Organizaciones americanas de derechos humanos, han expresado apoyo a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, cuya gestión blanco de fuertes críticas por parte de integrantes de diferentes bloques parlamentarios costarricenses.

El Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (Ccpdh) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca) se pronunciaron en ese sentido tras llamados de esos legisladores a la destitución de Crespo.

Los principales cuestionamientos a la gestión de Crespo se refieren a la pérdida del archivo electrónico que contenía la entrevista entre la titular de la Defensoría de los Habitantes y el presidente costarricense, Carlos Alvarado, sobre el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad), cuya fuertemente cuestionada creación -y casi inmediata eliminación- ha generado polémica nacional.

De acuerdo con versiones periodísticas locales, tanto la Presidencia como la Defensoría carecían de copias de apoyo del archivo.

La Upad fue creada, mediante decreto publicado en febrero de este año, con el propósito declarado de apoyar la toma presidencial de decisiones, contexto en el cual se habilitaba, a la nueva entidad, a acceder a datos confidenciales, sobre las personas, en poder de diversas instituciones estatales.

Las fuertes críticas surgidas de inmediato desde diferentes sectores nacionales -por considerar, principalmente, que la Upad operaría como entidad de inteligencia-, condujeron a la derogación del decreto, días después de su publicación.

La derogación fue seguida por el inicio de una causa penal, por parte del Ministerio Público (MP), lo que sirvió de marco para el allanamiento, entre otras instalaciones, de la Casa Presidencial y la sede del Ministerio de Planificación, ordenado por la fiscala general de la República, Emilia Navas.

Durante la acción en la sede del Poder Ejecutivo, personal del MP decomisó una computadora de la oficina del presidente así como dos teléfonos celulares del mandatario, de acuerdo con versiones periodísticas locales.

El MP investiga los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, y violación de datos personales, indagación que incluye, además de Alvarado, al ex ministro de la Presidencia y actual diputado por el gobernante Partido Acción ciudadana (PAC), Víctor Morales, el ex viceministro de Planificación Daniel Soto, entre otros funcionarios gubernamentales -incluido el analista de datos Diego Fernández, designado para coordinar la disuelta agencia-.

Morales, Castro, Fernández, renunciaron a sus respectivos cargos, en el marco del escándalo generado en torno a la creación de la Upad.

Alvarado, por su parte, ha defendido el intento de creación de la unidad, la que, según ha señalado, se enmarcó en el respeto a la Constitución costarricense.

“He procurado trabajar, siempre, a partir de los datos y la ciencia”, indicó, al presentar, en Mayo, a la Asamblea Legilsativa -de la que depenede la Defenbsoría de los Habitantes-, el anual informe de labor presidencial.

“Ese fue el espíritu y el propósito con el que se creó la UPAD, no otro, siempre en cabal respeto de la Constitución y las leyes”, aseguró el presidente.

Alvarado señaló que el manejo combinado de información y ciencia queda evidenciado por la pandema mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), emergencia sanitaria que está golpeando, desde marzo, a Costa Rica.

“La crisis actual evidencia cuán importante son los datos y la ciencia, para la creación y ejecución de políticas públicas”, manifestó.

Crespo ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente a nivel parlamentario, por la pérdida de la grabación de su entrevista con el mandatario, respecto a la Upad.

Los cuestionamientos surgieron cuando la titular de la defensoría, presentó al parlamento -que la designó en diciembre de 2018-, su anual informe de trabajo.

En tal contexto, integrantes de diferentes bancadas parlamentarias -incluida la del PAC- exigieron la destitución de la funcionaria, una psicóloga y socióloga costarricense, lo que generó los respectivos pronunciamientos emitidos, el 29 de junio, por el Ccpdh y la Rindhca.

Ambas entidades consideran que cuestionamientos a una ombudsperson -defensor nacional de los derechos humanos- pone en riesgo no solamente la independencia de una entidad como la defensoría sino la normativa de cada país lo mismo que internacional en materia de tutela de los derechos fundamentales.

