La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Sistema de las Naciones Unidas consideran preocupante la decisión del gobierno de República Dominicana de expulsar a inmigrantes haitianas embarazadas, medida que es violatoria de la legislación migratoria nacional así como de disposiciones internacionales.
La CIDH -órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- y la representación del sistema mundial en República Dominicana, consideran que la forzada remoción e inmediata deportación de las mujeres, a su país de origen, las expone al contexto de dramática crisis socioeconómica y de seguridad ciudadana que impera en la limítrofe Haití, situación de la cual tratan de huir.
Ambos países, que comparten la caribeña isla Hispaniola -República Dominicana ocupando los tercios territoriales central y oriental, y Haití situada en el tercio occidental-, mantienen una tensa relación, principalmente a causa de la constante migración generada por el habitual contexto de inestabilidad que caracteriza a la nación francoparlante.
La conducta del gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha sido, además, condenada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que la consideran inhumana.
La CIDH expresó, en un extenso comunicado que emitió, el 1 de diciembre, en Washington, donde se ubica su sede, “preocupación por las denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana, desde República Dominicana”.
“En ese sentido, urge al Estado a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana; particularmente acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria”, agregó.
La entidad continental americana hizo, además, referencia a lo expresado, coincidentemente, por la representación del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana.
El segundo formuló, en un comunicado que dio a conocer el 16 de noviembre, en Santo Domingo, la capital nacional, “un llamado a las autoridades del Estado (dominicano), encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración, a prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana”.
También las exhortó “a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad”.
Las acciones llevadas a cabo en diferentes lugares -incluidos hospitales dominicanos- “ponen en riesgo la integridad física y la vida” de las haitianas, además de que son violatorias de legislación migratoria nacional lo mismo que convenios internacionales sobre deportación de migrantes, denunció.
En el mismo sentido, la CIDH puso de manifiesto que “las expulsiones exponen a las mujeres embarazadas a graves vulneraciones de su derecho a salud, especialmente de la salud reproductiva”.
“Aunado a ello, según información de (organizaciones de) sociedad civil difundida en redes sociales, una mujer haitiana habría sido obligada a abandonar el hospital en el que se encontraba recibiendo asistencia médica posterior al parto, dejando a su bebé en el lugar, para ser trasladada a la frontera en Belladère”, agregó, en alusión a la oriental ciudad haitiana próxima a la frontera binacional terrestre de 376 kilómetros de extensión.
Respecto a ese caso, la entidad americana precisó que, “de acuerdo con información al alcance de la CIDH, (la mujer) habría estado detenida por cuatro días en la ciudad de Haina, previo a ser reunificada con su familia y bebé”, agregó respecto a la localidad ubicada en la costa sur dominicana.
“Ello, pese a que la Ley General de Migración No. 285-04 establece que la detención nunca será utilizada en casos de mujeres embarazadas o lactantes”, puntualizó.
La comisión denunció, asimismo, que “dichas acciones se enmarcan en un contexto institucional más amplio”.
“El 28 de septiembre el Consejo Nacional de Migración habría adoptado una interpretación de la normativa migratoria en República Dominicana que evita el ingreso de toda persona extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas”, comenzó a explicar.
Eso, “incluyendo a las mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses”, agregó.
La CIDH continuó precisando que, “adicionalmente (…) nota el anuncio hecho por el Consejo Nacional de Migración el 2 de noviembre sobre la realización de una nueva auditoría a un total de 220 mil personas regularizadas conforme al Plan Nacional de Regularización”.
“Estas decisiones administrativas podrían generar efectos excluyentes para la población migrante y obstáculos adicionales para el acceso a derechos y servicios esenciales, como la salud y la integridad personal”, advirtió, a continuación.
“En ese sentido, la Comisión recuerda que las personas migrantes tienen derecho a recibir la misma atención médica que las personas nacionales, incluyendo la salud sexual y reproductiva”, aclaró.
“Por tanto, los Estados no deben impedir el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad”, recomendó.
“Aunado a ello (…) todas las personas migrantes tienen derecho a la confidencialidad en el marco del acceso a los servicios de salud y atención médica”, señaló, para informar que “lo anterior, conlleva la prohibición de notificar e intercambiar información relacionada con la situación migratoria de las pacientes o sus progenitoras y progenitores con las autoridades migratorias, así como conducir operativos de control migratorio en hospitales o sus cercanías”.
“En igual sentido, en la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos se recomienda a los Estados abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia” mundial del nuevo coronavirus, señaló.
Ello comprende “acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo”, puntualizó, como advertencia adicional.
La CIDH urgió, asimismo, “al Estado a implementar como guía para sus políticas y acciones los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas”.
“Específicamente a no expulsar, devolver, extraditar, trasladar de manera informal o entregar, poner en las fronteras de otro país, sea o no de su nacionalidad, a ninguna persona donde su vida o libertad peligren”, agregó, de inmediato.
La comisión detalló, además, que, según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, “el principio de no devolución debe aplicarse a toda persona que pese a no ser refugiada o asilada, no puede ser devuelta al territorio de otro país en donde su vida o libertad peligre o existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros malos tratos”.
La CIDH también explicó que “el principio de igualdad y no discriminación debe ser implementado a través de medidas positivas para revertir o modificar las situaciones discriminatorias existentes”.
“Para ello, el Estado debe incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque de interseccionalidad en todas las medidas relativas a las personas en contextos de movilidad humana, de modo que permita atender las situaciones y necesidades de cada grupo de población, incluyendo factores como género, edad, diversidades, discapacidad, origen étnico-racial, y clase”, aclaró aún más.
La comisión expresó, asimismo, que “recibe con preocupación las denuncias de organizaciones de sociedad civil que dan cuenta que las autoridades migratorias estarían realizando operativos de control migratorio en los hospitales que reportan mayor afluencia de mujeres embarazadas migrantes, principalmente de origen o ascendencia haitiana”.
Esas acciones represivas “tendrían por finalidad expulsarlas sin realizar consideraciones sobre sus necesidades de protección humanitaria; ello, atendiendo al contexto de crisis institucional, violencia estructural y violaciones a derechos humanos en Haití”, denunció, asimismo.
En reacción a lol denunciado por las agrupaciones de sociedad civil, el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús “Chu” Vásquez, justificó, en declaraciones que formuló, el 14 de noviembre, a periodistas, lo actuado por las autoridades migratorias nacionales.
“El Estado dominicano no está en capacidad de resolver los problemas de las dominicanas, de los dominicanos, y de los haitianos, juntos”, expresó Vásquez.
“Nosotros tenemos que entender que sólo los casos de emergencia se atiende en República Dominicana”, mientras que, respecto a “los demás casos, es Haití que debe de cargar con ese tema”, agregó.
Las acciones que el gobierno dominicano lanzó al inicio de noviembre, fueron condenadas por el gobierno del primer ministro haitiano, Ariel Henry, por la vía del Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer (Ministère de la Condition Féminine et des Droits de la Femme).
Entre otras expresiones, el ministerio declaró consternación por las acciones represivas dentro de hospitales, lo mismo que por la difusión de material gráfico sobre la captura de las mujeres.
La entidad gubernamental haitiana calificó de “inhumanas” las condiciones en que fueron llevadas a cabo las detenciones y las deportaciones, operativos que, de acuerdo con datos oficiales dominicanos, afectaron a centenares de mujeres.
