Una nueva alianza estratégica se constituyó para combatir la violencia de género en Costa Rica, en este caso específico en los medios de comunicación.

La tarea conjunta tiene la fuerza de un convenio de cooperación suscrito por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper).

La idea consiste en colaboración mutua como esfuerzo por erradicar contenidos, en materiales periodísticos, que contribuyan a perpetuar prejuicios machistas, de acuerdo con lo informado por el Inamu y el Colper, en un comunicado conjunto.

En tal sentido, el convenio, suscrito el 22 de setiembre, prevé, entre otras acciones, la realización de actividades de capacitación, agregaron.

“Uno de los objetivos de esta alianza es desarrollar actividades de colaboración recíproca en el campo de la comunicación con perspectiva de género y derechos humanos, de tal forma que los prejuicios, estereotipos, enfoques sesgados y revictimización de mujeres que enfrentan diversas formas de violencia, sean eliminados de las notas periodísticas en un proceso paulatino”, explicaron.

“Para ello, se promoverán capacitaciones a diversos actores estratégicos en paralelo con campañas internas en los medios de comunicación”, indicaron, a continuación.

“La incidencia en medios de comunicación y la sensibilización de periodistas, de direcciones de medios de comunicación y, en general, de las personas que integran el COLPER es medular”, aseguraron, respecto a la iniciativa suscrita por la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, Patricia Mora, y el presidente del Colper, Belisario Solano.

“Por ello este Convenio se convierte en un primer paso para avanzar hacia formas de comunicación no sexista que contribuyan a erradicar la violencia simbólica y mediática, sobre todo en estos momentos en que la cosificación de la mujer es una práctica común y cotidiana”, se indicó en el texto conjunto.

Citada en el comunicado, Mora subrayó el papel clave de los medios, como impulsores del cambio que debe experimentar la sociedad costarricense, con miras a la erradicación de la violencia de género.

“Los medios de comunicación son actores estratégicos para lograr el cambio sociocultural orientado a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y contribuir a la creación de una sociedad más justa y equitativa”, aseguró la ministra.

“Alcanzar este objetivo es una tarea conjunta en la cual el Colegio de Periodistas de Costa Rica es un aliado fundamental”, planteó.

“Con esta alianza, pretendemos eliminar la reproducción cultural de la violencia contra las mujeres”, explicó Mora, una ex legisladora (2014-2018) por el izquierdista Frente Amplio (FA).

En virtud de ello, “hacemos un llamado a los medios de comunicación para asumir la responsabilidad social y el papel protagónico que tienen en la construcción de una nueva sociedad basada en el respecto y la igualdad”, dijo.

“Este debe ser un compromiso de hombres y mujeres, instituciones, organizaciones, empresas y comunidades”, reflexionó.

Por su parte, Solano señaló que el acuerdo tendrá incidencia en la normativa que rige a la agrupación gremial que preside.

“Una de las cosas que más nos complace de este convenio es que, desde el Colegio, además de formar a nuestros agremiados y agremiadas, vamos a recibir asesoría técnica en toda la revisión de los instrumentos normativos que implementa el Colper, de tal forma que estaríamos incorporando los enfoques de género, derechos humanos, diversidad, en nuestros instrumentos normativos”, indicó.

“En el Colper, somos conscientes que la violencia simbólica fortalece este sistema patriarcal”, expresó.

De modo que “es nuestra responsabilidad hacer un alto en el camino y reflexionar en el papel que jugamos en las opresiones que sufren las mujeres”, aseguró.

“Es nuestra oportunidad de contribuir en la construcción de un mundo más igualitario y equitativo”, y, “para ello, debemos cuestionarnos cómo nuestro hacer influye en las manifestaciones de violencia que sufren las mujeres en todas las etapas de su vida”, señaló.

La firma del convenio Inamu-Colper tuvo lugar poco más de un mes después de que Costa Rica dio un paso decisivo en materia de combate a la violencia de género, con la Ley 9877 Contra el Acoso Sexual Callejero.

Aprobado el 14 de julio por la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), el instrumento legal entró en vigencia el 10 de agosto, cuando recibió firma presidencial.

El objetivo central de la nueva legislación es el de garantizar el derecho, a todas las personas, de transitar, libres de acoso sexual, por los espacios públicos, los sitios privados de acceso público, o permanecer en ellos, al igual que desplazarse usando medios de transporte remunerado de personas, tanto públicos como privados.

La ley define el acoso sexual callejero como “toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona o las personas a las que está dirigida”.

Ello, “con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público”.

Asimismo, establece medidas de prevención y sanción a quienes incurran en esta modalidad de violencia de género, que implica, además, discriminación sexual, que van desde 10 meses hasta un año de cárcel, para quien grabe un video, de otra persona, con connotación sexual.

En el caso de que las imágenes sean compartidas con otras personas, el castigo se extiende hasta tres años de prisión.

Además, acciones tales como acorralamiento o persecución de la víctima, en espacios públicos, sin su consentimiento, implica pena de ocho meses a un año de cárcel.

Y, cuando el hostigamiento consista en exhibicionismo o masturbación, palabras, silbidos, gemidos, jadeos, gestos, o ademanes ofensivos, será sancionado con multa o con prisión hasta por un año, considerándose como elementos agravantes el hecho de que la víctima sea menor de edad, o anciana, o padezca alguna discapacidad, o que quien cometa el delito sea reincidente.