Los autores intelectuales del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, deben enfrentar juicio, continúa exigiendo, cinco años después de perpetrado el crimen, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Es necesario, asimismo, que la comunidad internacional -especialmente las organizaciones defensoras de los derechos humanos- exijan justicia para Cáceres, agregó el Copinh, en un comunicado que emitió el 2 de marzo.

Simultáneamente, el pueblo del país centroamericano tiene que promover el establecimiento, en Honduras, de un sistema democrático que garantice seguridad a los defensores de las garantías fundamentales, según lo planteado por la agrupación.

El Copinh señaló que los integrantes las económica y políticamente influyentes familias Atala y Zablah -vinculadas entre sí- “involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación”.

El Consejo señaló, puntualmente, que “las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes”.

Atala Midence es gerente financiero de Desarrollos Energéticos SA (Desa), la compañía que impulsó la construcción de un ambientalmente destructivo megaproyecto hidroeléctrico -denominado Agua Zarca-, en el Río Gualcarque.

Ese cuerpo de agua, cruza los occidentales departamentos (provincias) de Intibucá –en el suroeste, limítrofe con El Salvador- y de Santa Bárbara –en el noroeste, fronterizo con Guatemala-, y es sagrado para el pueblo indígena Lenca.

José Eduardo, Pedro, y Jacobo Atala Zablah son, igualmente, empresarios hondureños vinculados al frustrado proyecto Agua Zarca.

La lucha encabezada por Cáceres -una defensora de los derechos humanos, feminista, y ambientalista, además de líder Lenca- logró que esa cuestionada iniciativa quedara sin efecto, lo que constituyó -de acuerdo con lo reiteradamente denunciado por el Copinh, familiares de la dirigente, y organizaciones de sociedad civil- la razón principal del asesinato.

“Exigimos que los procesos que se están desarrollando contra David Castillo no se dilaten más y que sea sentenciado por su responsabilidad como coautor del crimen”, agregó el Consejo, en el comunicado, en alusión al presidente de Desa.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso”, expresó, además.

Igualmente, “exhortamos al pueblo hondureño, en estos momentos decisivos, a mantener la fuerza en el impulso por el camino a la verdadera justicia y la democracia en la que quienes defienden nuestra vidas, territorios y soberanía no sean asesinados y ultrajados”, planteó.

El Copinh denunció, asimismo, que “nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala”.

“No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras”, exigió la organización, para agregar que, “cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad”.

También advirtió que “el pueblo Lenca, el pueblo hondureño y la comunidad internacional conocemos quiénes son los responsables de este crimen que ha enlutado a tantas vidas”, y puntualizó que “hace falta que el sistema de justicia responda a esta verdad”.

“El clamor de la madre tierra y los bienes comunes, cada vez más depredados, nos respalda en esta búsqueda de justicia”, aseguró.

En ese sentido, en declaraciones reproducidas, también el 2 de marzo, por el medio de comunicación Noticias de América Latina y el Caribe (Nodal), con sede en Argentina, Bertha Isabel Zúniga, hija de Cáceres, señaló que, si bien se ha avanzado en materia judicial, está pendiente el enjuiciamiento de los autores intelectuales del asesinato.

“Luego de cinco años y de varios esfuerzos que viene librando el Copinh, la familia de Berta y todas las organizaciones acompañantes, podemos decir que hemos logrado avances importantes en este proceso de búsqueda de justicia”, comenzó a explica Zúniga, actual coordinadora del Consejo.

Ello, “en el sentido de que, por ejemplo, el juicio a los autores materiales indicó que fue asesinada por su lucha en defensa del río Gualcarque”, y que, en esto, “se vieron implicadas decisiones de altos directivos de la empresa Desa”, agregó.

“Actualmente, se está librando un proceso judicial contra el señor David Castillo que es coautor de este crimen, y, a pesar de todas las demoras que han sucedido por las actuaciones de la defensa, estamos a semanas de comenzar el juicio contra él, lo cual es muy importante, porque es el presidente de la empresa”, continuó explicando.

“Sin embargo, nosotros hemos venido diciendo que existe información contundente de la participación de los autores intelectuales, quienes pagaron y ordenaron el crimen, y que esas personas, al día de hoy, no han sido enjuiciadas ni capturadas”, planteó, a continuación.

“Esto se debe a que no existe voluntad, por parte del Estado de Honduras, que es cómplice de estos actores por ser parte de los grupos de poder más importantes del país”, precisó.

“Entonces, nosotros vemos que hay un camino cada vez más difícil en ese sentido, pero no vamos a desistir de esa petición, y no solamente en este proceso, que tiene que ver, directamente, con el asesinato de Berta”, señaló.

“También, con los muchos otros procesos que tiene abierto el Copinh, con respecto a la defensa de los derechos territoriales del pueblo Lenca, a las acciones fraudulentas bajo las cuales se otorgan las concesiones (para proyectos), y seguir luchando para que los pueblos indígenas sean escuchados”, agregó.

El asesinato de Cáceres fue perpetrado poco después de la medianoche del 3 de marzo de 2016 –el día antes de que cumpliera 45 años-, cuando sicarios irrumpieron en la casa de la dirigente, en la ciudad de La Esperanza, capital del occidental departamento (provincia) de Intibucá –a unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional-, la golpearon, y la balearon.

La activista protagonizó simultáneas luchas, las que incluyeron, en marzo de 1993 –cuando tenía 22 años-, la fundación –conjuntamente con su entonces pareja, el también dirigente indígena Salvador Zúniga- del Copinh, organización que se convirtió en uno de los principales instrumentos de movilización de la base social hondureña, y referente local e internacional de lucha popular.

Los frentes de acción de la agrupación incluyen como ejes centrales, la promoción del respeto a los derechos humanos –en particular los de las mujeres-, la reivindicación de la cultura indígena, la defensa de los recursos naturales.

En el diálogo con Nodal, Zúniga también se refrió, específicamente, a la proyección de la lucha de Cáceres -asesinada mientras se desempeñaba como coordinadora del Copinh-.

“Creo que representa, sobre todo, la posibilidad de la articulación de muchas luchas, y la articulación entre los movimientos populares y sociales”, reflexionó.

“Ella tenía una apuesta importante hacia la defensa del territorio, hacia la lucha de las mujeres, y hacia la lucha antimilitarista contra las ocupaciones de los territorios (indígenas)”, agregó.

“Es un pensamiento bastante integrado y transversal de varios procesos en donde nos hace ese llamado urgente a construir la justicia de los pueblos”, explicó, además de subrayar que “Berta Cáceres es un emblema relacionado con las luchas medioambientales de los pueblos indígenas, y las luchas feministas”.