Teodora del Carmen Vásquez, desde el 2018, año de su encarcelación, fundó la asociación Mujeres Libres de El Salvador, proyecto que reivindica los derechos de la encarceladas a causa de la misógina legislación antiaborto
Teodora del Carmen Vásquez, quien permaneció una década en prisión, por la pérdida accidental de su bebé, se empoderó de la adversa e injusta situación que enfrentaba, y logró, con otras mujeres en igual condición, fundar una asociación para, principalmente, sensibilizar a la sociedad respecto a los numerosos casos iguales a los suyos.
Se trata de la oenegé Mujeres Libres de El Salvador, que, creada en 2018 -el año de su excarcelación- desarrolla la iniciativa denominada “Mujeres en el Camino, de la privación de libertad a un proyecto de vida”.
El proyecto reivindica los derechos de la encarceladas a causa de la misógina legislación antiaborto que, sin más base que el machismo, impone brutales condenas por crímenes no existentes -por lo tanto, no cometidos-.
En declaraciones reproducidas el 8 de diciembre por el costarricense Semanario Universidad, Vásquez reafirmó la arbitrariedad de esas disposiciones, a causa de las cuales, si una mujer sufre alguna emergencia obstétrica, y pierde su embarazo, es, automáticamente -sin investigación previa, y en juicios con sentencia condenatoria prevista- acusada de haber provocado un aborto -por lo tanto, de haber cometido un asesinato-.
“Yo siempre he dicho que yo estuve en la cárcel, pero la cárcel nunca estuvo dentro de mí, porque yo no era culpable”, expresó, durante la reciente visita que realizó, a Costa Rica, en la promoción del documental “Fly so Far” (“Vuela tan Lejos”), producido por Mujeres Libres de El Salvador, sobre la cruel legislación antiaborto salvadoreña.
“Yo no era culpable, entonces, no me sentía culpable por estar ahí sino que yo me sentía impotente porque no podía hacer nada realmente”, aseguró.
“Quienes debieron darme protección, me acusaron de un delito que no cometí”, denunció.
Vásquez hizo así alusión al hecho de que, en julio de 2007, en el noveno mes de embarazo, sufrió una emergencia obstétrica, a causa de la cual se generó el proceso de parto.
La salvadoreña agregó que la ambulancia que solicitó vía telefónica, no llegó, aunque lo hicieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Debido a que dio a luz a una bebé sin vida, los efectivos de seguridad la condujeron, de inmediato, a una estación de la PCN, lugar desde el cual fue trasladada a un hospital.
En el centro médico, se le tipificó el fabricado delito de homicidio agravado -lo habitual, en estos casos-, a raíz de lo cual fue ilegítimamente sometida a juicio y, previsiblemente, condenada a 30 años de prisión, en una flagrante violación de derechos humanos.
Al narrar el tiempo durante el cual permaneció recluida –en la Cárcel de Mujeres en la ciudad de Ilopango, en el central departamento (provincia) de San Salvador, en el cual también se ubica la capital nacional-, dijo que “creo que, los primeros días de la cárcel, yo me quería morir”.
“Estaba enferma, golpeada, destruida totalmente, había perdido a mi hija, no podía llorar el duelo de ella, porque, cómo iba a llorar si la gente pensaba que lloraba de remordimiento?”, agregó.
“Había perdido todo, mis amigos, mi familia, mi hija, mi pareja”, contexto en el cual “hubo un momento que le dije, a Dios: ‘por qué no me muero?’”, siguió narrando.
También relató que, en el lapso de su reclusión, no le fue posible ver, con frecuencia, a su hijo -entonces menor de edad-.
“Ahora tiene 19 años”, indicó, para relatar, a continuación, que “lo pude ver sólo cuatro veces, que mi familia me lo llevó”.
“Luego, el sistema penitenciario pidió que todas las personas que teníamos hijos menores, y, si queríamos que nos fueran a ver, teníamos que hacer un escrito, al juez, para que los dejara entrar”, precisó.
