Más de quinientas mujeres desaparecieron, el año pasado, en El Salvador, de acuerdo con los datos contenidos en un informe emitido este mes por organizaciones de defensa de derechos humanos.
Una proporción considerable de las abducciones ocurrió en el período de abril a julio, cuando el gobierno del derechista presidente Nayib Bukele impuso cuarentena obligatoria, en el marco de medidas para atender la pandemia mundial del nuevo coronavirus, que ha golpeado también al país centroamericano, según indicó la misma fuente.
Las razones que explican las desapariciones incluirían agresión de género, así como la acción de grupos delictivos locales, y de estructuras de crimen organizado, señaló, además, en el documento el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres, perteneciente a la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres, a su vez integrada por tres agrupaciones.
Al plantear que “las desapariciones en El Salvador, es una dura realidad para cientos de personas y sus familiares”, el Observatorio indicó, en el texto, que, “en 2020, 541 mujeres desaparecieron según registros de la Fiscalía General de la República”.
“Las causas pueden estar relacionadas con pandillas, maras, carteles y organizaciones criminales”, agregó, citando el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador.
“Sin duda, debe sumarse la violencia por razones contra las mujeres, aunque no lo menciona expresamente el documento oficial”, precisó.
El Protocolo -que data de 2019, y fue elaborado con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno de Canadá-, apunta, según se indica en la parte introductoria, a “fortalecer la capacidad general del Estado para prevenir, investigar, procesar y juzgar casos de personas desaparecidas”.
Respecto a ese instrumento, el Observatorio citó a la Fiscalía General de la República (FGR), para indicar que, en cuanto a las desapariciones en general, “en muchos casos resueltos, la aplicación del Protocolo de Acción Urgente permitió localizar con vida personas reportadas como desaparecidas”.
“En este proceso fue determinante la colaboración ciudadana a través de las redes sociales”, señaló.
“No obstante, en otros casos, no llega a conocerse el paradero de muchas personas”, por lo que, “meses o años después, las familias siguen buscando a sus parientes al conocerse de hallazgos de cementerios clandestinos o cadáveres”, denunció.
En el desglose por género según espacio geográfico, el Observatorio puntualizó que “el 69.31 % o 375 mujeres desaparecieron en cinco departamentos (provincias)”.
Se trata de San Salvador -donde su ubica la capital nacional, de igual nombre-, en el centro, La Libertad, en el oeste, y San Miguel y La Unión, en el este -el segundo, fronterizo con Honduras y, en el Golfo de Fonseca, con Nicaragua-.
Asimismo, informó sobre “147 mujeres desaparecidas de abril a julio 2020; es decir, una cada día”, como parte del más de medio millar total de víctimas.
“En estos meses, la población en general se vio obligada a cumplir cuarentena domiciliar y/o restricciones de movilidad a causa de la pandemia sanitaria”, señaló.
Por otra parte, detalló que, “al analizar los datos entre hombres y mujeres por departamento, son visibles las diferencias; en San Miguel y La Unión, la cantidad de mujeres desaparecidas es mayor con relación a los hombres; en La Unión, casi se duplicó la cantidad de mujeres”, detalló.
Según la tabla elaborada por el Observatorio, a partir de datos de la FGR, La Unión presentó, el año pasado, 45 desapariciones de mujeres, frente a 25 de hombres, mientras que las cifras para San Miguel fueron, respectivamente, 47 y 41.
La entidad de la Red, señaló, además, que “las desapariciones son constantes en el país, durante y posterior al fin del conflicto armado (1980-1992), pero fue hasta octubre 2019, que la Asamblea Legislativa aprobó la creación del delito de ‘Desaparición de Personas’, cometida por particulares, incluidos grupos delincuenciales”.
En ese sentido, el artículo 148 del Código Penal indica que, “el que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres a seis años”.
En cuanto a otras manifestaciones de violencia de género, datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (Ormusa) -una de las tres agrupaciones integrantes de la Red- ubicaron, para el año pasado, en por lo menos 84 el total de femicidios, y en aproximadamente 314 los casos de violencia física machista en general.
