La práctica ancestral es impuesta a más de la mitad de las niñas en el grupo etario de 0 a 14 años, y a casi 80 por ciento de las ubicadas en el rango de 14 a 49 años
La población femenina de Gambia -lo mismo adultas que menores de edad- enfrenta, entre otros problemas resultantes de las brutales costumbres del patriarcado imperante, dos variantes particularmente crueles de violencia de género: la mutilación genital femenina (Mgf), y la pobreza menstrual.
En el primer caso, la práctica ancestral es impuesta a más de la mitad de las niñas en el grupo etario de 0 a 14 años, y a casi 80 por ciento de las ubicadas en el rango de 14 a 49 años.
En el segundo, la incapacidad monetaria para adquirir productos de higiene
-principalmente, toallas sanitarias-, de incidencia nacional, es particularmente aguda en zonas rurales.
Al analizar la situación en ambos sentidos, la directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Gambia, la senegalesa Ndeye Rose Sarr, señaló nocivos aspectos de las retrógradas costumbres imperantes en la sociedad del costero país de África Occidental, donde la Mgf se lleva a cabo en violación a legislación que, desde 2015, la prohíbe.
En declaraciones reproducidas el 14 de marzo, por Noticias ONU -la agencia informativa de Naciones Unidas-, Sarr denunció que, “cuando una niña empieza a menstruar, es cuando usualmente comienzan los problemas”.
“A partir de los 10 años de edad, las niñas son vistas como potencial para un hombre mayor, y, si aún no han sido mutiladas, habrá, en su comunidad, quienes querrán asegurarse de que lo hagan”.
“La tasa de mutilación genital femenina en Gambia se sitúa en alrededor del 76 por ciento, en el rango de edad de 14 a 49 años, y cerca del 51 por ciento, para las niñas de hasta 14 años”, reveló.
“Eso significa que, en promedio, una de cada dos niñas que se ven en Gambia han sufrido esta mutilación, que consiste en alterar sus genitales cortando el clítoris o los labios”, precisó, a continuación.
La jerarca local de la agencia especializada de Naciones Unidas, explicó, asimismo, las nocivas secuelas que las víctimas quedan, así, condenadas a padecer.
La Mgf “conlleva a consecuencias, para la salud, en etapas posteriores de la vida”, aseguró la experta.
A manera de ejemplo, indicó que, “cuando dan a luz, pueden tener complicaciones, y las probabilidades de que (el bebé) nazca muerto, son mayores”.
Pero, “si el bebé sobrevive, pueden acabar sufriendo una fístula obstétrica, orificios que se forman entre la vagina y la vejiga y que hacen que las mujeres orinen al sentarse”, dijo.
“Esto puede llevar a las mujeres a ser excluidas de sus comunidades, y a que sus maridos las abandonen”, puntualizó.
Según datos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), presenta en su sitio en Internet, actualmente, algo más de 200 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de Mgf, en los 30 países de África, Asia, y Oriente Medio, en los cuales se concentra la agresión de género.
“La MGF es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas”, y, “en la mayoría de los casos se practica en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años”, de acuerdo con la misma fuente.
El procedimiento ancestral “refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer”, indicó esta agencia especializada de Naciones Unidas, y agregó que “es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño”.
“Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte”, agregó.
De acuerdo con la definición establecida por la OMS, la Mgf “comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos”.
Respecto al panorama para la erradicación de la cruel costumbre, Sarr se mostró pesimista.
“En realidad, la mutilación es ilegal desde 2015”, precisó, para destacar que, “sin embargo, desde entonces, sólo se han llevado dos casos ante la justicia, sin condenas”.
La legislación -que reformó la Ley de la Mujer, vigente desde 2010- establece, para quienes practiquen la Mgf, pena de hasta tres años de prisión, o el pago de multa por 50 mil dalasis (alrededor de 1,250 dólares), o ambas sanciones.
Sarr señaló, a Noticias ONU, la importancia de que la norma sea eficazmente aplicada.
“Hay que hacer cumplir la ley, y la voluntad del gobierno, de seguir persiguiendo (a quienes persistan en practicar la Mgf), y también de ayudarnos a aumentar la concienciación sobre el problema, es clave”, aseguró.
“Además, tenemos que comprometernos a nivel comunitario”, recomendó, para agregar que “los ritos de iniciación, para las niñas, son importantes, pero no tenemos que llegar al extremo de la mutilación genital femenina”.
En lugar de ese agresivo procedimiento, “podemos encontrar formas innovadoras de crear ritos de paso (a la edad adulta), igual que ocurre con los niños, en esta parte del mundo”, propuso, de inmediato, reafirmando que “no tiene por qué ser dañino ni algo que invada la autonomía corporal de la persona”.
Al respecto, Sarr denunció que la Mgf, “en la actualidad, se lleva a cabo incluso en bebés”, y planteó que “no puedes decirme que niña sabe por lo que está pasando, y sea capaz de dar su consentimiento”.