“Ese escrito costaba 400 dólares, 500 dólares, y yo no tenía 500 dólares, en la cárcel…entonces, cómo pagaba?”, agregó.
“La última vez que vi a mi hijo tenía ocho años”, narró asimismo, para puntualizar que, “después de ahí, ya no lo volví a ver, por esta iniciativa de las instituciones carcelarias”, una situación que “fue muy difícil”, subrayó, además de señalar que se trató de algo en relación a lo cual “yo no encontraba sentido”.
En tal contexto, “para mí, fue muy difícil la primera vez que fue a verme, mi hijo”, aseguró.
Ello, porque “él se ilusionó mucho, y él pensaba que, ese día, yo me iba a ir con ellos, o que se iba a quedar conmigo, él pensaba que ese día no nos íbamos a separar”, planteó, a continuación.
“Fue duro, para mí cuando nos tuvimos que despedir, porque él lloraba muy horrible”, razón por la cual “yo me quedé muy mal después de esa vez”.
Vásquez señaló que, a raíz de esa situación, “yo dije: ‘yo tengo que hacer algo’, entonces, me inscribí en la escuela, empecé a ir a los programas que daba la cárcel”, los que “no me gustaban, pero iba”, porque, “para mí, cada programa que la cárcel daba, era un paso más”, hacia su toma de control de la dramática situación.
Oriunda de la ciudad de Ahuachapán -la capital del occidental y costero departamento de igual nombre, fronterizo con Guatemala-, indicó que, hasta 1998, el aborto era permitido, en el país centroamericano, en cualquiera de tres casos -si el embarazo era resultado de violación, si era incompatible con la vida, si la madre padecía alguna dolencia-.
Ese año, “se reformó el Código Procesal Penal, y, desde ese momento, se reconoce la vida desde el momento de la concepción”, agregó.
Por lo tanto, “desde el momento en que una mujer concibe (…) si está mal de salud, igual tiene que llevar su embarazo a término”, precisó.
En ese sentido, dijo que “hay casos de mujeres que, incluso, estrenaron el Código Procesal (reformado), porque, en 1998, llegaron a la cárcel, y, esas mujeres, estaban condenadas, igual, a 30 años”.
Al evaluar la situación nacional, en esta materia, Velásquez aseguró que, en el tiempo transcurrido desde su detención, “lamentablemente, en nuestro país no ha cambiado nada”.
“Incluso sigue peor, porque, este año, en el mes de mayo, condenaron, a una mujer, a 50 años de prisión”, agregó, a manera de reflexión y de denuncia.
“Una mujer que llega al hospital, buscando apoyo o ayuda, lamentablemente, es acusada, de que asesinó a su recién nacido, y la condena es más larga: 50 años de prisión”, reafirmó, a continuación.
“Cuando yo entré a prisión conocí a otras mujeres ahí: había 24 mujeres en esa cárcel cuando yo salí”, señaló.
“En la actualidad esas 24 mujeres están fuera de la cárcel, pero a ninguna de nosotras se nos ha declarado inocentes, a ninguna de nosotras el Estado nos quiere reconocer que cometió un error al encarcelarnos sin tener una prueba”, subrayó.
“A todas nosotras, nos han dado la libertad con conmutación de pena, y esta conmutación de pena se recibe por gracia”, explicó, además de puntualizar que “la gracia es que si te portaste bien”.
De acuerdo con la legislación penal de El Salvador, “todo privado de libertad, cuando tiene (cumplida) la tercera parte de su condena, tiene derecho a pedir la libertad anticipada”, y “yo salí por ello”, explicó.
Vásquez reveló que, “ahorita, hay cinco mujeres privadas de libertad”, de modo que “la lucha, como Mujeres Libres de El Salvador, y (otras) organizaciones, en diferentes espacios, es por la libertad de las compañeras”.
Y destacó: “pero, también, nuestro eslogan en Mujeres Libres es: ‘para que la historia no se repita en generaciones futuras’”.
