer trimestre de 2023, se tradujo en más de 500 personas asesinadas, alrededor de 300 heridas, casi 300 secuestradas.

A ello se suma que, aproximadamente 4.7 millones -del total nacional de casi 11.5 millones de habitantes- padece hambre en grado agudo, mientras cálculos de diversas organizaciones indican que un 80 por ciento de los haitianos subsiste, milagrosamente, con menos de dos dólares diarios.

Por otra parte, de acuerdo con los cálculos más actualizados del Banco Mundial (BM), “en Haití, una de cada tres mujeres sufre violencia de género”, lo que incluye “explotación y abuso sexuales, violencia doméstica, violencia física, y matrimonio precoz”.

Asimismo, “la violencia física afecta actualmente al 29 % de las mujeres en edad de tener hijos y es perpetrada por la pareja en el 45 % de los casos; el 31 % de las mujeres es víctima de violencia vinculada a presiones psicológicas con el objetivo de ejercer control”, según el BM.

La misma fuente estima que, además, “las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica representan el 34 %, y en el 37 % de los casos las víctimas sufren lesiones graves”.

En su Informe Mundial 2023 -dado a conocer al inicio de este año, y que cubre la totalidad de 2022-, la organización internacional no gubernamental Human Rights Watch (Hrw) señaló, en el rubro referido a “Violencia de pandillas”, que el fenómeno “escaló, principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ya que las 92 bandas que operan allí continuaron luchando por el territorio”.

Al citar a la oenegé haitiana Fondasyon Je Klere (Fundación Ojos Brillantes, Fjkl), Hrw indicó que “varios funcionarios manifestaron (…) que las pandillas tenían vínculos con políticos y policías”.

También informó que “las pandillas habrían utilizado la violencia sexual para aterrorizar y controlar vecindarios”, contexto en el cual, “entre enero y marzo de 2022, la BINUH registró un promedio de 98 víctimas de violencia sexual por mes en las áreas de Puerto Príncipe controladas por pandillas”.

Hrw aclaró, a continuación, que “es muy probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que la violencia sexual permanece crónicamente subregistrada”.

En cuanto a “derechos de mujeres y niñas”, la oenegé con sede en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York, denunció que “la violencia de género es un fenómeno común que se exacerbó por el terremoto de 2021 y la escalada de violencia de las pandillas”.

En el primer caso, aludió al fenómeno telúrico de magnitud 7.2, ocurrido el 14 de agosto de 2021, con saldo de algo más de dos mil víctimas no fatales, casi 33 desaparecidos, y unos 12 mil heridos.

La organización indicó, asimismo, que “el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para 2024, incluye al acoso sexual y la violencia basada en género como delitos punibles”.

Foto: Zachary Vessels