Las sanciones que unilateralmente son impuestas a países -por causas tales como violaciones a las garantías fundamentales, incluidos crímenes de lesa humanidad-, golpean, con particular fuerza, a los sectores nacionales más desprotegidos, advirtió una experta internacional independiente en el campo de los derechos humanos.
Ello, en un contexto de afectación a la población, en términos generales, indicó, al formular la advertencia, la bielorrusa Alena Douhan, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos.
Por tal razón, aquellos que aplican sanciones, deben considerar el levantamiento de esos castigos, o su implementación en el menor grado de severidad posible, propuso Douhan, en declaraciones reproducidas, el 8 de diciembre, por Noticias ONU, la agencia informativa de la organización mundial.
“Los grupos vulnerables son, a menudo, los que más dependen de la ayuda social o humanitaria”, sin embargo, “ésta no puede suministrarse, a pesar de las exenciones existentes, por las sanciones”, precisó.
En ese sentido, amplió que, “además de las mujeres y los niños, estos grupos incluyen a los indígenas, las personas con discapacidad, los refugiados, los desplazados internos, los migrantes, las personas que viven en la pobreza, los ancianos, las personas afectadas por enfermedades graves, y otras personas que se enfrentan a retos particulares en la sociedad”.
Existe, de hecho, por la naturaleza de esas medidas, una tendencia a la exageración en su implementación, advirtió Douhan, quien además es catedrática universitaria en derecho internacional.
“La complejidad de la normativa sobre sanciones, junto a la aplicación extraterritorial, y las fuertes sanciones, han provocado que las entidades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales, por miedo a las consecuencias de las infracciones involuntarias”, denunció la experta.
Ello conduce a casos en los cuales, por ejemplo, “los bancos se muestran reticentes a financiar la ayuda o tramitar las transacciones para las compras humanitarias”, dijo, para agregar, a continuación, que “las empresas de transporte se niegan a gestionar los envíos de bienes humanitarios”.
Por otra parte, “en ocasiones, las organizaciones humanitarias han dejado de operar en los países sancionados, debido a estas dificultades”, precisó.
Por si lo anterior fuese poco, “las sanciones suelen incluir embargos de combustible, e impiden, a los países sancionados, obtener piezas para mantener infraestructuras vitales para la vida cotidiana”, lo que incluye a “los sistemas de suministro de alimentos, agua, saneamiento, salud, y electricidad”, planteó.
Douhan manifestó, como ejemplos adicionales, que, “cuando un país no puede obtener combustible, no se pueden entregar medicamentos y equipos médicos, y la gente no puede acudir a los hospitales, para recibir atención médica, como las pruebas y controles durante los embarazos, los partos, la vacunación de niños, y la atención médica”.
La experta explicó, asimismo, que, “además de impedir el transporte de personas y bienes como los alimentos, la falta de combustible y la incapacidad de conseguir repuestos afecta a la obtención de energía eléctrica, impidiendo que las bombas eléctricas suministren agua para beber y para el saneamiento”.
Al respecto, subrayó el perjuicio específico para la población femenina.
“Las mujeres, en particular, se ven muy afectadas”, comenzó a detallar.
Esto, porque “ellas son las que, a menudo, tienen que ir a buscar el agua potable para sus familias”, indicó.
De modo que, “cuando las sanciones provocan un descenso de la actividad económica, (ellas) suelen ser las primera en perder sus empleos, y convertirse en el objetivo de los traficantes, para su explotación sexual”, advirtió.
La negativa incidencia que, en general, tienen las sanciones, “puede hacer que un país retroceda en la escala de desarrollo”, lo que, como consecuencia, “puede representar una gran amenaza que impida la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible” (ODS), volvió a advertir.
La experta hizo, así, alusión a las metas contenidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Consistentes en 17 metas -incluida la igualdad de género-, los ODS están establecidos para cumplirse, a más tardar, para 2030.
El quinto de los objetivos se refiere, precisamente, al componente de “Igualdad de Género”, con el propósito de “poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas”, lo que, simultáneamente, es un derecho humano básico, además de constituir un aspecto clave en materia de desarrollo sostenible.
“Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial”, se indica, asimismo, en ese punto.
Respecto a las consecuencias negativas de las sanciones, Douhan expresó que, “desde una perspectiva de derechos humanos, reitero mi llamamiento, a las Naciones Unidas, a las ONG, y a otros actores humanitarios, a centrar su atención en los grupos vulnerables de los países sancionados”.
Esto, puede lograrse “por medio de un seguimiento y una evaluación continua de las consecuencias que las sanciones tienen en los derechos humanos”, aclaró.
En un planteamiento dirigido a los países que las imponen, los exhortó a “levantarlas o reducirlas al mínimo, tal y como exige el derecho internacional”, lo mismo que a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las sanciones unilaterales tengan efectos adversos sobre los derechos humanos”.
Igualmente, los instó a “tomar todas las medidas necesarias para evitar el cumplimiento exagerado de los regímenes de sanciones”, además de “proporcionar exenciones de mayor alcance, y procedimientos más sencillos, así como a facilitar la entrega de ayuda humanitaria, a pesar de los regímenes de sanciones”.
