Organizaciones de derechos humanos solicitaron, a las autoridades de El Salvador, el descongestionamiento de establecimientos carcelarios, en el marco de la emergencia sanitaria mundial causada por la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19).
La acción debe incluir a mujeres condenadas a prisión a causa de emergencias obstétricas, plantearon, en una declaración, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Center for Reproductive Rights ( Centro de Derechos Reproductivos, CRR), el Women’s Equality Center (Centro por la Igualdad de las Mujeres, WEC) y el Center for Justice and International Law (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil).
Las organizaciones plantearon que, “ante el avance de la pandemia y la precaria infraestructura carcelaria en El Salvador (…) piden al Estado salvadoreño tomar medidas urgentes para descongestionar los centros de reclusión y, atendiendo a principios de no discriminación, otorgar la libertad a las mujeres encarceladas de manera injusta por haber tenido emergencias obstétricas”.
“La crisis sanitaria por COVID-19 ha expuesto la gravedad de problemas estructurales que afectan a El Salvador, como las severas deficiencias de su sistema penitenciario”, agregaron, en el texto de 14 párrafos, titulado “Las mujeres que están encarceladas injustamente en El Salvador deben ser liberadas ante la pandemia por COVID-19”.
“En ese sentido, organismos internacionales de derechos humanos ya han señalado que las cárceles pueden ser un foco de transmisión del virus y que por tal motivo es necesario que Estados como El Salvador tomen medidas para descongestionar las prisiones otorgándoles la libertad a personas en condiciones vulnerables”, precisaron.
Las organizaciones firmantes hicieron, así, alusión al hacinamiento que caracteriza a los establecimientos carcelarios del país centroamericano.
De acuerdo con datos revelados el año pasado, por el británico Institute for Criminal Policy Researh (Instituto para la Investigación de Política Criminal, ICPR) de la Universidad de Londres, en su base de datos denominada World Prison Brief, El Salvador se ubica en segundo lugar, a nivel mundial, en materia de proporción de reclusos por cada 100,000 habitantes, y es el tercero con más hacinamiento carcelario.
En el primer caso, el país presentaba en sus 28 prisiones, en 2018, 597 reclusos por cada 100,000 habitantes-después de Estados Unidos (655), y en el segundo, registraba 333.3 por ciento de sobrepoblación, antecedido por Filipinas (466.6) y Haití (454.4),
Al respecto, la Sala de lo Constitucional de la Corta Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional esa situación -que, en ese momento registraba hacinamiento de 360 por ciento, y ordenó, al gobierno entonces presidido por el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), mejorar las condiciones en los centros carcelarios del país.
Sobre ese tema, las organizaciones firmantes de la declaración, señalaron la ausencia de condiciones de salubridad necesarias para evitar el contagio, en el contexto de la pandemia, incluido el precario acceso a agua potable, l imposibilidad de mantener el necesario distanciamiento social, la ausencia de servicios de salud, todo lo cual se suma al trato que de amplio conocimiento que los centros de detención salvadoreños no cuentan con condiciones de salubridad apropiadas para evitar el trato, que devinieron como cruel e inhumano que reciben los internos.
“En el contexto de la pandemia, El Salvador ya ha recibido varios llamados para respetar los derechos de las reclusas y reclusos”, indicaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “pidió a El Salvador respetar los principios y buenas prácticas sobre personas privadas de la libertad en las Américas”, comenzaron a relatar.
“De manera específica, CIDH ha pedido a los Estados conceder libertad anticipada a grupos de riesgo como personas mayores, mujeres embarazadas o con niños a su cargo”, y “ha señalado que las medidas de descongestión carcelaria deben ser transparentes y aplicadas sin criterio de discriminación alguna”, agregaron.
También mencionaron que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, “pidió que se investiguen todas las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para responder al COVID-19”.
Señalaron que Bachelet, una ex presidenta (2006-2010, 2014-2018), “dejó claro que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de la población carcelaria evitando amenazas de salud pública y para ello reiteró que deberían adelantarse medidas de descongestión poniendo en libertad reclusos y reclusas que están detenidos y detenidas sin motivos jurídicos suficientes”.
“Ese es el caso de las mujeres que están encarceladas arbitrariamente en El Salvador”, puntualizaron.
En ese sentido, expresaron que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) “concluyó que en ese país ocurren detenciones arbitrarias a mujeres que han tenido emergencias obstétricas”.
Esas mujeres “son víctimas del marco normativo salvadoreño vigente que es discriminatorio pues restringe los derechos humanos y la dignidad de las mujeres al criminalizar el ejercicio de sus derechos reproductivos y las conductas que son el resultado directo de la falta de acceso a servicios de salud”, denunciaron, citando a Bachelet.
