La OEA denunció las condiciones de detención en que se encuentran las rehenes del régimen en dos instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional
La delicada condición de salud de las presas políticas en Nicaragua amerita que el Estado les proporciones la asistencia médica adecuada, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ello debe implementarse de acuerdo con su condición de género, y, en cada caso, según la edad, señaló la CIDH, citada en un comunicado del organismo continental.
Las detenidas, a quienes se mantiene en pésimas condiciones de encarcelamiento, carecen de acceso a servicios de salud especializados, según denunció la comisión, agregó la OEA en el texto de siete extensos párrafos que difundió, el 27 de mayo, en su sitio en Internet.
La CIDH “expresa preocupación por la grave situación de salud de las mujeres privadas de la libertad en Nicaragua, por lo que el Estado debe proveer asistencia médica especializada y urgente, y tomar las medidas necesarias para garantizar su salud e integridad tomando en consideración su condición de género y edad”, de acuerdo con la información oficial.
“El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), recibió información sobre la grave situación de salud de las mujeres privadas de la libertad en el contexto de la crisis”, agregó la OEA.
Esto, “debido a la falta de acceso a servicios de salud especializados y oportunos, deplorables condiciones de detención y represalias en su contra por ser identificadas como opositoras al gobierno actual”, puntualizó.
El Meseni es, junto con el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), uno de los dos equipos de trabajo de la CIDH en el país centroamericano.
Ambas entidades fueron expulsadas, el 19 de diciembre de 2018, por la cancillería
nicaragüense la que, simultáneamente decidió suspender las visitas de la CIDH al país.
La medida fue implementada un día antes de la programada conferencia de prensa en Managua, la capital nacional, para la presentación del informe elaborado por el Giei, al inicio de la violenta crisis sociopolítica que, desde abril de 2018, golpea a Nicaragua.
Se trata del documento que el grupo tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”.
En ese texto, el Giei denunció la comisión de crímenes de lesa humanidad, en el país.
El informe fue presentado, en Washington, en Sesión Especial del Consejo Permanente de la OEA, por la entonces vicepresidenta de la CIDH, la panameña Esmeralda Arosemena, quien advirtió sobre lo que describió como el severo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
En el comunicado de este mes sobre la preocupación de la CIDH por las presas políticas, la OEA indicó que, de acuerdo con información del nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al 30 de abril de este año, 14 mujeres se encontraban detenidas a causa de su oposición al gobierno.
En su sitio en Internet, el mecanismo se describe como “un esfuerzo conjunto de organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, para lograr una lista mensual actualizada y verificada de personas presas políticas posteriores a abril de 2018”, como contribución al objetivo de liberación de los rehenes del régimen.
Las catorce detenidas políticas son: Cristiana Chamorro, Ana Margarita Vijil, Cinthia Samantha Padilla, Dora María Téllez, Eveling Pinto, Julia Hernández, Karla Escobar, María Esperanza Sánchez, María Fernanda Flores, María Oviedo, Nidia Barbosa, Suyén Barahona, Tamara Dávila, Violeta Granera.
Se trata de líderes opositoras capturadas durante la ola de detenciones llevadas a cabo por efectivos policiales y paramilitares, a mediados del año pasado, en el contexto del irregular proceso conducente al fraude electoral materializado el 7 de noviembre, cuando Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, lograron la reelección, respectivamente, a la presidencia y la vicepresidencia de Nicaragua.
Las detenidas presentan variada ideología y trayectoria, y, al igual que los demás presos políticos, fueron arrestadas y enjuiciadas bajo cargos fabricados, tales como conspiración para cometer “menoscabo a la soberanía nacional” -la acusación más frecuente-, y también por lavado de dinero y tráfico de armas, entre otros.
Por ejemplo, Chamorro -hija del asesinado director y propietario de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro (1924-1978) y de la ex presidenta (1990-1997) nicaragüense Violeta Barrios- fue arrestada -y sometida a casa por cárcel- cuando era precandidata presidencial.
Este régimen de prisión implica vigilancia policial 24/7, por parte de agente femeninas de la Policía Nacional, dentro la vivienda.
En el marco de los juicios llevados a cabo de febrero a abril de este año -en condiciones violatorias de los derechos humanos-, Chamorro fue condenada a ocho años de prisión -en su caso, se le tipificó lavado de dinero-.
Por su parte, Téllez, es una emblemática comandante guerrillera durante la lucha contra la dictadura (1967-1979) del general Anastasio “Tacho” Somoza Debayle, y ministra de Salud durante el gobierno revolucionario (1979-1990) del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Entretanto, Flores, primera dama durante el gobierno del liberal Arnoldo Alemán (1997-2002) -quien, posteriormente, cumplió un periodo de cárcel bajo cargos de corrupción-, fue detenida luego de haber sido legisladora por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La OEA informó, en el comunicado, sobre las condiciones de detención en que se encuentran las rehenes del régimen en dos instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional: La Esperanza, y la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ) -conocida como “El Chipote”.
La segunda se caracteriza por condiciones de reclusión particularmente inhumanas, lo que consiste inexistentes normas de sanidad, lo mismo que la práctica de tortura en alto nivel de crueldad -incluyendo violación sexual, lo mismo de mujeres que de hombres, frecuentemente con introducción de cañones de armas de fuego-.
“Respecto a las mujeres detenidas en el Sistema Penitenciario Nacional, ‘La Esperanza’, entre otros casos, la CIDH recibió información preocupante sobre el grave deterioro de la salud de Eveling Pinto, de 63 años, quien no recibiría la atención médica especializada para las diferentes enfermedades crónicas que padece”, se indicó en el texto.
Además, “la activista María Esperanza Sánchez, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, permanecería (…) internada en la clínica de dicho centro de detención, en estado grave, sin recibir atención médica especializada, ni medicamentos adecuados”, puntualizó, a continuación, la OEA.
“Por su parte, Nidia Barbosa, de 66 años, habría sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Amistad Japón en (la occidental ciudad de) Granada y sus familiares desconocerían su estado actual de salud”, siguió denunciando.
“Del mismo modo, la CIDH reitera su preocupación respecto las mujeres detenidas en ‘El Chipote’, entre ellas, mujeres mayores, quienes están sometidas a regímenes de aislamiento e incomunicación más graves por su condición de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas”, planteó, asimismo.
A continuación, precisó que, “asimismo, habrían sufrido un grave deterioro en su salud por la falta de alimentación suficiente, acceso al agua potable y a servicios de atención médica especializada”.
Foto: Ron Lach
