Organizaciones centroamericanas defensoras de los derechos de las mujeres lanzaron una campaña, en cuatro países del área, con el propósito de comprometer, a los respectivos estados, en el combate a la violencia de género -específicamente el femicidio-
Se trata de la iniciativa denominada “Ciudadanía e Instituciones Activas contra la Violencia hacia las Mujeres”, que es promovida por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), el hondureño Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y el guatemalteco Centro de Investigación y Capacitación, Apoyo a la Mujeres y Juventudes (Cicam).
El esfuerzo cubre el Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras-, y Nicaragua -en conjunto, integran el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4)-.
Al informar, el 22 de agosto, sobre la acción regional, el medio de comunicación salvadoreño Diario Co Latino, indicó que “la campaña se realiza en el marco del proyecto: ‘Mujeres Activas contra la Violencia de Género en Centroamérica’, en donde participa El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
Ese proyecto, “cuenta, además, con el apoyo de la (alemana) Iniciativa Cristiana Romero (Christliche Initiative Romero, IRC) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo”.
La IRC fue fundada en 1980, en el contexto de las guerras que golpeaban a Centroamérica -Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1992), Nicaragua (1982-1990)-.
En cuanto a la campaña en los cuatro países, el periódico citó una declaración de CDM, Cicam, y Ormusa, en el sentido de que “el objetivo (…) es concienciar sobre el compromiso de los Estados para transformar las causas sociales, culturales y estructurales de la violencia feminicida contra las mujeres en el área centroamericana”.
“Centroamérica libre de violencia sexual: es el mandato de los gobiernos y el derecho de las mujeres”, precisaron, asimismo.
Ese planteamiento “será uno de los mensajes clave de esta campaña en donde se reitera que la violencia contra las mujeres sólo puede ser erradicada con las sinergias ciudadanas y gubernamentales”, lo mismo que “atendiendo las raíces que legitiman, naturalizan y toleran la violencia sexual y feminicida”, agregaron, a manera de denuncia.
De acuerdo con datos reunidos por las agrupaciones, “en el año 2022, en Guatemala, se registraron 668 feminicidios y muertes violentas de mujeres (…) en El Salvador, el reporte es de 68, Honduras 390 casos, y en Nicaragua reportan 57 casos”.
“En cuanto a las denuncias por violencia sexual, los datos de 2020-2021, revelaron que en Guatemala se registraron 24 mil 593 denuncias, en Honduras 2 mil 896, en El Salvador 3 mil 567 y en Nicaragua 7 mil 611”, según las mismas fuentes.
Siempre citando a las agrupaciones impulsoras de la campaña, el periódico informó que la iniciativa “incluirá estudios, infografías y videos cortos difundidos mediante redes sociales, especialmente Instagram, Facebook y YouTube, así como sitios” electrónico de las respectivas organizaciones.
El grupo explicó, asimismo, que el esfuerzo se enmarca en el “estudio regional sobre las raíces culturales y el contexto de la violencia contra las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
En tal contexto, las organizaciones formularon un “llamado a tomar acción para erradicar la violencia contra las mujeres”.
“Algunas medidas propuestas por el estudio, y retomadas por la campaña, para erradicar la violencia contra las mujeres son: eliminar el machismo, mejor control de las armas de fuego, dar a conocer cifras desagregadas por sexo, grupo de edad, y otras variables”, puntualizaron.
Ello, además de “diseñar y difundir rutas de denuncia de la violencia sexual, cumplir y aplicar las leyes con enfoque de género, combatir la impunidad”, continuaron señalando.
Asimismo, “destinar presupuestos suficientes para atender a las sobrevivientes y castigar a los agresores, empoderar a la niñez y (la) adolescencia en torno a sus derechos”, lo mismo que “asegurar entornos familiares, educativos, y laborales libres de violencia”, informaron, a continuación.
De acuerdo con el enfoque planteado por las organizaciones, para la puntual erradicación de la violencia sexual, “es preciso eliminar prácticas, comportamientos y acciones sociales, culturales e institucionales que están perpetuando estas situaciones de violencia”.
Por lo tanto, es “importante que las autoridades ejerzan su responsabilidad de implementar medidas gubernamentales y políticas públicas para transformar comportamientos que toleran, o promueven, la violencia contra las mujeres”.
