Nicaragua registró, solamente en enero de este año, seis femicidios –un promedio de casi dos por semana-, de acuerdo con datos de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), entidad defensora de los derechos de las mujeres.
Asimismo, según CDD, 2019 ha sido el año más severo, para las mujeres en Nicaragua, desde el estallido, en abril de 2018, de la violenta crisis sociopolítica que golpea al país centroamericano.
El total de femicidios registrados el año pasado fue de 63, la mayoría de los cuales permanece impune, y alrededor de 30 acusados por esos crímenes permanecen prófugos, indicó la agrupación.
Al respecto, la abogada feminista Rosario Flores afirmó, en recientes declaraciones a la radioemisora alemana Deutsche Welle (DW), que la violencia de género se ha disparado en el contexto de la dramática situación nicaragüense, lo mismo que la impunidad.
“La escalada de violencia general, y de los feminicidios como la máxima expresión de violencia contra las mujeres, es producto de la impunidad que impera en el país”, aseguró Flores.
“En Nicaragua han colapsado el sistema de justicia y el Estado de Derecho, y eso lleva a los agresores a pensar que tienen luz verde para asesinar”, planteó la jurista experta en violencia de género, quien señaló, además, como causa del aumento de los femicidios, las acciones policiales y paramilitares antiopositoras.
“Casi 80 mujeres fueron encarceladas injustamente por participar en protestas y todas sufrieron algún tipo de violencia física, sexual y/o psicológica a manos de agentes del Estado”, denunció.
Sin embargo, “muchas mujeres dicen que temen interponer una denuncia y caer presas, si tal vez participaron en alguna marcha (antigubernamental)”, precisó la abogada, quien asiste legalmente a mujeres agredidas así como a familiares de víctimas de femicidio.
A nivel gubernamental, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del presidente, Daniel Ortega, anunció, al inicio de este mes, la reapertura de las Comisarías de la Mujer.
Se trata de una institución creada por el ex presidente nicaragüense (2002-2007) Enrique Bolaños –antecesor inmediato de Ortega (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022)- para recibir denuncias y llevar a cabo la investigación de hechos de violencia de género.
Murillo también anunció el, lanzamiento de la campaña gubernamental denominada “Mujeres por la vida”, cuyo objetivo declarado es el de promover “el amor y el cariño”.
Pero la medida fue severamente cuestionada por Flores, quien puso en duda la capacidad del personal de las comisarías en cuanto a procesar correctamente las denuncias.
“Quiénes son los oficiales que estarán al frente de esas Comisarías? Qué seguridad habrá para las mujeres que presenten una denuncia y qué garantías tendremos nosotros para defenderlas?”, preguntó.
La abogada aseguró, además, que, “si antes de 2018 las mujeres sufrían abandono y omisión de auxilio por parte del Estado, ahora correrán más peligro, dependiendo de quién sea su agresor y qué vínculos tenga con el gobierno o con la Policía”.
De acuerdo con los datos generales más recientes divulgados por la Asociación Nicaragüense Pro-Derechosa Humanos (ANPDH) –que, desde agosto de 2018 opera en el exilio en Costa Rica-, las víctimas fatales causados por la represión antiopositora en Nicaragua son, de momento, 684.
Además, la cifra de heridos llegó a 5,046, y la de desaparecidos –por secuestro policial o paramilitar- se ubicó en 844, según las cifras contenidas en el “Informe Preliminar de la crisis de violaciones a Derechos Humanos en Nicaragua. Período: 19/042018-31/12/2019 (621 días calendarios)”, que la Anpdh emitió en San José, la capital costarricense.
Por otra parte, el total de presos políticos llegó, en ese lapso, a 502, agregó.
