La guerra que durante casi cuatro décadas golpeó brutalmente a Guatemala, tanto en tiempo de dictaduras militares como al inicio del tiempo de gobiernos civiles surgidos de elecciones –sin entrar a analizar su legitimidad–, enmarcó atrocidades lo mismo en el entorno estrictamente bélico del campo de batalla que en el contexto político urbano de la represión selectiva.
Las acciones escuadroneras paramilitares en ciudades, contra opositores, defensores de derechos humanos, docentes principalmente universitarios, periodistas, analistas, cobraron un número de vidas, generaron desapariciones, forzaron exilios.
En el escenario bélico rural, si bien miles de personas –mayoritariamente poblaciones campesinas indígenas– se vieron forzadas a cruzar el norteño río frontera hacia territorio mexicano, para salvar sus vidas, otro sector optó por permanecer en el terreno, desplazándose constantemente –según la focalización coyuntural de las exterminadoras operaciones militares–, y constituido en Comunidades de Población en Resistencia (CCPP).
La antropóloga guatemalteca Myrna Mack decidió permanecer en el país, documentando y denunciando las atrocidades que las fuerzas militares cometieron, principalmente en comunidades indígenas, con la excusa del enfrentamiento con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) –pasada la guerra, convertida en partido político–.
En el caso de Myrna, la decisión de no exiliarse le costó la vida.
Como parte de su compromiso por testimoniar, para la memoria histórica de Guatemala, el contexto de actos de lesa humanidad cometidos contra las comunidades –por considerarlas como apoyo de base a la URNG–, en acciones represivas que causaron el arrasamiento de centenares de aldeas, comenzó una tenaz investigación, lo mismo documental que de campo, de la situación en la que se hallaban las comunidades desplazadas por la guerra.
El trabajo se desarrolló en el período 1987-1989.
Realizada, durante meses, la investigación de campo –compartiendo, con esas personas, la dramática situación en la cual la guerra las había puesto-, Myrna regresó a la capital, para elaborar un estudio del tema, el que tituló “Política institucional hacia el desplazado interno de Guatemala”, y fue publicado en enero de 1990.
Guatemala, que estaba a seis años de ver el fin de la guerra interna (1960-1996) –en el marco de proceso de pacificación de Centroamérica–, iniciaba, entonces, el quinto año del primer gobierno civil surgido de elecciones, luego de décadas de represores regímenes militares.
Pero la cúpula uniformada no había perdido el poder, y decidió actuar contra la antropóloga, quien estaba elaborando la segunda parte del estudio.
Temprano la noche del 11 de setiembre de 1990 –ocho meses después de publicado el análisis inicial–, cuando salía de la sede de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso) –que había cofundado en 1986–, en la 12 calle de la céntrica Zona 1 capitalina, fue asesinada.
Desplazándose como acompañante, a bordo de una motocicleta, Leonel de Jesús Beteta Álvarez, en ese momento desempeñándose como sargento de la Sección de Seguridad del Militar Estado Mayor Presidencial -dependencia del Ejército de Guatemala–, llegó al lugar y, en la acera, atacó a Myrna, a quien asesinó apuñalándola veintiuna veces.
Mediante la decida acción de investigación y denuncia por parte de Helen Mack, hermana de la víctima, se quebró el tradicional marco de impunidad imperante en Guatemala, al haberse logrado la captura de Beteta –en la occidental ciudad estadounidense de Los Ángeles, a la que huyó tras el asesinato–, su enjuiciamiento, y su condena a 30 años de prisión.
