El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio cumplimiento a una promesa clave de su campaña electoral: presentó, al Congreso, el proyecto de ley que apunta a despenalizar y a legalizar el aborto.
Fernández -quien aún no completa el primer año de su mandato (2019-2023)-, simultáneamente entregó, al organismo legislativo, una propuesta de ley que apunta a proporcionar acompañamiento a mujeres embarazadas, en situación de vulnerabilidad socioeconómicas, y a sus hijos de hasta tres años.
Al dirigir, la mañana del 17 de noviembre, un mensaje a sus compatriotas, para anunciar ambas acciones, el centroizquierdista mandatario expresó que “estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública, y que, con ello, estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda”.
Fernández hizo, así, alusión a la masiva exigencia de la mayoría de mujeres en cuanto a la tramitación del primero de ambos proyectos.
Las iniciativas de ley son, respectivamente conocidas como de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y Programa de los Mil Días.
“A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esa presidencia, y al dar inicio a este período parlamentario (el 1 de marzo de este año), tomé un compromiso, ante ustedes, que hoy vengo a cumplir”, expresó Fernández.
“En el día de hoy, enviaré, al Congreso de la Nación, para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”, agregó.
Al detallarlos, indicó que, uno de ellos, “legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida (de las mujeres)”.
El otro proyecto, “instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer, durante el embarazo, y de sus hijos e hijas, durante los primeros años de vida”, señaló, a continuación.
“Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes, en sus proyectos de maternidad”, dijo.
“Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, precisó.
Respecto a la penalización del aborto, el mandatario planteó que se trata de una medida no sólo carente de utilidad sino causante de riesgo para la salud de elevados números de mujeres.
“La criminalización del aborto, de nada ha servido: solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes”, subrayó.
Fernández respaldó, con cifras, su planteamiento al señalar que, anualmente, en Argentina, aproximadamente 38 mil mujeres son hospitalizadas a causa de interrupciones de embarazos precariamente realizadas.
“Y, desde la recuperación de la democracia, murieron más de 3000 mujeres por esa causa”, agregó.
El presidente mencionó, así, el restablecimiento del sistema democrático luego del período de sanguinaria dictadura militar (1976-1983) -eufemísticamente denominado “Proceso de Reorganización Nacional”-.
“La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros”, puntualizó, al refutar planteamientos formulados por sectores opuestos al proyecto de ley.
“No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve”, aseguró, para agregar que “sólo resuelve un problema que afecta a la salud pública”.
“La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud”, ya que “los procedimientos validados, que se utilizan con estándares de la Organización Mundial de la Salud, son, en su mayoría ambulatorios -ni quirúrgicos ni farmacológicos-“, aclaró, de inmediato.
En opinión de Fernández, el debate en torno a la interrupción del embarazo debe trascender el tema de aceptación o rechazo, y centrarse en si el entorno en el cual se realiza el procedimiento es perjudicial, o no, para la salud de las mujeres.
“No es decirle sí o no al aborto”, expresó el mandatario, quien reflexionó que suele practicarse clandestinamente, poniendo “en riesgo la vida y la salud de las mujeres”.
Se trata de “superar si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”, aseguró.
En este sentido, planteó que las mujeres en condición de pobreza son quienes, mayoritariamente, “deben someterse a prácticas inseguras, por no poder costear lo que un aborto implica”.
Los procedimientos clandestinos implican, asimismo, el riesgo de fallecimiento o de afectaciones permanentes en materia de salud, advirtió, asimismo.
En cuanto al Programa de los Mil Días -cuyo nombre hace referencia al tiempo estimado que cubre el período de embarazo y los tres primeros años de vida del bebé- punta a proteger la salud de las embarazadas socioeconómicamente vulnerables, y, durante ese lapso de tiempo, la de sus hijos, explicó.
“Hemos instituido el Programa de los Mil Días, que busca bajar la mortalidad, la malnutrición, y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico, y la salud de manera integral de las personas gestantes, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, dijo.
Uno de los ejes de esta iniciativa se reviere a mujeres lo m ismo que a menores de edad, y cumbre, asimismo, los casos de niñas embarazadas.
Al respecto, en artículo 26 -del total de 33-, plantea, respecto a las niñas y las adolescentes menores de 15 años embarazadas, que “se les garantizará una atención oportuna para la detección de un posible abuso sexual”.
Ello, “con todos los resguardos necesarios para preservar su privacidad y la confidencialidad y respetar la autonomía progresiva según lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, evitando su revictimización”.
En cuanto al objetivo central del programa, el primer artículo establece que se trata de “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia”.
Esto, “en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.
En el tercer artículo, referido a “Principios Rectores”, se determina, entre otros, la “atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes”, la “simplificación de los trámites necesarios para el acceso a los derechos de la seguridad social”, además del “respeto irrestricto al interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva”.
Igualmente, el “respeto a la autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”, el “respeto a la identidad de género de las personas”, el “acceso a la información y a la capacitación para el ejercicio de derechos”.
Fernández expresó, a sus compatriotas, que “cumplo, así con mi compromiso de enviar ambos proyectos de ley para su debate parlamentario, siguiendo las reglas constitucionales”, y señaló que “propongo un debate franco, que se desarrolle en el marco del diálogo democrático”.
Además, dijo que “les pido, como Presidente de todos los argentinos y argentinas, que cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia”, porque “las diferencias nos hacen una sociedad plural, y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar”.