Considerar que no es necesario contar con un instituto que defienda y promueva los derechos femeninos sería aceptar que toda mujer, incluyendo niñas, adolescentes y adultas mayores, no tienen sensibles desventajas sociales y económicas derivadas por el discrimen de género.
La defensa de los derechos de las mujeres han pasado y sigue transitando por el escabroso camino del ¿por qué a ellas y no a otros grupos mas vulnerables como los niños y adultos mayores? ¿Por qué no existe una institución que apoye a los hombres agredidos por las mujeres?
El principal argumento de los detractores de organizaciones públicas como el INAMU es que el Estado debe proteger a todos los miembros de la familia y no solo a un grupo. Si bien es cierto que es obligación del Estado cuidar los intereses de la sociedad, siendo el principal protector y promotor del respeto a los derechos humanos, lo que implica luchar por la plena realización de todos y cada uno de sus miembros, también es cierto que debe proveer justicia y equidad según la proporción y magnitud de la desigualdad.
Es precisamente la esencia de los derechos humanos la que procura crear mecanismos de protección a las personas para el logro de la igualdad, de manera que obtengan los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto. Es el Estado el llamado a prevenir, mitigar y erradicar toda acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato.
¿Entonces, dejando la retórica a un lado, es o no la mujer el mayor grupo discriminado en el mundo y en Costa Rica? Veamos cifras. El 70% de los 1.500 millones de personas que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres. A las mujeres se les reservan los puestos de “bajo perfil” o de “perfil asistencial”, los cuales tienen salarios bajos. A nivel mundial, las mujeres ganan únicamente tres cuartas partes de lo que ganan los hombres, incluso con el mismo nivel de educación y el mismo cargo. Se estima que tan solo el 7% de la tierra pertenece a mujeres, dado que por miles de años en su mayoría son los hombres los que la heredan.
Pero no solo la desigualdad se da en el aspecto económico; es peor en lo social. En el mundo 66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año, representando el 17% del total de víctimas de homicidios intencionados cometidos mayoritariamente por varones.
Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Algunos estudios demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida.
Unas 500 mil personas se mueven en el mercado de 32 mil millones de dólares anuales de esclavitud sexual y de ellas el 98% de las víctimas son mujeres.
De esta realidad no escapa Costa Rica, en donde vivimos los mismos problemas, en menor o mayor grado, que la mayoría de los países en el mundo, con mujeres pobres, desempleadas y agredidas que los hombres.
La realidad es que hay menos niños y adultos mayores asesinados, agredidos y discriminados en comparación con las mujeres; y son menos los hombres discriminados y víctimas de trata.
Considerar que no es necesario contar con un instituto que defienda y promueva los derechos de las mujeres como el INAMU sería aceptar que toda mujer, incluyendo niñas, adolescentes y adultas mayores, no tienen sensibles desventajas sociales y económicas derivadas por el discrimen de género. Sabemos que no es cierto; las estadísticas hablan. La historia nos ha enseñado que lo que no se ha dado por el ordinario proceso de evolución social hay que empujarlo, impulsarlo e incitarlo.
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