En ese sentido, el Ccpdh indicó, en un comunicado, que los cuestionamientos formulados contra Crespo constituyen una “amenaza contra (la) independencia funcional y de criterio” de la defensoría, “lo que vulneraría normas internas e internacionales de derechos humanos”, incluidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, citó la resolución aprobada el 18 de diciembre de 2019 por la Asamblea general de las Naciones Unidas, cuyo décimo punto indica que “las instituciones nacionales de derechos humanos y sus respectivos miembros y personal no deberían enfrentarse a ninguna forma de represalia o intimidación, como la presión política, la intimidación física, el acoso o las limitaciones presupuestarias injustificables, como resultado de actividades llevadas a cabo en virtud de sus respectivos mandatos, incluso cuando se ocupen de casos individuales o informen sobre violaciones graves o sistemáticas en países, y exhorta a los Estados a que investiguen rápidamente y a fondo los casos de presunta represalia o intimidación contra miembros o personal de las instituciones nacionales de derechos humanos o contra personas que cooperan o tratan de cooperar con ellos y a que lleven a los autores ante la justicia”.

El consejo agregó que “ve con enorme sorpresa y preocupación los ataques de que está siendo objeto la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo Sancho, por parte de diferentes sectores, los cuales repudiamos”.

En ese cuadro de situación, “externamos nuestro total apoyo a su gestión, ya que son evidentes las manifestaciones para su destitución por investigar una clara violación al derecho y protección de los datos privados de los y las ciudadanas costarricenses”, agregó en el texto de una página emitido en Tegucigalpa, la capital hondureña, y firmado por el presidente de la entidad regional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hondureño, Roberto Herrera.

“Estos actos que vulneran la independencia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, se han presentado, con anterioridad, en otros Estados de Centroamérica. Lo que nos causa una enorme preocupación, ya que esta nación es ejemplo de democracia y de respeto de los derechos humanos de las y los ciudadanos”, planteó.

“Estas manifestaciones que amenazan a los defensores y defensoras estatales de los derechos humanos, no solo afectan a sus jerarcas y las instituciones, sino que minan sus ámbitos de gestión”, advirtió el Ccpdh.

“Sin duda, representan una clara violación a los principios fundamentales de un Estado democrático de derecho, como el que rige a nuestros países”, siguió señalando, para agregar que “el principal rol de estas instituciones de derechos humanos consiste en garantizar la protección y respeto de la dignidad humana, velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y constituyen un órgano de control para protegerlos derechos humanos de la Población”.

Por ello, “de manera firme y vehemente hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense para que cierre filas en la protección de sus propios derechos humanos, afirmando la independencia de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y de la figura de su titular”, expresó.

En términos coincidentes, la Rindhca -entidad integrante de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Global Alliance of Human Rights Institutions, Ganhri), que, a su vez reúne a 18 oficinas de ombuspersons americanas- expresó “preocupación ante los ataques que vienen suscitándose” contra Crespo, “quien en defensa a la protección de los datos privados de los y las costarricenses, viene siendo sujeto de cuestionamientos a su permanencia institucional”.

“Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos se erigen como garantes de derechos fundamentales y en su rol de supervisor del Estado se constituyen en instituciones vertebrales para el Estado de Derecho”, explicó, para, a continuación, indicar que, “atendiendo a ello resultan alarmante los cuestionamientos y presiones suscitadas en contra” de Crespo.

“Atendiendo a ello invocamos a las autoridades de Costa Rica a garantizar y preservar la institucionalidad de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, ya que las manifestaciones que amenazan a los defensores y defensoras, no solo afectan a sus jerarcas, sino también a la institucionalidad democrática del país”, agregó la Rindhca.

“Expresamos nuestro respaldo a las acciones realizadas por la Ombudsman de Costa Rica, las cuales se fundan en el ejercicio de sus funciones constitucionales”, indicó, además, en el texto de dos páginas firmado por su secretario general, José Apolonio Tobar, quien se desempeña como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.

“Esta Declaración se enmarca en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por casi la totalidad de países americanos”, aclaró la red.