Aproximadamente setenta mujeres fueron detenidas por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellas, una embarazada, y su hija de ocho años, de acuerdo con versiones periodísticas
La brutal represión antiopositora con la cual el régimen de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, intenta -sin éxito- frenar la masiva protesta popular que convulsiona al andino país sudamericano, presenta el componente de ensañamiento de género, según han denunciado organizaciones de sociedad civil así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Uno de los hitos de la acción contra las manifestaciones -generadas por la destitución parlamentaria, el 7 de diciembre, del izquierdista presidente constitucional peruano Pedro Castillo- fue la particularmente violenta incursión policial, la mañana del 21 de enero, en las instalaciones de la pública Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), donde se encontraba un número considerable de manifestantes.
La brutalidad implementada por las fuerzas invasoras -apoyadas por un tanque de tipo militar- fue condenada por las autoridades de la universidad, no obstante, el hecho de que la operación fue solicitada por la rectora del centro de altos estudios, Jeri Ramón.
En el marco de esa operación, aproximadamente setenta mujeres fueron detenidas por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) -entre ellas, una embarazada, y su hija de ocho años-, de acuerdo con versiones periodísticas.
Al relatar, el 29 de enero, ese incidente, la agencia informativa argentina Infobae indicó que “todas ellas -entre estudiantes universitarias, campesinas, indígenas y quechuahablantes del sur del Perú que llegaron a Lima para protestar contra el gobierno (…) y el Congreso de la República- fueron humilladas y criminalizadas”.
Esto, “al ser obligadas a tirarse al piso en filas mientras los agentes revisaban sus pertenencias, pese a que según las imágenes captadas no ofrecieron resistencia”, precisó el medio de comunicación, en la nota que tituló “Denuncian graves agresiones de la PNP contra mujeres manifestantes”.
“Entre este numeroso grupo había una joven madre embarazada que recibió el mismo trato, sin tomar en consideración su avanzado estado de gestación”, identificada con las iniciales MO, quien “fue trasladada hasta la sede de la Dirincri, junto a su pequeña hija de ocho años”.
Dirincri es la sigla de la Dirección de Investigación Criminal, perteneciente a la PNP.
Infobae precisó, asimismo, que, “en cuanto a la madre gestante, de acuerdo a nuestras fuentes no fue liberada sino hasta el filo de medianoche”.
“Incluso, una publicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) confirma esta afirmación, aunque el Ministerio Público afirmó que había sido liberada ‘inmediatamente’ tras conocerse su estado, lo cual no se ajusta a la verdad”, indicó, a continuación.
De acuerdo con esta versión periodística, “la actuación del Mimp también fue tardía porque se sabía que en la Dirincri estaban detenidas una madre y su niña desde las primeras horas” del día de esa operación policial, siguió informando, a manera de denuncia.
“Pero la institución no se hizo presente sino hasta la tarde, varias horas después”, y “luego confirmó que la menor estaba siendo atendida por la Unidad de Protección Especial (UPE) y también apoyaron a la madre a trasladarse hacia el domicilio de su familia, luego de que realizara su declaración ante la Fiscalía”, agregó.
La agencia también citó a la secretaria ejecutiva de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Jennie Dador, en el sentido de que “algunas manifestantes estaban siendo forzadas a desnudarse, para ser revisadas en sus zonas íntimas, en búsqueda de drogas”.
Ello ocurrió en la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), “lo cual resultaba inexplicable, por la carga violenta del hecho y porque las acusaciones no iban por ese terreno”, precisó la activista de derechos humanos.
“A mí, quien me comunica de esto, es un funcionario, que me dice que las mujeres adentro se están quejando de que las están tocando indebidamente con el cuento de las revisiones”, siguió denunciando Dador -abogada con especialización en temas de género-, en declaraciones a Infobae.
“No tengo el dato de cuántas son, ni de quiénes son, pero yo tenía que hacer pública la denuncia para, de alguna manera, parar lo que estaba ocurriendo adentro”, expresó.
La defensora de las garantías fundamentales también dijo que “varias mujeres (detenidas) estaban en periodo de menstruación, y se les negó implementos para su higiene, e inclusive, algunas alumnas universitarias, denunciaron que no se les permitía ir al baño durante su detención”.
Dador describió esa conducta de las autoridades policiales como “otra forma de tratos humillantes, y vulnera, obviamente, sus derechos”.
