La violenta crisis sociopolítica que hace algo más de diecisiete meses golpea a Nicaragua está fortaleciendo a la violencia de género en el país centroamericano, de acuerdo con análisis producidos por organizaciones locales de derechos humanos.
Estallada el 18 de abril de 2018, la dramática situación afectó directamente, hasta mediados del mes pasado, a 119 mujeres, cifra que incluye, hasta agosto de este año, a 44 víctimas de femicidio, según números incluidos en un informe del Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua, perteneciente a la no gubernamental Articulación de Movimientos Sociales (AMS).
De modo que, además de los recurrentes casos fatales derivados de la histórica violencia intrafamiliar, las mujeres son también blanco de la represión policial y parapolicial antiopositora, según lo indicado por la AMS.
La organización aseguró que la mayoría de las afectadas pertenecen a organizaciones locales promotoras de la resistencia pacífica como forma de protesta contra el gobierno nicaragüense encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
También se cuenta a familiares de profesionales opositoras, incluidas abogadas, médicas, periodistas, según la misma fuente.
Entre los centenares de detenidos por participar en manifestaciones y otras actividades opositoras, figuran 35 mujeres quienes “fueron secuestradas, por policías o por individuos encapuchados y fuertemente armados, identificados como fuerzas paramilitares partidarias. Solo algunas fueron detenidas por autoridades policiales debidamente identificadas, que procedieron contra 12 de ellas”, afirmó la AMS, en el informe.
Además, “51 mujeres relataron haber sido asediadas o agredidas en sus domicilios por grupos parapoliciales o policías. En ocho casos los asedios fueron de tal gravedad que sus viviendas fueron atacadas con piedras, golpes en las puertas o les impidieron salir de la misma, al igual que a sus familiares”, señaló.
También planteó que existe, en el caso de mujeres detenidas, complicidad judicial-policial, contexto en el cual algunas de ellas aguardan proceso judicial, habiéndoseles tipificado serios delitos.
De acuerdo con la igualmente no gubernamental Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, el marco legal vigente “permite la perpetuación de la violencia”, y “la realidad es completamente opuesta al relato oficial que el régimen envía a instancias internacionales”.
Al respecto, aludió a estructuras de protección y denuncia para mujeres agredidas, instancias que, denominadas Comisarías de la Mujer, fueron creadas durante el gobierno (1990-1997) de la entonces presidenta Violeta Chamorro.
“La primera Comisaría de la Mujer se inauguró en 1993 luego de años de lucha del movimiento de mujeres; en 1996 fueron incluidas en la Ley 228 de la Policía Nacional. En la actualidad las Comisarias son inexistentes o inoperantes”, indicó la articulación, en un extenso comunicado que dio a conocer el 12 de octubre.
“En el 2007, el regreso de Ortega al poder significó el debilitamiento de las Comisarías, el cambio en la ruta de acceso a la justicia, el retiro del personal especializado y el desalojo de los edificios para instalar otras dependencias”, agregó, en alusión al año en que inició la actual e ininterrumpida secuencia de quinquenios presidenciales del mandatario.
Tras haber coordinado la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) –de 1979 a 1985-, instalada con la caída de la dictadura somocista (1967-1979), Ortega se desempeñó como presidente (1985-1990), y, luego de tres derrotas sucesivas en comicios presidenciales (1990, 1996, 2001), regresó en 2007, al cargo, en el cual se mantiene, mediante reelección, por tercer período consecutivo (2007-2012, 2012-2017, 2017-2018).
Según la articulación, “al comienzo de su gobierno la escasa atención quedó en manos del Ministerio de la Familia donde se ‘aconseja’ a las mujeres, o de personal del Ministerio Público, o ha sido trasladada a la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos (DIRAC), una instancia de la Corte Suprema de Justicia para ‘la resolución de conflictos en materia de propiedad’”.
“En dos situaciones la Policía invadió (…) domicilios (de mujeres) con acusaciones de secuestro o tenencia de drogas, sin que las mismas llegaran a los juzgados”, denunció la agrupación, para agregar que “los abusos del sistema judicial incluyen (…) una mujer exiliada en Costa Rica que había sido enjuiciada por dos graves delitos de los que nunca fue notificada (…) otras tres exiliadas en Costa Rica fueron notificadas que sus causas fueron archivadas, pero no pueden regresar a Nicaragua por falta total de garantías”, agregó.
Más de sesenta mil personas se han desplazado, a causa de la crisis en Nicaragua, hacia la limítrofe Costa Rica, donde más de 23 mil han solicitado refugio.
Respecto a la negativa incidencia que está teniendo la violencia política en la violencia de género, activistas locales de derechos humanos, han expresado preocupación, en declaraciones de prensa.
“Antes de abril 2018, la policía trataba de cumplir su función de dar seguridad, atender las denuncias e investigar para llevar a juicio y sancionar”, pero, “después de abril de 2018, ellos son los primeros que irrespetan las leyes y los primeros violentadores de los derechos humanos de las personas”, denunció Evelyn Flores, de la Red de Mujeres Contra la Violencia en Nicaragua.
Numerosas mujeres son amenazadas con que se las acusará de “ser azul y blanco, o tranqueras”, agregó, en alusión a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) –que tomó el nombre en alusión a los colores nacionales de Nicaragua-, y a los “tranques”
–barricadas con las cuales, al inicio de la crisis, numerosas comunidades obstruyeron, en diversos puntos, las principales carreteras nacionales, para impedir el avance policial-.
Mediante esa amenaza, funcionarios judiciales y policiales procuran disuadir a mujeres quienes tratan de denunciar violencia de género o incumplimiento de pago de pensión alimentaria, explicó.
En ese sentido, la abogada especialista en derechos humanos Rosa Alpina Chavarría dijo que “estamos en un estado de indefensión, porque el Estado ha normalizado la violencia, los abusos, las tentativas de femicidio, y los femicidios”, y que “la policía no investiga cómo debería ser, y no da prioridad a los femicidios”.
