Grupos de personas se reunieron en homenaje a Mahsa (Zhina) Amini, la joven asesinada en detención policial por no cumplir el estricto código de vestimenta impuesto por la dictadura musulmana

La represión por parte de fuerzas de seguridad -incluida la Guardia Revolucionaria Islámica -también conocida como Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica (Sepāh-e Pāsdārān-e Enqelâmī, en Farsi, o Persa, el idioma oficial iraní), no impidió las manifestaciones, según las versiones periodísticas, conocidas el 16 de setiembre.

Las marchas tuvieron lugar, entre otros lugares, en la ciudad de Sanandaj, la capital de la noroccidental provincia de Kurdistán -fronteriza con Irak-, de la que Amini era oriunda.

La agresión militar, a nivel nacional -con desplazamiento de tanques-, por parte de la dictadura, incluyó la detención, la mañana del 16 de setiembre, de Amjad Amini -el padre de Zhina-, denunciaron exiliadas organizaciones iraníes de derechos humanos citadas por los medios.

El incidente ocurrió cuando Amini se dirigía al cementerio de Aichi, en la también noroccidental ciudad de Saqqez, donde se ubica la tumba de su hija.

Amini estuvo detenido algunas horas, tras lo cual fue puesto bajo arresto domiciliario, según las mismas fuentes, que también informaron que, al conocerse la información sobre la detención de Amini, pobladores de Saqqez se dirigieron al cementerio, para homenajear a Zhina, pero su avance fue obstruido por efectivos militares.

Respecto a la represión antiopositora, la agencia informativa IranWire -medio de comunicación opositor que opera en el exilio en el Reino Unido- denunció que “las fuerzas de seguridad podrían haber abierto fuego en las protestas y causado varios heridos el sábado por la noche”.

De acuerdo con lo indicado por IranWire, esos incidentes ocurrieron en “Kermanshah, también en el oeste de Irán, y en el distrito de Bari Shilanan de la (occidental) ciudad kurda de Mahabad, donde al menos una persona resultó herida”.

Entre las consignas coreadas por los manifestantes, se destacó “muerte al dictador”, en alusión al líder supremo (máximo gobernante) de Irán, Ali Jamenei.

Por su parte, la Islamic Republic News Agency (Agencia de Noticias de la República Islámica, Irna) -medio de comunicación oficial iraní-, desmintió las versiones periodísticas y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, asegurando que la ciudad natal de Zhina “está en completa clama”.

Entretanto, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Iran, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -integrada por la bangladeshi Sara Hossain, la paquistaní Shaheen Satrdarv Ali, y la argentina Viviana Krsticevic-, expresó preocupación por la seguridad de los familiares de la víctima.

En un comunicado que emitieron el 14 de setiembre -dos días antes del aniversario, denunciaron que, “en un profundamente preocupante acontecimiento, hay denuncias de que autoridades al parecer han intimidado y asediado la familia de Zhina Mahsa, incluido Amjad Amini, su padre”. Ello, “para impedir que la familia cumpla duelo por su muerte”.

La misión también denunció que “la tumba de Zhina Mahsa ha sido dañada en por lo menos dos momentos, según versiones periodísticas”.

Asimismo, informó que “Safa Ali, tío de Zhina Mahsa, fue detenido el 5 de setiembre de 2023, por fuerzas de seguridad, en Saqqez, y su suerte y paradero permanecen desconocidos”.

El grupo de trabajo del consejo, también reveló que “cualquiera quien participe en el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’, inclusive protestando o compartiendo públicamente su apoyo, por ejemplo en medios sociales, corre el riesgo de arresto, detención, tortura y maltrato, y enjuiciamiento por serios delitos que pueden conducir a la imposición de la pena de muerte” .

Las integrantes de la comisión hicieron así alusión a la consigna “Mujer, vida, libertad” coreada durante las manifestaciones del año pasado, a nivel nacional, desencadenadas por el asesinato de la iraní.

Relato del crimen

Amini, de 23 años, fue detenida, el 16 de setiembre de 2022, en Teherán -la capital nacional-, por efectivos de la Gasht-e Ershad (Policía Guía, o Policía Orientadora) -temida fuerza de seguridad de cumplimiento de la fe, popularmente conocida como “policía de la moral”-.

La joven fue acusada de llevar incorrectamente puesto el hijab -velo religioso femenino que cubre la cabeza, el cuello, y los hombros de quienes lo portan-.

El uso correcto de esta prenda es obligatorio, para las mujeres -y las niñas, a partir de la edad de siete años-, según la respectiva ley impuesta, en 1983, por la teocracia instalada hace 44 años, y su propósito específico es el de cubrir el cabello -que, según la costumbre musulmana, las mujeres mantienen largo-.

La dictadura determinó que esa prenda debe usarse ajustada a la cabeza, de modo que, no hacerlo, implica brutal sanción -empezando por la detención, por parte de la “policía de la moral”-.

El asesinato de Amini fue inmediatamente respondido por la vía de masivas manifestaciones, en Teherán y otras ciudades a nivel nacional, cuyo propósito inicial fue el repudio a la misógina política del régimen, que es violatoria de los derechos de las mujeres.

En el marco de las protestas, altos números de participantes quemaron hijabs, además de que se cortaron el pelo, además de que convirtieron la consigna “mujer, vida, libertad”, en expresión distintiva de las protestas -y en movimiento de liberación-.

Las marchas pasaron, durante los meses siguientes, a tener apoyo y participación de hombres, y se enfocaron en la condena a las violaciones que el régimen mantiene contra los derechos humanos en general -destacando las garantías de la población femenina-.

No obstante su naturaleza pacífica, las nacionalmente viralizadas manifestaciones fueron brutalmente reprimidas -con saldo de aproximadamente 500 víctimas fatales, alrededor de 20 mil personas detenidas, así como varios hombres enjuiciados y ahorcados por haberlas respaldado-.

El régimen religioso fue constituido luego de que un proceso denominado Revolución Islámica (1978-1979) derrocó al monarca iraní, el sha (rey) Mohammad Reza Pahlavi -quien gobernó desde 1941 hasta 1979-, para instalar en el poder al fundamentalista ayatola (alto sacerdote) Ruhollah Khomeini -quien estaba exiliado en Francia-.

En declaraciones difundidas el 26 de julio, la secretaria general de la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), la francesa Agnès Callamard, se refirió, en términos fuertes, a la misoginia de la dictadura religiosa iraní.

“Las autoridades iraníes deben abolir el uso obligatorio del velo, anular todas las sentencias condenatorias y penas impuestas por desobedecer esta norma, retirar todos los cargos formulados contra todas las personas enjuiciadas y poner en libertad incondicional a cualquier persona detenida por desobedecer el uso obligatorio del velo”, planteó.

“Las autoridades deben abandonar sus planes de castigar a las mujeres y las niñas por ejercer sus derechos a la igualdad, la intimidad y la libertad de expresión, de religión y de creencias”, agregó, citada en un comunicado que AI difundió, entonces, en su sitio en Internet.

Al respecto, Callamard aseguró, en calidad de exhortación, que “la comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados mientras las autoridades iraníes intensifican su opresión de las mujeres y las niñas”.

“La respuesta de los Estados no debe limitarse a contundentes declaraciones públicas e intervenciones diplomáticas”, advirtió.

Debe “conllevar, también, el uso de vías legales para que las autoridades iraníes rindan cuentas por ordenar, planear y cometer violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas contra las mujeres y las niñas, mediante la aplicación del uso obligatorio del velo”, propuso, a continuación.