Infobae indicó, además, la Cidh también se pronunció respecto a la brutalidad policial que caracteriza a la represión antiopositora -particularmente a la evidenciada en la invasión a la sede universitaria-.
“La CIDH condena el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, así como repudia cualquier practica de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”, planteó la entidad continental que trabaja en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Se recuerda que el Sistema Interamericano ha sido categórico respecto a la violencia sexual contra mujeres en contexto de manifestaciones y la utilización de prácticas de violencia sexual por parte de agentes estatales como una táctica de control, dominio, e imposición de poder, que busca transmitir su mensaje de represión”, agregó.
“Tales actos son una forma de violencia de género que, además de constituir discriminación, podrían ser actos constitutivos de tortura”, advirtió, al denunciar lo ocurrido.
Por su parte, la presidenta interina ha tratado, recurrentemente, de atribuir la oposición popular y la violencia policial antiopositora al machismo, aduciendo que las protestas responden, en realidad, al hecho de que una mujer en el ejercicio de la presidencia.
Al respecto, Infobae señaló que, “a mediados de diciembre, cuando (…) se contaban 26 fallecimientos la jefa de Estado continuaba señalando que las exigencias de su renuncia eran consecuencia de que ella es mujer, cuando en todas las protestas no se han evidenciado mensajes misóginos ni machistas, solo arengas políticas”.
La agencia hizo, así, referencia al hecho de que las manifestaciones apoyan, desde el inicio, los reclamos populares de cierre del Congreso, adelanto, a 2024, de las elecciones generales -constitucionalmente programadas para 2026-.
Boluarte dijo, en una conferencia de prensa llevada a cabo el mes pasado, que “quiero decirle a mis hermanos varones: no al machismo”.
“¿Acaso porque soy mujer, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis, acaso no hay derecho de que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone?”, planteó, durante ese diálogo con periodistas, en el cual omitió referirse a las acciones policiales así como a las bajas fatales generadas por las operaciones antiopositoras.
Más recientemente, a raíz de la invasión a la universidad, aseguró, el 24 de enero, textualmente: “no creo ser una mujer que sea también violencia contra la mujer”.
“Soy la primera mujer que asume la Presidencia de la República, que asume la presidencia en 201 años de historia republicana”, agregó, en alusión al acontecimiento que no ocurrió por elección popular sino en el contexto de la presente crisis institucional peruana.
También dijo, textualmente: “no creo ser víctima del machismo, y por eso está la violencia en la calle”.
Por otra parte, al dirigirse a la población femenina peruana, formuló un llamado, “a ti mujer, a ti hermana: unámonos en un solo corazón, y podamos demostrar que las mujeres sí tenemos la capacidad, y las decisiones, para gobernar el país”.
Pero los planteamientos de Boluarte son rechazados por organizaciones y dirigentes feministas peruanas, citadas por Infobae.
En opinión de la directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, “nosotras ya hemos manifestado una posición contraria a que la presidenta trate de escudar la responsabilidad del Estado en conducir una salida a esta crisis, con la discriminación de género”.
“Es cierto que, digamos, todas las mujeres tienen difícil el ejercicio de sus derechos políticos”, admitió.
“Sin embargo, en este caso, no podemos usar, instrumentalizar, la lucha por los derechos políticos de las mujeres, o la lucha por el derecho a una vida libre de violencia, para justificar la represión brutal que se tiene actualmente en el manejo de la crisis”, aclaró.
“Creo que es una forma de victimización que no contribuye”, reflexionó.
Al respecto, Dador indicó, respecto a la agresión de género enmarcada en la represión antiopositora, que “una de las vulneraciones contra las mujeres tiene que ver con las connotaciones de violencia sexual”.
“Ojo, que no es que no le ocurra a los hombres -también puede ocurrir-, pero este tipo de prácticas están generalizadas históricamente respecto a las mujeres: el tema de los tocamientos, el tema de la violación sexual.”, precisó.
“Además, hay jurisprudencia de la Cidh, hay razonamientos, de que hay afectaciones diferenciadas por género”, siguió puntualizando.
Y, a continuación, explicó: “por ejemplo colocar, a mujeres embarazadas, contra el suelo -como también ocurrió en este caso (la invasión policial a la universidad), cuando se les detuvo-, privarlas de posibilidades de higiene menstrual, etc”.
