La violencia sexual usada por el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la represión antiopositora lanzada en abril de 2020, incluye desde violación hasta causar abortos, pasando por brutal agresión genital, denunció un Tribunal de Conciencia.
La tortura sexual -en particular, la violación- forma parte del trato aplicado, en centros de detención -oficiales y clandestinos-, a los presos políticos, en particular a las mujeres, indicó el tribunal, en la extensa Sentencia que emitió al cierre de su trabajo sobre el tema “Violencia sexual: crimen de lesa humanidad en Nicaragua”.
Los testimonios analizados por el panel ratificaron que la tortura es una práctica incorporada a la represión policial y paramilitar contra cualquier manifestación de oposición -o que parezca serlo- enmarcada en la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de dos años tiene lugar en el país centroamericano, de acuerdo con lo planteado por el panel.
“La tortura sexual se manifestó por medio de: violaciones carnales anales, violaciones carnales vaginales, violaciones anales y vaginales con objetos -cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios o ‘amansa bolos (borrachos)’-, violaciones múltiples de tres y más perpetradores -un caso de 15 sujetos violando a una prisionera-, quema de genitales con ácido
-posiblemente acido de batería-“, precisó.
Asimismo, “desnudar a las personas capturadas ya sea delante de sus captores o delante de otros capturados, amenazas de ser violados, tanto hombres como mujeres”, agregó, en el texto leído, alternadamente, por dos de las juezas de conciencia: la abogada española Almudena Brenabéu y la psicóloga colombiana Clemencia Correa.
También se tiene registro de casos “donde las mujeres fueron obligadas a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo”, señaló.
En cuanto a las violaciones mediante el uso de armas de fuego, al presentar los resultados del peritaje sobre la cadena de mando en la represión policial y paramilitar, Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército Popular Sandinista (EPS) -antecesor del actual Ejército de Nicaragua-, relató un aspecto del modus operandi de los torturadores.
“Antes de penetrar, a los prisioneros, con cañones de fusiles o de pistolas, los disparaban, para que estuvieran calientes, y hacer más daño, y causar mayor dolor, a la víctimas”, explicó Samcam, al participar, el 8 de septiembre, en la primera de las cuatro jornadas de labores del tribunal.
Por otra parte, “todos los prisioneros -hombres y mujeres- son sometidos a abusos sexuales”, precisó el militar retirado, quien actualmente se desempeña como analista político y experto en temas de seguridad.
“Todos los prisioneros son obligados a desnudarse, totalmente, ya sea en presencia de sus captores o de otros capturados”, siguió denunciando, y subrayó que se trata de “un mecanismo psicológico de avasallar, someter, y humillar al capturado”.
En ese sentido, dijo, también, que “todos los prisioneros son obligados a realizar ejercicios físicos extenuantes, totalmente desnudos, pasan por una etapa de golpizas, previo a los interrogatorios, como una forma de ‘ablandamiento’ -entre comillas-“.
Además, “los prisioneros son interrogados utilizando diferentes mecanismo de tortura, para arrancar confesiones -golpes, patadas, ahogamientos simulados, asfixia mecánica, extracción de uñas -con tenazas u objetos cortopunzantes-, extracción de piezas dentales -con tenazas-, quema de genitales, choques eléctricos”, agregó.
“Y todos los prisioneros -hombres y mujeres- son sometidos a abusos sexuales”, indicó, al referirse al tema central de trabajo del tribunal.
En la tortura, “hay intencionalidad, se pretendió, de manera deliberada, causar daño físico y psicológico, como una medida ejemplarizante de escarmiento, a los prisioneros”
En su extensa sentencia, contenida en doce páginas, el tribunal denunció que “los testimonios recogidos y analizados no dejan dudas sobre la práctica de la tortura en Nicaragua en el marco de las protestas que iniciaron en el 2018, ni sobre el uso de la violación sexual como una expresión de tortura que se implementó indiscriminadamente”.
“La tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, agregó el panel.
“El Estado nicaragüense ha cometido crímenes contra la humanidad, con participación de autores materiales e intelectuales”, y “los testimonios de personas valientes dan fe de la gravedad, escala, carácter sistemático y generalizado de la acción estatal”, aseguró.
El grupo de trabajo señaló que se trata de “crímenes condenados por el mundo civilizado
y que lesionan no sólo la integridad de las víctimas, sino también la conciencia y la dignidad humana en su globalidad”.
“Por ende, sus autores y responsables son verdaderos enemigos del género humano y enemigos comunes de la humanidad en su conjunto”, determinó, para explicar que “es un crimen que trasciende fronteras”.
El grupo concluyó, asimismo, que, “tras haber revisado minuciosamente los peritajes y otras pruebas a disposición de este tribunal, no cabe duda que el estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras
se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”.
El tribunal estuvo integrado, como juezas de conciencia, además de Bernabéu y Correa, por las juristas costarricenses Alda Facio y Sonia Picado, y la activista nicaragüense de derechos humanos Bianca Jagger.
Las acciones de peritaje del tribunal estuvieron a cargo de Samcam, así como del psicólogo Javier Meléndez, además de la ex directora del Programa para Centroamérica y México, del Center for Justice and International Law (Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, Cejil) Soraya Long.
El tribunal sesionó, en parte virtualmente, en parte presencialmente, en el Hotel Radisson, en San José, la capital costarricense.
Nicaragua presenta, desde el 18 de abril de 2018, una violenta crisis sociopolítica, en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivo-, exigen la renuncia de Ortega así como de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
