El anuncio formulado por el sistema de seguridad social de Costa Rica, en el sentido de que el método anticonceptivo de emergencia popularmente conocido como “la pastilla del día después” es, desde ahora, de acceso gratuito, marca un avance esencial en materia de salud sexual y reproductiva, expresó la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero.
El hecho de que la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pueda proporcionar, universalmente, la anticoncepción oral de emergencia, implica el reconocimiento al derecho de la población femenina a optar en materia de maternidad, aseguró Guerrero, quien también se desempeña como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Se amplía, de este modo, la oferta, ya que, hasta ahora, este recurso estaba disponible exclusivamente para víctimas de agresión sexual, precisó el Inamu, en un comunicado que emitió poco después del anuncio que la CCSS formuló el 5 de mayo.
“Ya es una realidad que las mujeres pueden acercarse a los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social para solicitar la anticoncepción oral de emergencia”, expresó Guerrero, citada en el texto.
Ello, “sin lugar a duda, es uno de los principales avances en materia de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres en el país”, reflexionó, a continuación.
El hecho de que el seguro social “pueda suministrar la anticoncepción oral de emergencia para uso de cualquier mujer que así lo requiera, es reconocer el derecho que tienen todas las mujeres de elegir respecto a sus maternidades”, señaló la ministra, una ex legisladora (2014-2018) por el gobernante Partido Acción Ciudadana.
Igualmente, “que ese derecho se brinde por medio del aseguramiento social, es reconocer la obligación del Estado en la protección de los derechos de las mujeres”, precisó.
En el comunicado de ocho párrafos, el Inamu indicó que “la anticoncepción de emergencia amplía la oferta anticonceptiva que se brinda en los servicios de la CCSS”.
“Su uso, ahora, es recomendado no solo en casos de violencia sexual sino también como un método anticonceptivo alternativo para cuando se haya tenido relaciones sexuales sin protección, o cuando, por alguna razón, el método anticonceptivo haya fallado”, agregó, en el texto que tituló “País avanza en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Al enumerar lo que describió como “avances en materia de salud sexual y reproductiva” en el país centroamericano, el instituto indicó que, “en los últimos años (…) se logró reducir la tasa de embarazo en adolescentes, pasando de un 29,8% en el año 2013, a 21,5% en el año 2018”.
Además, se implementa “la estrategia de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VHP), dirigida a niñas de 10 años”. Continuó enumerando.
“Otro logro importante se relaciona con la implementación de la Fertilización in Vitro (FIV) que realiza la Caja”, agregó.
En este sentido, relató que, “en junio del 2019, se inauguró la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad en el Hospital de las Mujeres”, y que, a diciembre de 2020, han tenido lugar 27 nacimientos -14 niñas y 13 niños-, que 20 pacientes embarazadas fueron dadas de alta, además de que, actualmente, 10 mujeres están em proceso de seguimiento inicial de embarazo temprano.
El Inamu informó, asimismo, que “dicha Unidad alcanzó una tasa de embarazo de 41%, superando los estándares de efectividad internacionales”.
También en materia de avances, señaló “el registro del condón femenino, en la Lista Oficial de Medicamentos de la Caja”, al igual que “la aprobación de un lineamiento para la esterilización quirúrgica en personas con discapacidad en cual se incluye el consentimiento informado de la persona usuaria”.
Igualmente, destacó “avances en la atención del parto humanizado, con la reforma al artículo 12 de la Ley General de Salud, para proteger a las mujeres embarazadas, antes, durante y después del parto”.
En esa disposición, “se reconoce y se busca garantizar la protección de las mujeres en estado de embarazo, cuando sean sometidas a procedimientos de salud, especialmente ginecológicos, mediante una atención médica y administrativa integral, oportuna y respetuosa de su condición”, puntualizó.
Respecto al anuncio de la CCSS, Guerrero dijo que “la incidencia en la ampliación de la oferta anticonceptiva, la atención adecuada a las mujeres de todas las edades -incluyendo adolescentes-, y los procesos de formación de las personas prestatarias de salud, han sido procesos en los cuales el INAMU ha acompañado a la CCSS como la institución que garantiza los servicios esenciales de salud con carácter público con la que cuenta el país”.
“Como representantes del Estado costarricense, estamos caminando hacia el cumplimiento pleno de los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud”, aseguró, a continuación.
La ministra formuló el anuncio poco después de que la CCSS anunció el acceso universal y gratuito al método oral anticonceptivo.
La entidad explicó, en un comunicado, que “el objetivo de abrir el acceso a este recurso anticonceptivo, es brindar diversas posibilidades para ajustarse a la situación, las características, y las necesidades de cada persona”.
También apunta a “impactar, de forma positiva, en la salud sexual de la población”, agregó.
En declaraciones reproducidas en el texto de la CCSS, la ginecóloga Angélica Vargas aclaró que “estos medicamentos no son abortivos”, y reafirmó que “impiden la concepción, pero no malogran una concepción ya realizada”.
La institución señaló, asimismo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que “las mujeres con riesgo de embarazo indeseado tienen derecho a la anticoncepción de urgencia”.
Al informar, el 12 de marzo, respecto a la afectación de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) denunció la pérdida de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que generó, en más de un centenar de países, un aumento exponencial de embarazos no deseados.
Ello, debido a que los servicios de salud, a nivel global, debieron desviar, para atender la crisis sanitaria, recursos asignados a planificación familiar, explicó la agencia especializada de Naciones Unidas.
Medidas aplicadas por la mayoría de gobiernos, para tratar de contener la propagación del virus, generaron esa situación, precisó.
Entre esas acciones figuran el aislamiento social -cuarentena, en algunos casos, obligatoria y hasta impuesta mediante toque de queda-, estrategias de cierre comercial y de servicios, restricciones en materia de movilidad.
“Las interrumpidas cadenas globales de producción y abastecimiento, e instalaciones de salud desbordadas, también amenazaron con reducir la disponibilidad de insumos y servicios de planificación familiar”, agregó.
Frente a ello, “el Unfpa logró procurar y entregar anticonceptivos y otros suministros de salud reproductiva (…) no obstante las limitaciones de cadena y los costos en alza”, precisó.
De acuerdo con las cifras dadas a conocer entonces por la entidad, a causa de las interrupciones provocadas por la emergencia sanitaria global, “en el último año, casi 12 millones de mujeres de 115 países perdieron el acceso a los servicios de planificación familiar, lo que originó 1,4 millones de embarazos no planeados”.
