Las primeras catorce semanas y tres días de 2023 -del 1 de enero al 15 de marzo– marcaron en El Salvador, la continuidad de la dramática situación que la población femenina
De acuerdo con ese cálculo, elaborado por la no gubernamental Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), cinco de esos cobardes crímenes fueron perpetrados hasta el 14 de febrero, mientras que el resto fue cometido desde esa fecha, hasta el 15 de marzo.
En ocho de los catorce casos, los agresores fueron personas del entorno personal de cada asesinada, además de que tres incidentes del gran total generaron “alertas tempranas, pero éstas fueron ignoradas”, según lo indicado por Ormusa, en su más reciente informe sobre el tema.
La incidencia de femicidios para los casi tres primeros meses de este año, hacen prever un contexto similar al de 2022, cuando el total para los doce meses seubicó en 68, de acuerdo con los datos proporcionados por la oenegé.
Citada al respecto, el 30 de marzo, por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, Silvia Juárez, integrante del equipo de investigación de Ormusa, planteó que los números son motivo de fuerte preocupación.
También puso en evidencia el hecho de que la brutalmente represiva política de seguridad interna que el régimen del autocrático presidente salvadoreño, Nayib Bukele, viene aplicando hace algo más de unaño, no ha servido para bajar los niveles de agresión machista. “Estas cifras son alarmantes”, aseguró la experta.
Si bien ha reducido notoriamente la actividad de las maras (pandillas), la operación antidelictiva impuesta por Bukele no ha incidido para desalentar a los femicidas, denunció.
Esa política -cuestionada por servir como marco para que el régimen viole, impunemente, derechos humanos-, “no ha sido capaz de disminuir la violencia que enfrentan las mujeres en las relaciones de pareja, o de confianza”, subrayó.
Los datos analizados por Ormusa indican que los números, en materia de femicidios “siguen inalterados”, e ilustran un brutal fenómeno social patriarcal que “se ha mantenido, sin disminuir”.
“Ni siquiera un régimen de excepción -o la suspensión de garantías individuales– ha logrado mermar, o poner un paro a la violencia que enfrentan las mujeres”, reafirmó.
“En conclusión, es una estrategia de seguridad pensada en la seguridad de los hombres, y no de las mujeres”, siguió denunciando.
Juárez hizo, así, referencia a la política de seguridadque, bajo la designación de Régimen de Excepción, Bukele impuso -mediante aprobación de la unicameral Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista- el 27 de marzo de 2020, a nivel nacional.
Extendido mediante prórrogas legislativas de un mes cada una -de momento, 12 en total-, el estado de emergencia antidelincuencial generó, al 14 de febrero de 2023 -según datos revelados entonces por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro-, 64,111 encarcelamientos -algo más de 1.0 por ciento de la población nacional, a su vez estimada en 6.3 millones-.
Además de la detención de decenas de miles de mareros -junto con un número indeterminado de ciudadanos capturados erróneamente-, la implementación de la medida de fuerza se ha traducido, entre los puntos culminantes hasta ahora, en la construcción de una cárcel blindada contra fugas, declaraciones de pleno éxito en el combate a la delincuencia, máximo esfuerzo para que el país sea retirado de la lista de lugares más peligrosos del planeta.
La nueva megaprisión, denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que cubre 23 hectáreas, tiene capacidad para alojar hasta a 40 mil prisioneros, en ocho pabellones enmarcados por un muro circundante de 2.1 kilómetros de largo, 11 metros de altura, protegido con una alambrada electrificada -15 mil voltios-.
Según el régimen de Bukele –quien se considera “el dictador más cool”-, el Régimen de Excepción -enmarcado en el tenazmente encubierto Plan Control Territorial (PCT), a su vez, supuestamente vigente hace cuatro años-, está dando los resultados previstos -y, quizá, más-.
Respecto a la más brutal manifestación del criminal machismo agresor, Juárez dijo, a La Prensa Gráfica, que “es importante que el Estado asuma la responsabilidad de los sistemas de alerta temprana, dando respuesta a cómo se atiende tempranamente un feminicidio”.
El componente principal de este tipo de asesinato, “no es en el instante previo al disparo sino todas las alertas previas, o todos los hechos, predelictivos del feminicidio”, explicó.
Ese contexto de preaviso incluye “la violencia intrafamiliar, los daños, las lesiones que la víctima recibió y denunció pero que fueron ignorados y tolerados por el Estado, que fueron antesalas al feminicidio”, precisó, a continuación.
“Es decir, era la noticia de una muerte anunciada”, expresó.
En materia de políticas preventivas, la experta sugirióque “una de las herramientas que podría utilizarse para prevenir posibles feminicidios, es crear un sistema de registro de agresores que tengan criterio de peligrosidad”.
Sobre ese punto, informó que, de acuerdo con datos analizados por Ormusa, aproximadamente 15 por ciento de los agresores es reincidente, además de que un nueve por ciento está constituido por lo que definiócomo agresores múltiples -maltratan a varias parejas, simultáneamente-.
Juárez revelo, a La Prensa Gráfica, que Ormusa presentó, en 2021, a la Policía Nacional Civil (PNC), una propuesta de Módulo de Registro de Agresores, mecanismo conectado al sistema de llamadas telefónicas de emergencia 911, pero dijo que desconoce si esa iniciativa fue implementada.
En el contexto de ausencia de sensibilidad institucional ante los asesinatos originados en género, la Asamblea Legislativa aprobó, el 21 de febrero, una reforma al Código Procesal Penal, definiendo el femicidio como un crimen imprescriptible.
La modificación permite, a la autoridad judicial, tramitar los propcedimiento correspondientes, sin perjuicio del tiempo que haya transcurrido desde el momento cuando el crimen fue perpetrado.
La reforma, aprobada el 21 de febrero por 76 de los 84 integrantes del organismo legislativo, dejó sin efecto ellímite de 15 años que regía para la judicialización deesos asesinatos.
El cambio -que tuvo el respaldo de representantes de los ocho partidos con presencia legislativa- conservó las penas de prisión, ubicadas en el rango de 20 a 35 años, además de que mantuvo la definición del femicidio como crimen cometido contra una mujer, a partir de motivaciones tales como el odio o el menosprecio a su condición de tal.
El femicidio estaba tipificado como delito, y, mediante el cambio de ahora, se incorporó a los crímenes sin caducidad en el tiempo para procesar a quienes los cometen.
Según la línea de tiempo legislativa, los crímenes -algunos, de lesa humanidad- en esa categoría son, desde 2008, los de guerra, además de desaparición, genocidio, secuestro, terrorismo, tortura, y, desde 2021, los delitos de corrupción, a los que, ahora, se suma el femicidio.
Foto: Mart Production
