La más reciente orden de la dictadura teocrática talibana, prohíbe contar con personal femenino para trabajar en las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, acreditadas en el país asiático

Foto: Mohamed Abdelghaffar

Según la excusa con la cual el régimen pretende justificar el nuevo golpe contra los derechos de las afganas, el régimen recibió denuncias en el sentido de que algunas trabajadoras de oenegés no cumplen, a cabalidad, las disposiciones islámicas en materia de vestimenta.

Específicamente, se trata del hijab -velo religioso que cubre la cabeza, hasta los hombros, de quienes lo usan-, de acuerdo con la poco creíble versión de la dictadura.

La orden, a las algo más de 180 oenegés registradas en Afganistán, fue emitida, el 24 de diciembre, por el Ministerio de Economía, que es la entidad gubernamental encargada de autorizar -o prohibir- la operación de tales agrupaciones, en territorio afgano, de acuerdo con versiones periodísticas internacionales referidas al tema.

La comunicación estuvo contenida en una carta, del ministerio, a las organizaciones, texto confirmado, al día siguiente, a medios de comunicación, por el vocero de esa cartera, Abdulrahman Habib.

“Ha habido graves quejas por el incumplimiento del hijab islámico y otras normas y reglamentos relativos al trabajo de las mujeres en las organizaciones nacionales e internacionales”, aseveró el ministerio, la autoridad entre cuyas atribuciones figura, puntualmente, la de aprobar los permisos para las ONG que desarrollan actividades en el país.

El anuncio de la medida -que, además, es un indicio de que el régimen está infiltrado, a profundidad, en el sector de las oenegés- no aclaró el grado de impacto en las agencias especializadas de Naciones Unidas operativas en territorio afgano, de acuerdo con lo indicado en las versiones periodísticas.

La confusión deriva del hecho de que, interrogado, por periodistas, sobre si la prohibición se extiende al organismo mundial, Habib respiondió que se trata de organizaciones enmarcadas en el campo de acción del Organismo Coordinador de Agencias para la Ayuda y el Desarrollo Afganos (Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development, Acbar).

Sin embargo, es un hecho que Naciones Unidas suele, a nivelk mundial, establecer alianzas con oenegés, para la implementación de proyectos, principalmente iniciativas de apoyo a poblaciones en particular vulnerabilidad.

De acuerdo con la descripción en su sitio en Internet, el Acbar -creado, en agosto de 1988, en la central ciudad paquistaní de Peshawar- es una oenegé “nacional, independiente (…) que proporciona, a ONGs nacionales e internacionales en Afganistán, una plataforma para compartir información y para trabajo en redes sociales”.

Respecto a la nueva agresión de la dictadura teocrática contra la población femenina afgana, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, expresó, el 25 de diciembre, preocupación por la afectación de actividades humanitarias que oenegés vinculadas a la organización mundial llevan a cabo en Afganistán.

Según lo señalado, ese día, por Noticias ONU -la agencia informativa de la organización mundial-, Guterres expresó, en un comunicado, que la arbitraria medida “socava la labor de las agencias que asisten a las personas más necesitadas”, principalmente a las mujeres y a menores de edad.

El funcionario internacional planteó, asimismo, que “todas las mujeres tienen derecho a participar en el mundo laboral, para contribuir al bien común”, indicó el medio de comunicación internacional.

“Guterres subrayó que las agencias de las Naciones Unidas y sus socios -que incluyen a ONG nacionales e internacionales- socorren a más de 28 millones de afganos quienes dependen de la ayuda humanitaria, para sobrevivir”, de acuerdo con la información oficial.

“La entrega efectiva de asistencia humanitaria requiere del acceso pleno, seguro, e irrestricto, de todos los trabajadores humanitarios, incluidas las mujeres”, advirtió.

También pronosticó, en términos generales, que “la prohibición de que (mujeres) trabajen con la comunidad internacional, para salvar vidas y medios de vida en su país, causará un mayor sufrimiento entre el pueblo afgano”.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Ocha), en Afganistán, denunció, en una declaración individual, que la más reciente agresión de la dictadura contra la población femenina afgana “viola los derechos fundamentales de las mujeres, además de ser una transgresión abierta de los principios humanitario”.

Creada a raíz de una resolución que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, en diciembre de 1991, la Ocha, por definición oficial, “coordina la acción humanitaria para asegurar que las personas afectadas por crisis reciban la asistencia y la protección que necesitan”.

En su inmediata reacción a la acción dictatorial, la Ocha plante que “se debe permitir que las mujeres desempeñen un papel fundamental en todos los aspectos de la vida, entre ellos la respuesta humanitaria”, además de señalar que “su participación debe ser respetada y salvaguardada”.

“Esta nueva decisión dañará aún más a las personas más vulnerables, especialmente a las mujeres y las niñas”, advirtió, a manera de certero vaticinio.

También en declaración aparte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), formuló una severa crítica contra la medida talibana.

“Excluir a las mujeres, del trabajo humanitario y de la educación, es una violación flagrante de los derechos humanos y de las leyes internacionales”, advirtió.

Tres de las oenegés afectadas emitieron, el 25 de diciembre, una declaración conjunta, en la que anunciaron la suspensión de actividades, a causa de los ordenado por la dictadura.

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (Cooperativa para Asistencia y Socorro en Todas Partes, Care International), Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC), y Save the Children, aclararon que la interrupción se mantendrá vigente hasta que la dictadura aclare la medida.

“Suspendemos nuestros programas, exigiendo que se permita a hombres y mujeres continuar ayudando a salvar vidas en Afganistán”, informaron.

Adicionalmente, en un mensaje individual en la red social Twitter, NRC planteó que, “no podemos llegar de forma eficaz a niños, mujeres y hombres que necesitan ayuda desesperadamente sin nuestro personal femenino”.

Según el patriarcal esquema cultural y religioso enraizado en Afganistán, ninguna mujer tiene permitido establecer contacto con hombres ajenos a su entorno familiar inmediato.

Ello comprende contextos tales como el de asistencia médica, o el educativo, áreas en las cuales el trabajo llevado a cabo por personal femenino resulta crucial.

La medida contra la presencia de ese personal en oenegés, siguió, en cuatro días, a la prohibición de acceso, de mujeres, a la educación universitaria, lo que fue revelado, el 20 de diciembre, por el vocero del Ministerio de Educación Superior, Ziaullah Hashmi, en Twitter.

La dictadura ordenó, a las autoridades universitarias, que “apliquen la prohibición, lo más rápidamente posible”, además de que “informen, al ministerio, cuando lo hayan hecho”, de acuerdo con versiones periodísticas internacionales.

La orden se sumó a la prohibición impuesta en marzo, por el régimen, a las alumnas de enseñanza secundaria, en cuanto a asistir a clases.

Además, se enmarca en la represiva política patriarcal que el régimen talibán implementa, con altos niveles de violencia, para imponer la sistemática -y creciente- violación de los derechos de la población femenina afgana -lo mismo adultas que menores de edad-.