Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos solicitaron la realización de una investigación internacional independiente sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Irán
En Irán, las manifestaciones por las garantías fundamentales de la población femenina son brutalmente reprimidas y el componente de violencia de género es flagrante, lo mismo en los ataques armados contra las protestas que en los centros de detención del régimen teocrático islámico -instalado, en 1978, en el país del oeste asiático-, de acuerdo con lo que 21 especialistas plantearon en una declaración.
Ante ese violento cuadro de situación, el grupo expresó apoyo a “los llamamientos a la creación de un mecanismo internacional de investigación, para garantizar la rendición de cuentas en Irán, y poner fin a la persistente impunidad de las graves violaciones de derechos humanos”.
Las manifestaciones vienen teniendo, incesantemente, lugar hace más de un mes, en inmediata reacción al asesinato, el 16 de setiembre, de Mahsa Amini, de 23 años, mientras se hallaba detenida.
La joven fue arrestada, en Teherán -la capital nacional-, por efectivos de la Gasht-e Ershad (Policía Guía, o Policía Orientadora) -fuerza de seguridad de control de la fe, popularmente conocida como “policía de la moral” -.
Según los agentes involucrados en el arresto, Amini violó la estricta Ley sobre Hijab y Castidad, al llevar inadecuadamente puesto su hijab -velo religioso que cubre la cabeza, hasta los hombros, de quienes lo usan-, ya que no le ocultaba, completamente, el cabello.
La aplicación de esa legislación es responsabilidad de la Sede para el Ordenamiento del Bien y la Prohibición del Mal -una especie de ministerio de la moralidad-, y la severidad en la aplicación de esa ley fue fortalecida, en agosto, mediante decreto del cuestionado presidente Iraní, Ebrahim Raisi.
El asesinato de Amini, mientras estaba en custodia policial, disparó, a nivel nacional, marchas por parte de mujeres -principalmente jóvenes, incluidas adolescentes-, y con participación de hombres.
Las protestas -que se mantienen en decenas de ciudades incluida Teherán- han incluido, como signos más visibles, la remoción y quema de hijabs, lo mismo que el corte de pelo, por parte de numerosas participantes.
“Estamos profundamente preocupados por los continuos informes sobre el uso deliberado e ilegal, por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, de munición real, balines metálicos, y perdigones, contra manifestantes pacíficos y desarmados, en violación de los principios de legalidad, precaución, necesidad, no discriminación y proporcionalidad, aplicables al uso de la fuerza”, expresaron.
“El Gobierno tiene que instruir a la policía para que cese de inmediato el uso de la fuerza excesiva y letal, y ejerza la contención”, plantearon, asimismo.
Los firmantes de la declaración, también denunciaron que “los informes sobre violencia física y sexual contra mujeres y niñas, durante las protestas y en espacios públicos, y la negación de los derechos de otras mujeres y niñas mientras están detenidas o cuando actúan en público, son aterradores”.
“Vemos estas violaciones como una continuidad de la discriminación de género, generalizada y persistente, arraigada en la legislación, las políticas, y las estructuras sociales” iraníes, reflexionaron.
“Todo ello ha sido devastador para las mujeres y las niñas del país durante las últimas cuatro décadas”, aseguraron.
Los expertos hicieron, así, referencia a la arbitraria y misógina teocracia que gobierna, desde 1979, al país.
La dictadura impone, por la fuerza, su arbitraria interpretación de la legislación y las costumbres islámicas, lo que hace violando las garantías fundamentales, en general, y, los derechos de la población femenina, con particular ensañamiento.
Instalado, ese año, en el poder, el régimen es encabezado por un líder supremo
-actualmente, el ultraconservador ayatola (máximo sacerdote) Ali Khamenei-, la más alta autoridad gubernamental -con rango superior al presidente-.
En tal contexto, el patriarcado sacerdotal obliga, a las mujeres -y a las niñas, a partir de la edad de siete años-, a usar hijab.
El propósito específico de este accesorio es el de cubrir el cabello -que, de acuerdo con lo establecido por la costumbre musulmana, las mujeres mantienen largo-.
Según lo determinado por el régimen, el hijab debe usarse ajustado a la cabeza, de modo que, no hacerlo, significa brutal sanción.
Respecto a la declaración de los expertos internacionales, Noticias ONU -la agencia informativa de Naciones Unidas- indicó, el 26 de octubre, que “las investigaciones sobre la muerte de Amini, así como otras que se han denunciado desde entonces, parecen no haber cumplido los requisitos mínimos de independencia e imparcialidad”.
En ese marco de impunidad, los firmantes del documento solicitaron, al consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -organismo con sede en la sudoccidental ciudad suiza de Ginebra, cercana a la frontera con Francia- “que adopte urgentemente las medidas necesarias para abordar la situación, incluida la organización de una Sesión Especial”.
Los especialistas abordaron, igualmente, el tema de “informes sobre actos de intimidación y acoso contra los familiares de los manifestantes, por parte de las autoridades”.
También precisaron que esas denuncias, apoyadas sobre evidencia, “indican que se está interrogando a los familiares, de forma ilegal, con el fin de obtener información falsa que atribuya la responsabilidad del asesinato de sus parientes a los ‘alborotadores’ o a personas que trabajan para los ‘enemigos de la República Islámica de Irán’”.
Foto: Sangeet Rao
