La llegada de la pandemia de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), a Honduras, disparó la violencia de género, habiéndose registrado, los primeros cinco meses de este año, un caso de agresión por hora, de acuerdo con datos revelados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Ello significa que más de 40 mil casos se registraron durante el periodo del 1 de enero al 31 de mayo, destacándose abril -el primer mes completo de la pandemia en el país centroamericano-, con aproximadamente 10 mil, indicó la representación local del Unfpa, en un comunicado que tituló “Es prioridad asegurar los servicios de atención a víctimas de violencia durante la pandemia de Covid-19”.
La agencia especializada de Naciones Unidas mencionó, como fuentes de información, al telefónico Sistema Nacional de Emergencias 911 y al Ministerio Público (MP) hondureños.
“Según datos de la línea de atención del Sistema Nacional de Emergencias 911, en Honduras las cifras de denuncias de violencia contra las mujeres han aumentado significativamente, reportando más de 40 mil casos de agresión en lo que va de año y alcanzando su mayor número el pasado mes de abril con casi 10 mil denuncias”, informó.
“Al respecto, Juan Carlos Degrandez, sub director del 911, indica que al momento de recibir la llamada, el sistema puede determinar a qué tipo de violencia corresponde la denuncia y reporta que han identificado que la mayor parte de las mismas están tipificadas como violencia de género”, precisó.
El Unfpa aseguró que “Degrandez indica que gracias a la coordinación institucional, se está logrando avanzar en el proceso de judicialización de las mismas”.
La agencia también citó a la subdirectora de fiscales del MP, Loany Alvarado, quien dijo que “esa instancia también registra un aumento de denuncias durante el período de marzo a mayo, reportando 1,259 denuncias recibidas, 393 detenciones infraganti y 304 audiencias con comparecencias”.
“En este sentido, aclara que la diferencia entre el número de denuncias recibidas y el número de denuncias procesadas se relaciona con diversos factores, como la posibilidad de verificar la ubicación de la persona agredida o el temor de continuar con la denuncia por parte de la víctima, entre otras razones”, aclaró.
En ninguno de los dos casos, se indicó, en el comunicado de nueve párrafos, cifras comparativas con otros años.
El fondo informó, asimismo, que, en el marco de esa preocupante situación, fue activado un mecanismo que apunta a mejorar la capacidad de reacción ante denuncias específicas respecto a casos de violencia de género.
“En respuesta a este contexto, se ha activado el Subsector de Violencia basada en Género (VBG) del Equipo Humanitario de País, liderado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo de ONU Mujeres y Plan Honduras”, señaló.
El texto hizo así alusión a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), y al Plan Internacional Honduras, iniciativa de estrategia nacional de desarrollo humanitario centrado en niñez y juventud, cuyos programas se centran, según tres grupos etarios -de 0 a 6 años, de 7 a 14 años, de 15 a 24 años-, en ejes de acción referidos a género e inclusión, así como participación y ciudadanía.
El plan hondureño es parte de la iniciativa global que, con sede en España se denomina Plan Internacional.
El Unfpa agregó, en el comunicado, que el Equipo Humanitario de País (EHP) -también conocido como Red Humanitaria de Honduras (RHH)-, igualmente, “cuenta con la activa participación de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil”.
La activación del EHP ocurrió el 17 de marzo de este año, ante la emergencia sanitaria generada, en Honduras, por la pandemia mundial.
El fondo indicó, asimismo, que “a través de este mecanismo se promueven acuerdos para fortalecer la respuesta a las denuncias de emergencia que se realizan a través del 911”.
Los acuerdos incluyen “la capacitación de policías de Tegucigalpa (la capital nacional) y San Pedro Sula (noroccidental centro maquilador textil) en VBG, por parte del INAM y otros actores de la sociedad civil”, precisó, en referencia al Instituto Nacional de la Mujer (Inam).