Las agrupaciones firmantes de la declaración, expresaron que “esa situación se agrava mucho más en el contexto de la pandemia por COVID-19 pues las mujeres detenidas de manera arbitraria se exponen al contagio del virus como un riesgo adicional”.
Las detenciones obedecen al hecho de que en El Salvador -al igual que en otros países centroamericanos-, el aborto está prohibido y es severamente penalizado -con castigos que implican condenas a largos períodos de prisión lo mismo para las mujeres quienes se someten al procedimiento que para los médicos quienes lo llevan a cabo-.
De acuerdo con lo indicado en un estudio regional llevado a cabo, sobre el tema, por la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe, en el caso de El Salvador, el aborto está penalizado, desde 1998 -durante el quinquenio presidencial de Armando Calderón Sol, dirigente de la ultraderechista y escuadronera Alianza Republicana Nacionalista (Arena)-.
“Está prohibido aún en casos en los que la vida de la madre está en peligro”, según el estudio dado a conocer en setiembre del año pasado, y titulado “Abortar en América Latina y el Cribe, una región de accesos y muchos obstáculos”.
La legislación vigente prevé penas de seis meses a 12 años de cárcel para las mujeres quienes se sometan al procedimiento, y hasta doce años de prisión para los profesionales de la salud quienes la asistan, indicó la red
“La ley considera como delito de aborto toda interrupción del embarazo, premeditada consentida o no, hasta la semana 20 de gestación. Después ya no se habla de aborto, sino de homicidio agravado: el delito con la pena de prisión más alta del Código Penal salvadoreño, de 30 a 50 años”, precisó.
De acuerdo con la misma fuente, “desde 1998 147 mujeres han sido acusadas y procesadas por aborto u homicidio. En la actualidad, según datos de la Fiscalía General de la República, hay dos mujeres condenadas por el delito de aborto y 16 mujeres privadas de libertad, que alegan haber sufrido un parto extrahospitalario y/o emergencia obstétrica, con penas de hasta 40 años”.
“La última cifra oficial publicada en la Encuesta Nacional de Salud Familiar (2008) señaló que entre 2005 y 2008 hubo 19.290 abortos. Más de una cuarta parte de las mujeres que abortaron tenían menos de 18 años”, indicó.
Según lo indicado en el estudio, que citó datos del Ministerio de Salud, “más del 90 por ciento de las muertes maternas registradas en el país son prevenibles: ‘sucedieron debido a un manejo inadecuado, descuido en su atención hospitalaria, diagnóstico incorrecto, falta de recursos materiales o humanos para la atención’”.
Además, “un dato importante dentro de las muertes maternas es que el suicido es la principal causa entre las defunciones de adolescentes embarazadas. Para quitarse la vida, la mayoría ingiere veneno tipo pesticidas y para ratas”.
Al informar, el 18 de febrero de este año, respecto a los encarcelamientos injustos de mujeres, por esta causa, en El Salvador, la publicación nicaragüense Niú mencionó un caso particularmente ilustrativo de la situación.
“Evelyn Hernández, de 21 años, estuvo presa en El Salvador durante 33 meses porque, en 2017, fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio”, indicó.
“Meses antes había sido violada por un pandillero y producto de eso quedó embarazada. Sin embargo, lo supo hasta que despertó en el hospital tras parir en el baño de su casa y le informaron que estaba siendo investigada por aborto”, agregó.
“Nunca supo que esperaba un hijo. Un día tuvo un fuerte dolor en el estómago, fue a defecar, pujó hasta que se desmayó del dolor. El bebé nació muerto”, siguió relatando.
“Horas después, el médico que la atendió la denunció ante las autoridades que la condenaron”, precisó.
“En febrero de este año fue liberada por ‘falta de elementos que la hicieran responsable de la muerte’, pero en julio la Fiscalía inició otra investigación en su contra. Su caso es emblemático porque, en agosto de 2019, después de un segundo juicio, fue absuelta”, de acuerdo con la narración de Niú.
Respecto a la situación salvadoreña, las organizaciones firmantes de la declaración señalaron la urgencia de que las autoridades salvadoreñas pertinentes pongan en libertad a las mujeres indebidamente encarceladas.
“Como Estado integrante de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, El Salvador no sólo debe alinearse con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos; sino que debe seguir el ejemplo de las naciones que han dado pasos para reducir la población penitenciaria como medida para contener la expansión del COVID-19”, reflexionaron.
También aclararon que “las salvadoreñas encarceladas de manera injusta por haber tenido una emergencia obstétrica son mujeres que hace mucho debieron gozar de la libertad y, hoy, ante la crisis por COVID-19 no merecen estar expuestas a un riesgo mayor”, por lo que “¡Es justo liberarlas!”.
