El desplazamiento regional de mujeres, niñas, y personas de la comunidad sexualmente diversa -particularmente población femenina trans-, en el Triángulo Norte de Centroamérica, genera la necesidad de acciones más eficaces para protegerlas contra la violencia de género, planteó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La agresión machista que presentan los países de esta subregión -El Salvador, Guatemala, Honduras- es, al mismo tiempo, factor determinante de la masiva migración -lo mismo adultas que menores de edad- que componente de riesgo en la ruta de desplazamiento, de acuerdo con lo señalado por la agencia especializada internacional, en una nota informativa que difundió, el 6 de diciembre, en su sitio en Internet.

Si bien se requiere más efectividad en el accionar de los gobiernos involucrados, algunas iniciativas, a niveles tanto regional como nacional, son llevadas a cabo, indicó.

Citada en el artículo, la Alta Comisionada Adjunta de Acnur para la Protección, la australiana Gillian Triggs, subrayó la importancia de medidas preventivas, así como de centrar, en las sobrevivientes, las iniciativas de respuesta al serio problema.

“En respuesta a los alarmantes niveles de violencia de género en el norte de Centroamérica, ACNUR (…) pide medidas más eficaces, innovadoras e inmediatas para proteger los derechos de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer, y otras) que se desplazan en la región”, señaló la agencia de Naciones Unidas protectora de los derechos de las personas refugiadas.

“La violencia de género, a menudo poco denunciada y estadísticamente invisible, es uno de los principales factores que llevan a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ a huir de sus hogares en El Salvador, Honduras y Guatemala”, indicó, en la información que tituló “ACNUR insta a que se emprendan acciones más eficaces contra la violencia de género en el norte de Centroamérica”.

“Al mismo tiempo, es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan en su búsqueda de seguridad”, explicó.

“La situación se volvió crítica durante los confinamientos relacionados con la pandemia (mundial del nuevo coronavirus), que aumentaron los incidentes y los riesgos”, precisó.

Por otra parte, “una vez que se levantaron las restricciones fronterizas a la circulación en los últimos meses, las mujeres y las niñas ocuparon un lugar destacado entre las cifras sin precedentes de personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares”, informó, a continuación.

La agencia precisó, asimismo, la incidencia que, en el masivo y constante fenómeno migratorio, tiene la delincuencia, a su vez, uno de los principales factores que hacen que el Triángulo Norte sea catalogado como una de las regiones más violentas, a nivel mundial.

“Las pandillas callejeras suelen atacar y forzar, a mujeres y niñas, a la esclavitud sexual”, indicó, al respecto, para agregar que “los delincuentes también utilizan la agresión sexual
– o la amenaza de ella – como arma para obligar a los miembros de la familia a realizar actividades ilícitas”.

La situación presenta algunas características particularmente complejas, como, por ejemplo, “cuando se percibe que las mujeres y niñas tienen vínculos con una pandilla concreta”, ya que “pueden ser objetivo de sus rivales”, señaló.

“Además, las mujeres y las niñas pueden ser víctimas de abuso o violación o, incluso, ser asesinadas como parte de los ritos de iniciación de las pandillas”, planteó Acnur.

En este sentido, informó que, “un estudio reciente en Honduras demostró que la violencia contra las mujeres era un factor determinante en el desplazamiento”.

Ello, “sobre todo para aquellas que tenían funciones de liderazgo y relaciones con miembros de las pandillas o de las fuerzas de seguridad”, puntualizó.

La agencia especializada de Naciones Unidas también se refirió al hecho de que “las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres transgénero, también son especialmente vulnerables a la extorsión, la explotación y la persecución”.

Al respecto, indicó que “en El Salvador, la ONG Comcavis Trans informa que casi dos tercios de las personas LGBTIQ+ a las que han asistido este año huían de pandillas criminales”, además de señalar que, “de hecho, las amenazas de muerte constituyen el principal motivo para huir”.

En el mismo sentido, reveló que, “en Honduras, la ONG Cattrachas reporta 373 asesinatos violentos de personas LGBTIQ+ desde 2009”.

La entidad de la organización mundial destacó, sobre este tema, que, “sin embargo, incluso cuando huyen en busca de seguridad, muchas mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ son vulnerables a la trata, las agresiones y las violaciones, sobre todo cuando recurren a las redes de tratantes o cruzan las fronteras por puntos informales”.

Esos son los diferentes límites terrestres que las personas migrantes deben sortear en la ruta, principalmente hacia Estados Unidos, desde el Triángulo Norte, y que, en promedio, se extiende unos cuatro mil kilómetros.

Si bien señaló que, en materia de protección a las migrantes, se requiere acciones de mayor eficacia, Acnur hizo referencia a iniciativas que son implementadas, en el contexto regional así como a nivel nacional.

En el primer caso, destacó el instrumentan denominado Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (Mirps), para abordar el desplazamiento forzado en Centroamérica y México.

Al describirlo como “un mecanismo regional de solidaridad y de responsabilidad compartida” en el que participan siete países -Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá-, la entidad mundial para los refugiados señaló que “la lucha contra la violencia de género es un punto clave” del mismo.

En su sitio en Internet, Acnur informa que, constituido en 2017, esos países “acordaron participar en la implementación” del Mirps, “para fortalecer la cooperación regional y la responsabilidad compartida asociada con países de origen, tránsito y destino”.

Para ello, “se comprometieron a adoptar e implementar planes de acción nacionales, alineados con los compromisos y prioridades específicas de país”, señala.

Una iniciativa enmarcada en el Mirps se implementa en Guatemala, y se denomina Unidades Móviles para la Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Univet), según lo indicado en la nota informativa de Acnur.

Llevada adelante por la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), de la Vicepresidencia de la República, la iniciativa consiste en unidades que “se desplazan a lugares remotos y a lo largo de las rutas de tránsito para proporcionar información y brindar apoyo a supervivientes de violencia de género”, explicó.

Citada en el artículo, Triggs expresó que “es inaceptable que la violencia de género siga expulsando a las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ de sus hogares, y que siga siendo uno de los principales riesgos a los que se enfrentan durante su desplazamiento”.

“Las autoridades nacionales deben garantizar su acceso al asilo y a la protección, así como ampliar las medidas de prevención y respuesta”, recomendó.

“Las medidas de prevención son cruciales para ayudar a empoderar a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, así como para garantizar sus derechos e impulsar su autosuficiencia”, reflexionó la experta.

En su opinión, “al mismo tiempo, quienes logran sobrevivir a los abusos, deben estar en el centro de todas las respuestas”