También cubren “el apoyo del Ministerio Público a un grupo de funcionarios/as para ofrecer asesorías a policías que están atendiendo casos en la calle durante las 24 horas”, así como “el fortalecimiento de capacidades de la línea 911, para ofrecer atención psicosocial en casos de VBG”, agregó.
Igualmente, “la asignación de un representante del INAM en el 911, fortaleciendo la coordinación entre ambas entidades”, además del “establecimiento de un mecanismo entre el SNE, el 911 y el Ministerio Público para facilitar el flujo de información sobre las denuncias de VBG en tiempo real”, planteó.
En términos más generales, el Unfpa aseguró que “reafirma su compromiso de sumar esfuerzos junto a otras organizaciones para fortalecer las capacidades y abogar por la continuidad de los servicios de atención a las mujeres y niñas de violencia”.
En ese sentido, “el énfasis se ha establecido en garantizar ambientes libres de violencia, así como ofrecer una atención y mensajes de apoyo adecuados con el objetivo de mejorar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas”, precisó.
Debido a la magnitud mundial de la emergencia sanitaria, la mayoría de los países afectados han adoptado medidas básica para contener la propagación del virus -aislamiento social, restricción de movilidad en vía pública-, lo cual ha tenido perjudiciales efectos en materia de violencia de género, señaló el fondo.
Se trata de acciones preventivas -en algunos casos, obligatorias- que, no obstante su pertinencia en materia de salud pública, “han tenido consecuencias directas en la protección de las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencia de género dentro de sus hogares”, precisó.
El Unfpa aludió así al hecho de que esas medidas obligan a las víctimas de ese tipo de agresión -o a quienes están en riesgo de serlo- a convivir 24/7 con sus victimarios, señaló, además de mencionar nocivas repercusiones socioeconómicas.
“El confinamiento aumenta la exposición de las mujeres y las niñas frente a sus agresores, además de limitar su movilidad para pedir ayuda o huir”, comenzó a explicar.
“De igual forma, la pérdida del trabajo, la disminución de los ingresos o la imposibilidad de adquirirlos, incrementan la dependencia económica que constituye una barrera más para denunciar la violencia, generando mayores tensiones en el entorno compartido con el agresor”, siguió planteando.
Asimismo, “en el contexto de la pandemia de COVID-19, los estereotipos de género le otorgan a las mujeres y niñas la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, provocando una mayor carga de trabajo no remunerado, lo que puede afectar su salud física y emocional”, advirtió.
“Por otra parte, la priorización de la pandemia como principal problema de salud pública, repercute en la prestación de servicios esenciales para las mujeres, como los de salud sexual y reproductiva y los de atención a la violencia”, agregó, a continuación.
Ello, “afectando sobre todo a las mujeres de escasos recursos económicos, que viven en zonas rurales aisladas, pertenecen a comunidades indígenas y Afro hondureñas o viven con alguna discapacidad”, denunció, mencionando a dos comunidades étnicas que constituyen, respectivamente, siete y dos por ciento de la población nacional -algo más de 9.2 millones de habitantes.
Respecto a la pandemia, de acuerdo con los más recientes datos de la estadounidense Universidad Johns Hopkins -actualizados diariamente-, el total de casos de Covid-19, a nivel mundial, era, al 14 de este mes, algo superior a 7.9 millones.
Estados Unidos sigue encabezando la lista global, con poco más de dos millones de casos, seguido por Brasil -el país latinoamericano más golpeado por la pandemia-, con 867,624, y Rusia, en tercer lugar, con 528,267.
A nivel Latinoamericano, Brasil es seguido por Perú, con 229,736, Chile (174,293), y México, (146,837).
En el contexto específico centroamericano, Panamá se ubica en primer lugar, con 21,418 casos, seguido por Guatemala (9,845), Honduras (8,858), El Salvador (3,720), Nicaragua (1,464), Cota Rica (1,715), Belice (20).
