Las mujeres de Sudán, quienes fueron parte clave de la caída, el año pasado, del régimen militar que se mantuvo tres décadas en el poder en ese nororiental país africano, están exigiendo que el actual gobierno firme la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
Centenares de sudanesas llevaron a cabo, el segundo día de este año, una manifestación en Jartum, la capital nacional, en repudio al hecho de que Sudán es uno de los cinco estados, a nivel mundial, que no han firmado el documento identificado por la sigla de su denominación en inglés (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), consecuencia de la negativa del régimen (1989-2019) encabezado por el coronel Omar al-Bashir a suscribir el texto.
En alusión a ello, la consigna central de la marcha pacífica, convocada por sesenta organizaciones feministas fue: “El mundo entero, excepto nosotros. Nos hacen sentir vergüenza”.
Numerosas manifestantes portaron pancartas con leyendas de exhortación, al nuevo gobierno militar-civil de transición –instalado el 11 de abril del año pasado, con el derrocamiento de Al-Bashir-, a suscribir la convención.
El primero de sus 30 artículos contenidos en seis capítulos determina que el concepto “discriminación contra la mujer” implica “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
El artículo siguiente establece que “los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”, para lo cual asumen siete compromisos básicos.
Entre otros puntos, se obligan a “consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio”, así como a “adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer”.
También se comprometen a “establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”, además de “abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación”.
El régimen de Al-Bashir actuó, los treinta años que gobernó patriarcalmente al país, en sentido exactamente contrario a los objetivos de la convención.
Ello, mediante la restrictiva Ley de Orden Público, en cuya eliminación, al final del año pasado, las protestas públicas de las sudanesas también fueron un componente clave.
Al referirse a esa medida, el primer ministro sudanés, Abdala Hamdok –quien encabeza el gabinete civil del gobierno de transición-, expresó, el 29 de noviembre, solidaridad con la población femenina y juvenil.
“Rindo tributo a las mujeres y a la juventud de mi país quienes soportaron las atrocidades que resultaron de la implementación de esa ley”, escribió Hamdok, en la red social Twitter.
Las mujeres tuvieron amplia participación en las manifestaciones que, desde el final de 2018, condujeron a la caída de la dictadura de Al-Bashir, y en las marchas por la eliminación de la Ley de Orden Público.
En un informe que emitieron en 2017, organizaciones de sociedad civil denunciaron que la ley consistía en una serie de limitaciones “diseñadas para excluir e intimidar a las mujeres, de participar activamente en la vida pública”, lo que era fortalecido por la vaguedad de sus enunciados.
Las agrupaciones indicaron entonces que la ley otorgaba, al régimen, poderes absolutos que incluían desde determinar qué ropa podían usar las mujeres, hasta si podían trabajar.
También destacaron el hecho de que cualquier contravención era sancionada con flagelación, habiéndose llegado a casos extremos de ejecución mediante lapidación.
Citada el 28 de noviembre, por la British Broadcasting Company (BBC), Aisha Musa, una de las dos mujeres quienes integran el gobernante Consejo Soberano, denunció que el depuesto régimen solamente se enfocaba en limitar los derechos de las mujeres –determinar cómo podían vestir, por ejemplo, prohibiéndoles el uso de pantalones-, en lugar de atender la necesidad, de ese sector poblacional, de acceder a servicios básicos tales como medicina y educación.
“Es hora de que termine toda esa corrupción, de que termine todo ese trato a las mujeres de Sudán”, subrayó.
También citada por el medio de comunicación británico, la activista de derechos humanos Hala al-Karib aseguró que la eliminación de la Ley de Orden Público significó un “paso masivo” para Sudán, ya que sus disposiciones consolidaban la ideología del régimen de Al-Bashir, que estaba “basada sobre el terror y la discriminación”.
La activista señaló, asimismo, que el gobierno tenía, por esa vía, el poder de, “literalmente, cazar a las mujeres”, y advirtió que, ahora, es necesario que el nuevo gobierno lleve a cabo un esfuerzo aun mayor para poner fin a “un marco legal muy discriminatorio” contra las mujeres.
Por su parte, en declaraciones que formuló en abril, en el contexto del fin de la dictadura de Al-Bashir, una activista no identificada declaró a la agencia noticiosa Al Jazeera que “necesitamos un país justo”, aseguró que “hemos sufrido mucho, más que los hombres, en muchos casos”, y expresó que “las mujeres deben estar en el centro de cualquier gobierno”.
