El patriarcado, profundamente enraizado en la sociedad latinoamericana, no perdona a las mujeres que toman la autónoma decisión de no cumplir el tradicional papel de entes meramente reproductores, y optan por el aborto
El hecho de que en algunos países de América Latina se la haya despenalizado -condicionadamente-, la interrupción del embarazo -sea voluntaria o accidental-, continúa siendo objeto de criminalización.
Por lo general, las extremistas legislaciones que legalizan esa forma de violencia de género justifican las ilegales judicializaciones, tipificando al aborto como alguna variante de homicidio.
La opinión de Ximena Casas, abogada y experta colombiana en el tema, señala que la criminalización de la interrupción del embarazo constituye una violación al derecho de las mujeres al pleno acceso a un componente clave de los servicios de salud sexual y reproductiva.
En declaraciones que la agencia informativa española Efe reprodujo el 28 de setiembre, Casas se refirió, también, a las sanciones previstas contra los profesionales quienes llevan a cabo el procedimiento quirúrgico, y dijo que ello conduce a que, en numerosos casos, la obligatoriedad paciente-médico es violada.
“Con el tiempo, hemos visto que, cada vez, hay más mujeres judicializadas en diferentes países”, denunció la experta, una investigadora en Derechos de las Mujeres, de la oenegé internacional Human Rights Watch (HRW).
Ello, “incluso donde avanzan las leyes para garantizar el acceso real y efectivo de un aborto legal y seguro”, precisó, a continuación.
Uso excesivo del derecho penal
En ese contexto, “vemos que hay un uso de ese derecho penal excesivo contra las mujeres, como castigo por no ejercer la maternidad, por no ejercer ese rol reproductivo que se ha impuesto”, agregó, en calidad de denuncia.
La ilegítima sanción es impuesta, “inclusive, a aquellas que tienen abortos espontáneos, o que tienen una emergencia obstétrica”, puntualizó la especialista.
“Sin embargo, las mujeres no necesariamente son judicializadas por delitos de aborto -cuyas penas, en la región, no exceden los ocho años- sino que van a la cárcel por crímenes como infanticidio, homicidio agravado, o asesinato, que eleva las sentencias hasta los 50 años”, reveló.
“El ejemplo más claro de esa situación está en El Salvador, donde decenas de mujeres han enfrentado juicios, o han ido a la cárcel, tras sufrir abortos y emergencias obstétricas (interrupciones no intencionales de embarazos)”, informó.
Casas hizo así referencia al hecho de que, en ese país del Triángulo Norte Centroamericano -El Salvador, Guatemala, Honduras, una de las regiones más violentas a nivel mundial-, cualquier interrupción de embarazo es sancionada mediante penas de prisión que, en promedio, se ubican en el rango de 30 años -en algunos casos 10, y en por lo menos uno, 50-.
La experta denunció, asimismo, que, en El Salvador, “varias de ellas -como Manuela y Beatriz- fallecieron (encarceladas) por no recibir tratamientos adecuados, en medio de un contexto de criminalización, una situación que se ha extendido poco a poco a más lugares”.
Respecto a estudios llevados a cabo sobre esa dramática situación latinoamericana, informó que, “hoy en día, con las 15 investigaciones que se han hecho a nivel regional, en diferentes países, vemos que la criminalización se va convirtiendo en una herramienta para limitar el acceso a un servicio esencial de salud como es el aborto”.
Un componente de esa variante de violencia de género consiste en la violación de la confidencialidad implícita en el trato paciente-médico.
En opinión de Casas, en tales casos, “la sala de emergencias del hospital al que las mujeres llegan con una emergencia obstétrica, se convierte en una puerta giratoria que las lleva a la cárcel”.
Es así que “hemos visto que muchas de estas mujeres entraron a un proceso de judicialización, porque se rompe ese secreto profesional”.
Según datos incluido por Efe, en la nota informativa, la confidencialidad fue quebrantada, durante una década, en Ecuador, en 73 por ciento de los casos, mientras que tal situación ha ocurrido, en Colombia, a 56 por ciento de las pacientes.
En cuanto a los ilegítimos procesos judiciales, Casas dijo que, una vez iniciados, las víctimas “entran a todo un patrón de vulneración a derechos humanos, en donde, a estas mujeres, se les viola el debido proceso porque las pruebas que se obtienen no tienen el acervo probatorio necesario”.
“Se llevan pruebas en donde se dice que hay rastros de misoprostol, en la sangre que se les saca a las mujeres”, no obstante el hecho de que, “científicamente, eso es imposible”, siguió revelando. “Sin embargo, son pruebas de la Fiscalía, que aceptan los jueces”, agregó.
Violación de derechos a las mujeres detenidas
Por otra parte, en el contexto de flagrante -e impune- violación a los derechos de las detenidas, “a las mujeres, muchas veces, se les toman testimonios en la Sala de Emergencia, y sin presencia de un abogado, al que todas tienen derecho”, explicó. “También se invalida su presunción de inocencia, pues se las trata como culpables, desde el principio”, señaló.
“Inclusive, a aquellas mujeres que tienen la oportunidad de tener una defensa legal, esos defensores les dicen que se declaren culpables, inclusive si han tenido una pérdida, un aborto espontáneo”, puntualizó, a continuación.
La especialista destacó, asimismo, la conducta vengativa del machismo tradicional, que atribuye, a las víctimas, el delito social de negarse a cumplir el papel de género tradicionalmente impuesto a la población femenina.
En algunos de los casos que ha estudiado, recuerda, a las mujeres se las ha enviado a hacer labor en orfanatos, como parte de una medida sustitutiva a la prisión.
En ese sentido, relató que, en casos que ha estudiado, “en las sentencias judiciales, se detallaba que era para que aprendan a ser buenas madres”.
Casas también reflexionó en el sentido de que “lo que vemos es que hay un castigo específico, hacia esas mujeres”.
Foto: RDNE Stock Project
