Población femenina es víctima de violencia de género de parte de crimen organizado

Las mujeres, niñas y adolescentes se encuentran en una compleja situación marcada por diversas formas de interacción con los grupos del crimen organizado

La presencia de organizaciones de crimen organizado -incluidas maras (pandillas), los altos índices de violencia social e inseguridad ciudadana, el débil tejido institucional democrático, y el enraizamiento de la corrupción, se combinan para perpetuar la agresión contra la población femenina del Triángulo Norte de Centroamérica.

Al formular esa conclusión, en un reciente informe sobre esa situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) también determinó que la interacción, de mujeres -adultas, lo mismo que niñas y adolescentes-, con la criminalidad organizada, las coloca en una situación de alta complejidad.

Respecto a ese riesgoso contexto que caracteriza al Triángulo Norte -constituido por El Salvador, Guatemala, Honduras, y considerado como una des las regiones más violentas a nivel mundial-, integrantes de la Cidh coincidieron en señalar que los estados involucrados no abordan eficazmente el negativo fenómeno social.

“En la región de América Latina y el Caribe se han reportado elevados niveles de crimen y violencia”, señaló la comisión continental, en una de las nueve conclusiones que incluyó en el último de los seis capítulos del informe que tituló “El Impacto del Crimen Organizado en las Mujeres, Niñas y Adolescentes en los países del Norte de Centroamérica”.

Ello, “como resultado -en muchos casos, aunque no exclusivamente-, del auge de grupos criminales que actúan por fuera de los marcos institucionales y legales, y que operan clandestinamente controlando grandes zonas de territorio”, precisó, a continuación.

“La vinculación de estos grupos con actividades ilícitas o delictivas, de las cuales obtienen lucro, su influencia en el espacio público, y su capacidad de permear y cooptar las instituciones del Estado, resultan en serias afectaciones a los derechos humanos y en particular, a los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes”, agregó, en texto de 134 páginas.

“En el caso específico de los países del Norte de Centroamérica, existe un complejo contexto marcado por elementos interrelacionados como: presencia de grupos de criminalidad organizada, alarmantes niveles de violencia social en inseguridad ciudadana, debilitamiento de la institucionalidad democrática y prevalencia de la corrupción”, explicó.

“Lo anterior, aunado a un escenario de alarmantes niveles de violencia de género, que encuentran su causa y consecuencia en la discriminación histórica y estructural contra las mujeres y que, derivado de estas estructuras de discriminación, tiende a agudizarse en contextos de crisis como los mencionados anteriormente”, indicó.

La Cidh también concluyó que, “de esa manera, la violencia contra las mujeres basada en su género es continua y está siempre presente en todas las etapas de sus vidas y en diferentes contextos”.

Al respecto, señaló que, “de forma particular, la Comisión observa que las mujeres, niñas y adolescentes se encuentran en una compleja situación marcada por diversas formas de interacción con los grupos del crimen organizado”.

“Además, el control ejercido por estos grupos, las amenazas y la violencia que ejercen contra las mujeres y las niñas también ha contribuido al desplazamiento interno y a la migración a través de las fronteras regionales de miles de ellas, buscando huir de la violencia u obtener protección internacional”, indicó el grupo de trabajo continental.

Y agregó que, “como personas en situación de movilidad, muchas de ellas enfrentan también formas adicionales de violencia y discriminación de género, evidenciado la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres migrantes en la región”.

La Cidh hizo, así, referencia al masivo y constante fenómeno migratorio que tiene origen en el Triángulo Norte y, cruzando el territorio mexicano, tiene destino, mayoritariamente, en Estados Unidos.

Al cubrir, por tierra, el recorrido de unos cuatro mil kilómetros en promedio, los migrantes -incluidos mujeres, algunas de ellas embarazadas, y menores de edad, frecuentemente desplazándose solos- enfrentan brutales peligros que llegan a costar vidas.

Entre esos riesgos, figuran la presencia de estructuras de crimen organizado -dedicadas a, por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de personas, la explotación sexual y laboral- que operan en un contexto marcado por la corrupción de autoridades lo mismo civiles que militares y policiales.

Citadas en la nota informativa que, sobre el informe, la Organización de los Estados Americanos (OEA), difundió, el 24 de abril, en su sitio en Internet, dos comisionadas de la Cidh se refirieron al dramático cuadro de situación de violencia de género en al Triángulo Norte.

“Hemos recibido información sobre atroces actos de violencia contra mujeres, muchas de ellas niñas y adolescentes, relacionadas con el actuar del crimen organizado”, planteó Esmeralda Arosemena, relatora sobre Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

“Uniones forzadas, asesinatos, desapariciones, torturas, violencia sexual, trata de personas o formas análogas a la esclavitud, nos fueron señaladas”, agregó Arosemena, una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, así como del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, de Panamá.

“Todo ello, en un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática, y de prevalencia de la corrupción, lo que impacta negativamente en la capacidad de los Estados para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, las niñas, y las adolescentes”, dijo, a manera de denuncia.

Por su parte, Julissa Mantilla, relatora sobre Derechos de las Mujeres, aseguró que “la violencia contra las mujeres, en contextos de criminalidad organizada, no ha sido aún analizada en profundidad, y tampoco ha sido abordada adecuadamente desde los Estados”.

“La literatura y los estudios sobre el crimen organizado no han aplicado un enfoque de género, ni han reconocido las relaciones de poder y de género, en estos contextos violentos”, planteó Mantilla, quien fue integrante de la Defensoría del Pueblo, de Perú.

La integrante de la Cidh, expresó, asimismo, que “esperamos, con este informe, contribuir a una mejor comprensión de esta situación, y acompañar a los Estados a abordarla, en línea con los estándares interamericanos”.

Foto: Donald Tong


Publicado

en

por

Etiquetas:

Salir de la versión móvil