Las mujeres y las niñas en condición de desaplazamiento, refugio, o apatridia constituyen una población en máximo riesgo, por la combinación, de esa situación, con el aislamiento social implementado, por la mayoría de gobiernos, a nivel mundial, como una necesaria medida para contener la pandemia del nuevo coronavirus, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur).
El trabajo sexual, la entrega de niñas para matrimonio, la carga de responsabilidades como jefas de hogar son algunos de los componentes de ese negativo contexto socioeconómico señalados por la Alta Comisionada Adjunta para Protección de ACNUR, la australiana Gillian Triggs, en un comunicado que difundió la agencia especializada de Naciones Unidas.
“En estos tiempos de pandemia, debemos prestar atención urgente a la protección de mujeres y niñas refugiadas, desplazadas y apátridas”, planteó Triggs, una experta en materia de derechos humanos.
“Ellas se encuentran entre las personas en situación de mayor riesgo”, por lo que “no se debe abrir la puerta a quienes perpetran las agresiones, ni se debe escatimar en ayudas para las mujeres que sobreviven a los abusos y a la violencia”, agregó la comisionada adjunta, una ex presidenta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos (Australian Human Rights Commission, AHRC).
La vulnerabilidad de mujeres y niñas, a nivel global, se ha agudizado a causa de aspectos puntuales de las necesarias políticas nacionales de emergencia que apuntan a contener la propagación mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) –generada por el nuevo coronavirus-, indicó Triggs, quien se desempeñado, además, en el campo del activismo de derechos humanos en general y de los refugiados en particular, lo mismo en Australia que en la región Asia-Pacífico, así como internacionalmente.
“Las políticas de confinamiento y cuarentenas adoptadas en todo el mundo, como respuesta ante la pandemia, conllevan la restricción de movimientos, la reducción de las interacciones en la comunidad, el cierre de servicios, y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas”, factores, todos, que disparan los riesgos en materia de violencia de género, advirtió.
“Algunas personas pueden terminar confinadas en sus hogares o lugares de acogida, atrapadas con sus agresores, y sin la oportunidad de distanciarse o de poder pedir ayuda en persona a alguien”, señaló.
“Otras -incluidas quienes no cuentan con documentación, o quienes han perdido los medios de vida precarios de los que dependían como resultado de los efectos devastadores del COVID-19 en algunas economías-, pueden verse obligadas a recurrir a la prostitución o a los matrimonios infantiles forzados, empujadas por sus familiares”, denunció.
Una variante de la vulnerabilidad de esa población radica en que, “dentro de los hogares, muchas mujeres también están asumiendo, cada vez más, cargas como cabezas de familia”, precisó.
Sumado a todo ello, la situación de esas personas –lo mismo sobrevivientes de violencia de género que en riesgo de ser víctimas de ese extendido fenómeno social-, se ve impactada por el hecho de que se limite el acceso a asistencia clave –incluidos servicios psicosociales, de salud y de seguridad”, aseguró Triggs.
Además, las limitaciones en materia de movilidad en vía pública hace difícil, para mujeres y niñas, no solamente el acceso a ese tipo de ayuda sino a otros servicios igualmente vitales, entre los que figura el alojamiento seguro, ya que instalaciones habitualmente usadas para ello son, ahora, parte de las infraestructuras destinadas a enfrentar la pandemia, agregó, a continuación.
En ese sentido, “nuestra red de protección global -de Acnur- se encuentra en estado de máxima alerta”, contexto en el cual “estamos adaptando, en la medida de lo posible, los programas dirigidos a mujeres y niñas que sufren violencia, y cuya importancia es vital”, explicó la experta.
Y agregó que, “en algunos lugares, los programas se están gestionando de forma remota, por parte de trabajadoras sociales, con la ayuda de redes de personas voluntarias de la comunidad que han sido formadas”.
Asimismo, la agencia distribuye asistencia monetaria de emergencia, en efectivo, expresó la comisiionada adjunta, quien puntualizó que “se están coordinando las acciones en el sector humanitario, para asegurar que se mitigan los riesgos de sufrir violencia sexual y de género, en todas las intervenciones en este ámbito, incluyendo, entre otras, la respuesta de emergencia sanitaria”, dijo.
“Para proteger las vidas y garantizar los derechos de mujeres y niñas, los gobiernos, junto con las agencias humanitarias, deben asegurarse de que, a la hora de diseñar los planes nacionales de prevención, respuesta y reconstrucción por COVID-19, se tengan en cuenta los riesgos de sufrir violencia a los que se enfrentan mujeres desplazadas y apátridas”, recomendó.
“Esto requiere garantizar que los servicios críticos para las personas supervivientes de violencia de género sean considerados como esenciales, y sean accesibles para las mujeres desplazadas forzosas”, lo que comprende “servicios de salud y seguridad, apoyo psicosocial y alojamientos seguros, así como el acceso a la justicia que tampoco debe reducirse”, agregó, al ampliar la recomendación.
También planteó que, a causa del deterioro de las condiciones socioeconómicas registrado en numerosos países de acogida de refugiados, el apoyo de donantes resulta, ahora, particularmente esencial para mantener operativos los servicios básicos de prevención y de respuesta ante la violencia de género, incluyendo los ofrecidos por organizaciones locales lideradas por mujeres.
“Todas las mujeres y niñas tienen el derecho a vivir una vida libre de cualquier forma de violencia”, por lo que “debemos apoyar a las mujeres desplazadas y apátridas, al tiempo que reiteramos el mensaje del Secretario General, e instamos a todos los gobiernos a priorizar la seguridad de las mujeres y de las niñas en su respuesta ante la pandemia”, reafirmó.
La funcionaria hizo así referencia al mensaje que el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, emitió el 5 de abril, cuando, entre otros planteamientos, llamó, a los gobiernos, a que los planes nacionales para evitar la propagación de la COVID-19 -que incluyen el aislamiento social-, cuenten, como aspecto clave, con un componente de prevención contra la violencia de género.
“Insto, a todos los gobiernos, a que la prevención y la reparación en los casos de violencia contra las mujeres sean una parte vital de sus planes nacionales de respuesta contra la COVID-19”, expresó.
Esto, debido a que “hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia doméstica”, señaló, además de explicar que, paradójicamente, “para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor precisamente allí donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares”.
De acuerdo con los más recientes datos de organismos internacionales, el total mundial de casos de COVID-19 es algo superior a 2.4 millones, y el país con el número más alto es Estados Unidos, con aproximadamente 762,000.
