Los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones y programas de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida

De acuerdo con la Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) los índices de reincidencia siguen siendo muy altos entre ciertos grupos de delincuentes. Aunque no cuenta con las estadísticas globales, los datos de países individuales arrojan altos índices de reincidencia, alcanzando un 70% o más.

La UNODC señala que los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones y programas de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida.

México

En México existen unas 221 mil personas privadas de libertad en centros penitenciarios estatales y federales, de ellas, 11 mil 438 son mujeres, según EQUIS Justicia para las Mujeres, organización feminista mexicana, que busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres.

Un reportaje producido por Primavera Díaz para Noticias ONU, menciona que de acuerdo con los estudios y trabajos de EQUIS, se ha detectado que las principales dificultades con las que se enfrentan las mujeres son volver a tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil a una oferta laboral, y su salud mental, pero por lo general no cuentan con los recursos económicos para atenderse o simplemente no tienen las fuerzas. Muchas de ellas, en su primer día de salida salen de madrugada y se enfrentan con el problema de no tener documentos oficiales que les acrediten su ciudadanía.

“Se necesitan buenos planes y crear políticas públicas para que las personas puedan reiniciar su vida. Una podría ser que tengan su identificación oficial (INE) al salir, y otra podría ser la generación de bolsas de trabajo. De acuerdo con lsabel, México no tiene políticas públicas de reinserción social, lo más cercano es el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, afirma la nota periodística.

Ante esta situación EQUIS realizó un mecanismo de justicia social para liberar a las personas que estaban siendo privadas de su libertad injustamente por la política de seguridad fallida, un mecanismo de reinserción social, y una política de drogas basadas en el derecho a la salud.

El Instituto de Reinserción Social ayuda a los antiguos reclusos, pero únicamente se encuentra en la Ciudad de México, por lo que, EQUIS pide que se replique en todos los estados, pues a su parecer, urgen políticas públicas para que las mujeres que estuvieron privadas de su libertad puedan encontrar oportunidades para reintegrarse en la sociedad.

Este Instituto tiene el objetivo de ofrecer preparación y apoyos a las personas para que fortalezcan sus habilidades laborales para su empleabilidad o autoempleo, que les ayude a lograr su proyecto de vida, esto a través de una capacitación introductoria para crear un proyecto de micro o pequeña empresa familiar y puedan autoemplearse y tener un ingreso económico.

Costa Rica

En Costa Rica, según datos del Ministerio de Justicia con corte al 15 de febrero del 2022, hay 14.467 privados de libertad, de los cuales 14.248 son hombres y 502 son mujeres. Además, solo hay un centro penitenciario para población femenina y 10 para hombres privados de libertad.

Las mujeres que están privadas de libertad en Costa Rica tienen menos de 45 años y en su mayoría ingresaron por delitos asociados a la distribución de drogas. Muchas de ellas son jefas de hogar, mientras que los hombres están en prisión por conductas violentas o delitos contra la propiedad.

En el 2021, el Gobierno de Costa Rica presentó el Modelo de Inserción Sociolaboral para la Población Penitenciaria, “una estrategia que unificará y potenciará el trabajo y la capacitación en el sistema penal del país”, según lo consigna un comunicado de prensa emitido por Casa Presidencial.

Este modelo fortalecerá los esquemas de inserción social promovidos a través de los centros penitenciarios, pues contempla entre sus componentes educación formal y desarrollo de capacidades, consolidación de ofertas de empleo y empresariedad, acceso a estructura básica y productiva, procesos de modernización mediante la inclusión de la tecnología en la capacitación y formación, así como la apuesta institucional con miras a la sustentabilidad desde los procesos de inserción social.

El nuevo modelo de inserción potenciará oportunidades laborales y de capacitación en personas privadas de libertad, que busca disminuir la reincidencia y aumentar la matrícula en la oferta de educación formal. A su vez contempla el impulso a la educación formal, alianzas público-público y público-privadas, consolidará las ofertas laborales y el acceso a estructuras productivas.

Dentro de su el enfoque-sociolaboral, espera incrementar la cantidad de proyectos agrícolas, industriales, pecuarios y de infraestructura tendientes a ser autosustentables, desarrollados por las distintas instancias del sistema penitenciario y que requieran mano de obra de personas privadas de libertad.

También contempla acelerar la construcción de alianzas con empresas u organizaciones públicas o privadas para generar opciones de ofertas de empleo y promover emprendimientos productivos.