El proyecto “Mujeres activas contra la violencia de género en Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)” incluyó datos correspondientes a ese año, sobre el comportamiento machista de agresión contra las mujeres, con particular atención en el femicidio.
Para Guatemala, el informe señaló que, “según las tres instituciones que reportan muertes violentas de mujeres, el año 2022 finalizó con un aumento con relación al año 2021”.
“El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reportó un 3% de aumento en necropsias realizadas; la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) un 5%”, agregó.
“De acuerdo con el Ministerio Público (MP) durante 2022, en promedio cada día se registraron 1.6 muertes violentas de mujeres”, y “los meses con mayor cantidad fueron: febrero (59 casos), marzo (60 casos) y abril (58 casos)”, mientras “los meses con menor registro fueron noviembre (28 casos) y diciembre (35 casos)”, según las cifras oficiales citadas.
“De las mujeres víctimas de muertes violentas el 35% eran adultas (31 a 64 años; el 26% eran jóvenes (18 a 30 años), el 7% adolescentes (14 a 17 años), el 2% niñas (7 a 13 años), el 2% infantes (0 a 6 años) y el 26% no se tiene registro”, de acuerdo con el proyecto, además de que “las personas señaladas por estas muertes violentas son: el 45% son hombres, el 5% son mujeres y el 50% se desconoce”.
En el caso de El Salvador, los datos indicaron que la “violencia contra las mujeres (se mostró) al alza”, con “alrededor de 14 feminicidios (…) en el período del 1 de enero al 30 de marzo 2023”.
En el proyecto se informó que “Ormusa emitió una alerta por el alto número de feminicidios registrados en El Salvador, en el primer trimestre de 2023”.
“Además, enfatizó que la violencia contra las mujeres no se reduce a los feminicidios, ya que persisten otras manifestaciones de violencia sexual, física o psicológica, que es preciso atender para evitar los feminicidios”, según la misma fuente.
De acuerdo con la información de Ormusa citada en el proyecto, “en el período 2019 al 30 de marzo de 2023, (las cifras) dan cuenta de 77 mujeres asesinadas a manos de sus parejas”.
También se denunció que “esto es resultado de la violencia en el ámbito de confianza o familiar, enraizada en el machismo como principal factor cultural que normaliza las relaciones de poder derivadas del género y la subordinación de las mujeres”.
Respecto a Nicaragua, el proyecto señaló, citando números del Instituto de Medicina Legal, que, a diciembre “se registraron 4,416 casos de violencia contra las mujeres, incluyendo violencia física, sexual y psicológica”.
Las víctimas fueron, entre otras, “6 niñas y adolescentes menores de 12 años y 5 adolescentes de 13 a 17”.
En lo que tiene que ver con Honduras, en el documento se denunció que “la violencia contra las mujeres puede ser físicas, psicológicas, emocional, social y sexual”, además de que “la forma más violenta contra mujeres es el femicidio”, y que “otras modalidades de violencia colocan en estado de vulneración y peligro a las mujeres”.
También se precisó que, “según el Código Penal de Honduras, comete femicidio ‘el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder, entre hombres y mujeres, basadas en el género”.
Según la situación expuesta en el proyecto, “de las 390 muertes violentas de mujeres en 2022, sólo el 4% (17) fueron consideradas legalmente como femicidios, lo cual demuestra que el Ministerio Público no toma en cuenta la relación desigual entre hombres y mujeres, la perspectiva de género en el registro de denuncias y en el proceso de investigación; y tipifica la mayoría de casos como homicidios, delito que se castiga con una pena menor”.
Al citar cifras del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (Odhm), se indicó que “el 46% de muertes violentas de mujeres califican como femicidios, pero esto no significa que el restante no lo sea”, agregándose que “esta falta de precisión se debe a que los medios de comunicación no siempre incluyen la información pertinente”.
El proyecto indicó, asimismo, que, en Honduras, “es preocupante la falta de seguimiento para determinar la causa de las muertes violentas de mujeres”.
También, que “en general, los datos revelan que los asesinatos de las mujeres se enmarcan en la cultura patriarcal, la situación de violencia por narcotráfico, el crimen organizado, la desprotección estatal, y su falta de acción en la construcción de políticas públicas integrales y respetuosas de los derechos humanos en los temas de seguridad y pobreza”.