La salvadoreña Sara Rogel, quien obtuvo, este mes, la reducción -de treinta a diez años-, de su condena a prisión por haber abortado accidentalmente, se comprometió, al lograr libertad condicional, a procurar justicia para las mujeres aún encarceladas por la misma razón.

Esas reclusas -también acusadas de haber cometido el delito de homicidio agravado- no cometieron ese crimen sino que sufrieron emergencias obstétricas, aseguró Rogel, en conferencia de prensa, el 8 de junio, un día después de su excarcelación.

La joven -quien cumplió casi un tercio de la condena inicial- es víctima de la brutal legislación vigente en El Salvador, que prohíbe el aborto, cualquiera sea la causa, y lo castiga con penas de hasta treinta años de prisión.

De igual manera -y por considerar que se trata, igualmente, de aborto- sanciona los nacimientos de bebés sin vida.

También penaliza, con hasta 12 años de encarcelamiento, al personal médico que asista a las mujeres en situación de emergencia obstétrica.

Esto conduce, a médicos -y hasta a familiares de embarazadas- a denunciar, a las autoridades policiales, los casos llegados a los hospitales.

La irracionalidad machista de esa legislación mantiene en prisión a casi una veintena de víctimas.

En el diálogo que desarrolló con periodistas, un día después de su excarcelación, Rogel aseguró el compromiso de “luchar por las mujeres que han quedado en esas rejas”.

En ese sentido, planteó que su objetivo consiste en “hacer justicia, porque merecen la oportunidad de salir de ese lugar, porque son inocentes”.

“Han perdido a sus hijos, han alejado a sus familias de ellas, y yo quiero que se haga justicia con ellas también, así como conmigo”, subrayó, para reafirmar, a continuación, que “son inocentes”.

Las mujeres quienes permanecen en prisión, por un crimen que no cometieron, “sólo han sido víctimas de las leyes de este país”, explicó.

Rogel denunció, además, que “el país no mide las consecuencias y el daño que pueden causar a las personas, como el daño que yo y mis demás compañeras han tenido, estando en esas rejas”.

La joven, quien, al momento de su detención e inmediata condena, en 2012, tenía 18 años, dijo que la repentina crisis interrumpió sus estudios a nivel de enseñanza secundaria.

Explicó que “estaba al terminar mis estudios”, tras lo cual “quería hacer una licenciatura en enfermería”, pero, “lamentablemente, me pasó este accidente.

El encarcelamiento “fue muy difícil, porque me di cuenta de tantas cosas, ya presa”, comenzó a narrar.

“Para mí, me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos”, agregó, de inmediato.

Durante el período de reclusión, “anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mis familia”, reafirmó Rogel, oriunda de una zona rural salvadoreña, quien permaneció recluida en el Centro de Detención Menor para Mujeres, en Zacatecoluca, la capital del surcentral y costero departamento (provincia) de La paz.

En ese sentido, y tras aclarar que, obviamente, no es una criminal -como tampoco lo son las demás víctimas-, aseguró, a manera de angustiada reflexión, que “estar en prisión, no es nada fácil».

La joven presentó, además, a los periodistas, la relación verdadera de los hechos, contexto en el cual subrayó que el aborto que sufrió fue accidental -y no deseado-.

Indicó que estaba por ser madre de una niña.

“Fue un accidente que dio vuelta a mi vida”, ya que, “yo amaba a mi bebé, y, por una caída, terminé en la cárcel”, expresó.

Lavando ropa, “me caí, quedé inconsciente, y, cuando desperté, estaba en el hospital (…) no sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo”, relató.

El personal médico se limitó, durante aproximadamente dios días, a indicarle que debía mantener reposo, “porque había perdido mucha sangre”.

“Cuando reaccioné, ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella, y me condenaron a 30 años de cárcel”, denunció.

Habiendo cumplido casi la tercera parte de la condena, ésta le fue conmutada, en enero de este año, tras lo cual -y como resultado de numerosas gestiones legales- un juez ordenó, al final de mayo, ,la libertad condicional, hasta el cumplimiento pleno de la sentencia reducida.

“Nunca pensé que, de una caída o de un golpe, yo iba a perder a mi hija, y, lo peor, que estuviera entre las rejas (…) cuando no tuve nada que ver, porque fue un accidente, lo que yo tuve”, indicó, durante la conferencia de prensa.

“Yo amaba a mi bebé, yo tenía todo lo que una madre deseaba: tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”, expresó.

En el contexto de la machista legislación antiaborto, la Asamblea Legislativa
-parlamento unicameral- del país centroamericano -controlada por la mayoría oficialista del derechista partido Nuevas Ideas (NI)- decidió, el 19 de mayo, archivar un proyecto de ley para la despenalización del aborto.

La iniciativa es impulsada, desde 2016, a nivel legislativo, por varias organizaciones de la sociedad civil local.

Entre sus objetivos centrales, el proyecto apunta a que el aborto sea despenalizado en los casos en que la vida de la mujer esté en riesgo, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, lo mismo que si el embarazo es resultado de violación.

En línea con lo actuado por la maquinaria legislativa progubernamental, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele -un populista de derecha quien fue militante del izquierdista y ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FSLN)- aseguró, en 2020, que “no estoy a favor del aborto, y creo que, al final, en el futuro, algún día, nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos”.