El gobierno de Puerto Rico estableció alerta nacional para hacer frente a la violencia de género que afecta a las mujeres del isleño país caribeño, para lo cual declaró prioritario el combate a esas agresiones.

La acción está contenida en la Orden Ejecutiva (OE) 2020-078, emitida el 26 de octubre por la gobernadora puertorriqueña, Wanda Vázquez.

La disposición, consistente en 11 puntos explicativos y 17 secciones (artículos) resolutivas, contenidos en nueve páginas, tiene elk propósito de “declarar servicios prioritarios la lucha contra la violencia a las mujeres en Puerto Rico”, de acuerdo con lo indicado en su título.

Entre los aspectos principales, la OE establece la creación de la Comisión Multisectorial contra la Violencia a la Mujer (Comuvi) -como entidad asesora del gobierno-, cuyo principal instrumento de trabajo es el Protocolo de Acción para Combatir la Violencia hacia las Mujeres en Puerto Rico -a su vez elaborado en 2019 y 2020, con participación organizaciones defensoras de los derechos de la población femenina.

La iniciativa prevé, entre otras acciones, su difusión mediante campañas de sensibilización en medios de comunicación, principalmente radioemisoras -incluida WIPR, la estación oficial-.

También incorpora, como sectores prioritarios en la implementación de la OE, a los departamento (ministerios) de Educación y de Justicia, entre otros.

“Se declara servicio de prioridad para el Gobierno de Puerto Rico la lucha contra la violencia hacia las mujeres y se ordena a las agencias priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad para todas las mujeres”, de acuerdo con la disposición.

“Se declaran deberes prioritarios del Gobierno de Puerto Rico, establecer y ejecutar programas de prevención, orientación, establecer protocolos de acceso a la vivienda, a los servicios de salud, educación y trabajo para las mujeres de manera que se brinden las mejores oportunidades y alternativas para salir de los patrones y ciclos de violencia”, agrega.

“Estos deben estar comunicados a través de cápsulas contra la violencia a las mujeres en las emisoras del Gobierno de Puerto Rico, entiéndase WIPR una vez por semana y de conformidad con las leyes aprobadas a esos efectos”, señala.

“Se exhorta y hacemos un llamado a las emisoras comerciales tanto de radio como de televisión para que de conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas y esta Orden Ejecutiva se unan a este esfuerzo y separen en sus programaciones cápsulas informativas en las horas de mayor audiencia dirigidas a cómo prevenir la violencia contra las mujeres”, indica.

“En las mismas destacarán las alternativas de orientación, lo que representa un patrón de malos tratos y abuso, además de alternativas para la búsqueda de ayudas para salir de los ciclos de violencia”, puntualiza.

La OE recomienda, asimismo, que “los medios de comunicación en sus acciones de colaboración procurarán brindar prevención, atención y respuestas integrales en todas las formas de violencia contra las mujeres”.

También, “la creación de talleres, adiestramientos o la elaboración de materiales especiales que les permitan adoptar un estilo informativo sensible al género”, además de que “deberán ser cuidadosos con el lenguaje utilizado en sus programaciones y talentos que no promuevan la desigualdad y la violencia”.

En cuanto a la operatividad, la disposición establece que “se incorporan en esta Orden las responsabilidades y obligaciones de las agencias de gobierno altamente concernidas en este esfuerzo como el Departamento de Educación, Familia, Seguridad y Justicia, entre otros”, precisa.

Al anunciar la iniciativa, la gobernadora reafirmó, en conferencia de prensa, que “se declara servicio de prioridad, para el gobierno de Puerto Rico, la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, y agregó, de inmediato, que “se ordena, a las agencias priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad” para ese sector de la población.

También explicó que, entre otros objetivos, se apunta a que la Oficina de Gerencia y Presupuesto asigne, a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, así como a la Policía de Puerto Rico, fondos adicionales para el combate a la violencia machista.

La funcionaria planteó, asimismo, que cada agencia involucrada debe asignar fondos, de su presupuesto, a la implementación de políticas públicas en materia de prevención y atención a todo tipo de violencia laboral de género.

De acuerdo con lo indicado en la OE, el personal del Departamento de educación debe recibir capacitación, antes del final de este año, mediante talleres, sobre equidad, derechos civiles, y derechos humanos.

Vázquez -quien, en medio de una severa crisis política asumió, en agosto de 2019, el cargo, para completar el período cuatrienal que finaliza el 2 de enero de 2021- formuló el anuncio, un año después de que organizaciones de mujeres le reclamaron acción gubernamental para frenar los femicidios.

Al respecto, la Colectiva Feminista reaccionó, a la medida gubernamental, reconociendo aspecto del contenido de la OE, aunque criticando lo que considera como la lentitud oficial para actuar respecto al serio problema.

La iniciativa “cobra importancia cuando prioriza la prevención, atención efectiva, manejo adecuado y sobre todo rendición de cuentas”, declaró la agrupación, en una declaración que difundió en redes sociales.

Sin embargo, “esta orden ejecutiva llega tarde, llega incompleta y llega maquillada de supuestos consensos”, afirmó.

“Lo que realmente esconde es que esta orden ejecutiva llega a pesar de la resistencia por parte de esta administración, llega porque no les quedó de otra, llega por el poder colectivo que tenemos”, aseguró.

Al reivindicar la potencial efectividad de la disposición gubernamental, Vázquez dijo, respecto a opiniones críticas, que “las palabras no hacen la diferencia”.

Agregada al articulado de la OE, Vázquez incluyó, a continuación de la parte dispositiva, una explicación -que ocupa 16 páginas- de las razones sobre las cuales se basa la iniciativa.

En ese sentido, describió, con apoyo de cifras recientes, el cuadro de situación, señalando que “la gestión de establecer una ‘Alerta Nacional de Violencia contra las Mujeres’ surgió de la preocupación generada por el alza en incidentes de violencia en contra de las mujeres durante el año 2019”.

Al mencionar datos policiales desglosados por sexo, informó que, el año pasado, en incidentes de violencia doméstica, 10 mujeres perdieron la vida, mientras que un hombre falleció.

También señaló que, de los 67021 casos de violencia doméstica denunciados, 5896 involucraron a mujeres, frente a 1125 afectaron a hombres.

En cuanto a 2020, indicó, citando a la misma fuente, que, durante el periodo del 1 de enero al 26 de septiembre la fuerza policial recibió información de 4516 casos de violencia doméstica -con saldo de seis femicidios-, lo que representa 1030 incidentes por debajo del registro para igual período del año pasado.

Vázquez precisó que el descenso pudo obedecer a la pandemia mundial del nuevo coronavirus, que también afecta a Puerto Rico.

La gobernadora aludió así al hecho de que, en el marco de medidas tales como el distanciamiento social (cuarentena) -en algunos casos obligatorio-, mujeres y niñas víctimas de violencia de género -o en riesgo de serlo- están obligadas a convivir 24/7 con los agresores, situación que, además, le dificulta -o les impide- procurar protección.