Se supone que seamos iguales ante la ley, pero debido a circunstancias histórico-sociales por razones de género, etnia, religión, política y otros, algunos grupos -pese al avance en derechos humanos- todavía mantienen un papel de subordinación y desigualdad.
La desigualdad y desbalance del poder que ejercen unos grupo sobre otros, ha originado que la mayoría de las naciones democráticas tengan una constitución, legislación, decretos y normativas que les brinde a los grupos vulnerables una especial protección para prevenir, mitigar y erradicar algunos de sus problemas. Entre esos grupos desventajados se encuentran las mujeres, quienes por siglos han sido tratadas como ciudadanos de segunda categoría.
Pero el mundo ha evolucionado y la mujer, aunque sigue siendo el mayor grupo minoritario, ha propiciado cambios profundos en la estructura de poder de la sociedad, que se están materializando en su inserción en el mundo económico, político y en sus innegables derechos familiares.
Contrario a los principios y objetivos esenciales de las leyes que protegen a la familia y a la mujer, progresivamente los varones han sido víctima de la inadecuada aplicación e interpretación de la ley y del uso de ésta como un instrumento de venganza.
Mientras todos los días se reportan casos de agresión a las mujeres, en paralelo oímos historias de padres que han sufrido la condena de pensiones alimenticias desproporcionadas e injustas, a los que las madres sin ninguna causa comprobable le han impedido participar en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, interfiriendo en el cumplimiento de una paternidad responsable; padres que siendo más idóneos que la madre no se les ha concedido la custodia de sus hijos.
Las quejas de los hombres a los cuales se les ha impedido participar en la vida escolar de sus hijos y que por acusaciones de hechos falsos han sido condenados injustamente y desposeídos de su hogar, de bienes y de los hijos son comunes; ya no son hechos esporádicos y aislados.
El año pasado un hombre de apellido Carrillo se suicidó, luego de que su esposa interpusiera medidas por violencia doméstica en su contra, presuntamente inexistentes, que conllevó a que una jueza le indicara a Carrillo que debía desalojar la casa. La frustración combinada con la depresión llegó a tal punto de quitarse la vida.
Así como nos indigna ver a mujeres abusadas y atropelladas por los hombres, debemos repudiar el maltrato conyugal en donde el hombre es la víctima y no el victimario. La situación no se puede polarizar.
Queremos una sociedad igualitaria y equitativa para hombres y mujeres, en donde la justicia no tenga género y las leyes no se utilicen inescrupulosamente para destruir vidas.
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