La dictadura religiosa que gobierna a Afganistán, mantiene la mira de la represión misógina enfocada en las mujeres solteras, quienes son castigadas si incurren en conductas consideradas como violatorias de la virtud
La Misión Asistencial de las Naciones Unidas en Afganistán (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, Unama, precisó en un estudio temático sobre violencia de género, que cubre el último trimestre de 2023, que la mira de la represión misógina es enfocada en las mujeres solteras, quienes son castigadas si incurren en conductas consideradas como violatorias de la virtud. En el caso de reincidencia, los familiares varones son sujetos de sanción -desde advertencia hasta prisión-.
El estudio elaborado a partir de entrevistas llevadas a cabo en el terreno con 71 funcionarios de la dictadura -incluidas cuatro mujeres- incluyó 87 actores de la sociedad civil -entre ellos, 30 mujeres. Por razones éticas y de seguridad, no entrevistó a sobrevivientes de las violaciones a las garantías fundamentales, que la dictadura religiosa que gobierna a Afganistán mantiene.
Al actualizar los datos sobre “violencia de género contra mujeres y niñas” el grupo de trabajo denunció que el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio mantiene personal desplegado a nivel nacional, vigilando que la población femenina de ciudades y comunidades cumplan con la brutalmente severa legislación que el régimen impone en materia de conducta.
“Las autoridades de facto siguen implementando y promulgando restricciones respecto a los derechos de las mujeres al trabajo, la educación, y la libertad de movimiento”, señaló la Unama, en el informe que, titulado “Situación de derechos humanos en Afganistán. Octubre–diciembre de 2023” (“Human rights situation in Afghanistan. October-December 2023”), dio a conocer el 14 de diciembre.
Operación de vigilancia para el cumplimiento de normativas
“En particular el de facto Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, y sus respectivos departamentos a nivel provincial, cumplen su papel de vigilancia y cumplimiento respecto al hijab, al mahram, y a otros requisitos impuestos a las mujeres, mediante visitas a lugares públicos, oficinas, e instituciones educativas, lo mismo que estableciendo retenes”, informó la misión de la organización mundial.
El hijab es el velo religioso que, según la misógina legislación talibana, la población femenina -adultas, y niñas a partir de los siete años- está obligada a llevar puesto, y que cubre la cabeza y los hombros de quienes lo usan, mientras que el mahram es un familiar masculino cercano -por ejemplo, padre, hermano, marido- quien debe acompañar, a las mujeres, en sus desplazamientos fuera del hogar –incluidos viajes que cubren distancias extensa-.
Al mencionar algunos ejemplos de monitoreo por parte de dependencias del ministerio, la misión se refirió a la visita que personal del Departamento de Propaganda y Prevención del Vicio realizaron, el 26 de diciembre, a una estación de autobuses en la ciudad de Kandahar, capital de la sureña provincia de igual nombre -fronteriza con Pakistán.
La operación de vigilancia apuntó a “asegurarse de que las mujeres no estuviesen viajando largas distancias, sin mahrams, e instruyeron, a los conductores de los autobuses, en el sentido de que no estaban autorizados a permitir, a bordo, mujeres sin mahram”, explicó.
También hizo referencia a casos registrados, durante el trimestre, en los cuales funcionarios de ese departamento ministerial “impidiendo que mujerestrabajasen o accediesen a servicios, por no estar casadas o por no tener mahram”.
Al respecto, reató que “el 1 de octubre, tres trabajadoras de salud fueron detenidas porque se dirigían, sin mahram, a sus lugares de trabajo”.
“Las mujeres fueron puestas en libertad, después de que sus familias firmaron garantías escritas, en el sentido de que (las detenidas) no repetirían el acto”, agregó.
Por otra parte, en un incidente registrado el 2 de diciembre, funcionarios locales del departamento, “impidieron, a mujeres sin mahrams, tuviesen acceso a instalaciones de asistencia en salud”.
El departamento sigue, desde entonces, realizando visitas de vigilancia a centros sanitarios, contexto en el cual, autoridades de esa dependencia, “al inicio de diciembre (…) aconsejaron, a las integrantes del personal de una instalación de asistencia en salud, que se casaran o arriesgaran perder su trabajo, afirmando que es impropio que mujeres no casadas, trabajen”.
Entretanto, en la oriental provincia de Nangarhar -también limítrofe con Pakistán, funcionarios de la dependencia ministerial “impidieron que, aproximadamente 400 mujeres, trabajasen en una planta procesadora de piñón, mientras se permitió, a los hombres, seguir trabajando”, informó, asimismo, para precisar que “no se dio razones para la prohibición”.
“Similarmente, el 22 de noviembre, en la norteña provincia de Balkh (fronteriza con Tajikistán, Uzbekistán, y Turkmenistán), la planta eléctrica administrada por autoridades de facto despidió a 200 mujeres, presuntamente por razones financieras, pero ningún empleado varón enfrentó igual acción”, reveló, a continuación.
Otras denuncias en el informe de UNAMA
La Unama denunció, además, que “las actividades de vigilancia del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, frecuentemente, implican arrestos y detención”.
En tal contexto, en una acción llevada a cabo el 27 de noviembre, autoridades del departamento “detuvieron a dos mujeres, por haber comprado anticonceptivos”, informó.
“Las mujeres fueron puestas en libertad después de que sus familias firmaron una garantía de que (las detenidas) no repetirían el acto”, agregó, a continuación.
La misión explicó, asimismo, que diferentes decretos tienen “el efecto de limitar os derechos de las mujeresy las niñas, algunas veces, sin que se haya impuesto una prohibición específica”.
“Por ejemplo, no hay una prohibición general sobre el trabajo de las mujeres, pero, como demuestran los ejemplos anteriores, el requisito del mahram tiene el efecto de limitar el derecho, de las mujeres, a trabajar si no tienen un familiar masculino quien pueda acompañarlas”, precisó.
Imposición del uso del velo
En cuanto a la imposición referida al uso del velo religioso, autoridades del departamento empezaron, el 31 de diciembre, “en cooperación con la policía de facto (…) a tomar medidas para imponer el (…) decreto del hijab, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarios –y advertencias verbales– de un sustancial número de mujeres y niñas acusadas de ‘no usar el hijab adecuado’”, informó.
Al denunciar que “las autoridades de facto, han arrestado a mujeres y niñas”, la Unama puntualizó que, “hasta la fecha, la mayoría de las (…) detenidas fue puesta en libertad, después de varias horas, y luego de que su respectivo mahram firmó una garantíade que la familiar femenina adherirá, en el futuro, al decreto del hijab”.
Respecto a ese tema, la misión también informó que está “investigando denuncias de instancias de maltrato, periodos más extensos (que lo autorizado) de detención, aislamiento, y exigencia de pagos de dinero a cambio de puesta en libertad”.
“Las medidas de cumplimiento que implican violencia física, son particularmente degradantes y peligrosas para las mujeres y las niñas afganas, implicando un estigma que las coloca en riesgo aún mayor”, explicó.
También reveló que “las medidas tomadas por las autoridades de facto, contradicen, en sí mismo, al decreto del hijab”.
Esa disposición “establece los siguientes pasos para su cumplimiento: para una primera violación del decreto, se emite, al mahram de la persona, una advertencia -en el lugar de residencia-; para una segunda violación, el mahram de la persona es citado”.
En cambio, “para una tercera violación, es posible encarcelar, hasta por tres días, al mahram de la persona; y, para una cuarta violación, el mahram de la persona es llevado a un tribunal, para otras acciones”, agregó.
Foto: Cottonbro Studio