La periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada y sometida a diversos vejámenes -incluidas violación y tortura-, mientras cumplía una misión informativa, siente que ese brutal incidente le arrebató la vida.
El ejercicio de su profesión ha sido un esencial punto de apoyo para hacer frente a las cicatrices físicas y psicológicas resultantes de la agresión, dijo, además, Bedoya, al declarar, en la audiencia virtual que, sobre su caso, la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), inició el 15 de marzo.
La segunda de las tres sesiones inicialmente programadas no se llevó a cabo, a causa de un agresivo cuestionamiento de la representación del Estados de Colombia -que incluyó su retiro temporal de la audiencia, y la recusación, por parte de ese equipo de trabajo, de cinso de los seis jueces quienes entienden en el proceso legal-.
Al respecto, la Corte IDH indicó, un día después, en un escueto comunicado, que “se informa que, por decisión del Pleno de la Corte IDH, se ha suspendido la realización de la segunda jornada de la audiencia pública (…) prevista para el día 16 de marzo. Se informará oportunamente sobre la reanudación de la misma”.
Ello, mientras, según versiones periodísticas, los jueces analizaban lo planteado por la representación del Estados colombiano.
De acuerdo con la información oficial sobre el caso, dada a conocer por el tribunal continental con sede en Costa Rica, “una serie de alegadas violaciones de derechos humanos derivarían del secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por motivos vinculados a su profesión y la alegada falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado para protegerla y prevenir la ocurrencia de dichos hechos”.
“Se alegó que la periodista (…) habría sido secuestrada frente a un establecimiento carcelario estatal y retenida por varias horas de ese día (25 de mayo de 2000), mientras cumplía su labor periodística en el marco de una investigación con motivo del enfrentamiento entre paramilitares y miembros de grupos de delincuencia común al interior de la Cárcel Nacional Modelo”, en Bogotá, la capital del país sudamericano, agregó la Corte IDH.
“Siendo así, se argumentó que el Estado colombiano tuvo conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba la periodista y no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla”, planteó, además.
“Asimismo, se alegó que el Estado estaba especialmente obligado a actuar con debida diligencia para proteger a Jineth Bedoya contra ataques a su seguridad personal y actos de violencia sexual debido al contexto generalizado de violencia sexual contra las mujeres que habría caracterizado el conflicto armado colombiano”, agregó.
“Por último, se indicó que este es el primer caso en el que la Corte tendrá la oportunidad de desarrollar estándares sobre las obligaciones positivas de protección con enfoque de género que los Estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo especial en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo”, precisó el tribunal.
En la relación del hecho que, sobre el caso, difundió en 2020, en su sitio en Internet, la no gubernamental red internacional promotora y defensora de la libertad de expresión Ifex indicó que, en su esfuerzo por lograr justicia, Bedoya “ha instalado en la consciencia pública el problema de la violencia sexual hacia las mujeres en Colombia”.
“El día de su ataque, Bedoya era una periodista de (el diario) El Espectador trabajando en una historia sobre la violencia en una prisión de máxima seguridad, en la que estaban implicados funcionarios estatales y grupos paramilitares”, comenzó a narrar Ifex.
La red aclaró que la profesional fue engañada, para que ingresara a la instalación penitenciaria, lo que facilitó su violenta abducción.
“Durante su estancia en la prisión, en virtud de lo que serían falsos pretextos para entrevistar a un líder paramilitar, fue secuestrada, torturada y violada por tres paramilitares”, agregó.
“Al torturarla, los atacantes de Bedoya le dijeron: ‘estamos enviando un mensaje a la prensa en Colombia’. El secuestro ocurrió a plena luz del día y se sospecha que la policía local fue cómplice del mismo”, precisó.
“Ella es bien conocida por sus informes sobre los grupos paramilitares de Colombia, así como por los secuestros y amenazas que sufrió en el 2000 y 2003 en el curso de su trabajo profesional”, señaló, a continuación.
Ifex también afirmó que, “desde su secuestro, tortura y violación en el 2000 su caso se ha convertido en sinónimo de la impunidad y de la corrupción que está arraigada en el sistema judicial colombiano”.
Un tribunal de Bogotá condenó, como autores materiales de la agresión contra Bedoya, a Jesús Emiro Pereira Rivera -a 40 años y seis meses de prisión por secuestro, violación y tortura- y a Alejandro Cárdenas Orozco -a 30 años de prisión por agresión-.
El segundo, cumplía, desde 2016, condena a 11 años de prisión, por cargos de secuestro y tortura, en el mismo caso.
Sin embargo, no se ha actuado penalmente contra sospechosos de ser los autores materiales del delito.
En tal contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) -que determina los procesos que debe emprender la Corte Idh)- decidió, el 16 de julio de 2019, llevar, al tribunal americano, el caso de Bedoya.
Al participar en la primera jornada de la audiencia, la periodista nafró que agentes policiales le sugirieron entrevistarse, en la cárcel, con jefes paramilitares, lo que, según diversas fuente, incluidas versiones periodístiocas, constituyó el engaño para secuestrarla.
También dijo que, repetidamente, sus captores la maltrataron también verbalmente, con afirmaciones insultantes contra los profesionales de medios de comunicación.
“Me decían que los periodistas se metían donde no debían, que la verdadera plaga no eran ellos sino los periodistas, y que éste era un escarmiento para la prensa”, relató.
Por otra parte, denunció que, en el marco de la investigación judicial colombiana -de la cual precisó que “poco ha avanzado”- compareció, hasta ahora, doce veces, para dar testimonio de la violación y otros vejámenes, lo que ha implicado su recurrente revictimización.
La periodista planteó, asimismo, que, en tal cuadro de situación, ha desarrollado su propia investigación, lo que le permitió determinar el involucramiento de personal policial, y que un general de la fuerza policial ordenó su secuestro.
Se trata de un oficial quien no está activo en esa institución, y que administra empresas de seguridad privada, señaló.
Indicó, también, que es necesario que sea clausurado el establecimiento carcelario donde fue vejada, y que la instalación -donde las violaciones a los derechos humanos son lo habitual-.
Visiblemente emocionada, expresó: “mi vida se destruyó, a mí me mataron, la mañana del 25 de mayo”.
En alusión a su trabajo periodístico -actualmente, es subdirectora del diario colombiano El Tiempo- y a su labor de concientización sobre la violencia de género, expresó que “he creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor, pero, lamentablemente, mi vida se acabó”.
“Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos?”, preguntó, a manera de intensa reflexión, para aclarar: “porque eso es lo que hace la violencia sexual”.
