Thalía Rodríguez, líder trans de la comunidad sexualmente diversa en Honduras, fue asesinada apenas iniciado este año.

El crimen fue llevado a cabo por dos atacantes quienes ingresaron, el 10 de enero, a su lugar de residencia en Tegucigalpa, la capital nacional, uno de los cuales le quitó la vida al dispararle, una vez, en la cabeza, de acuerdo con versiones periodísticas locales.

El hecho de que Rodríguez fue asesinada en su casa -tal como ocurrió en otros crímenes de odio perpetrados el año pasado en el violento país centroamericano-, marca lo que parece constituir un peligroso modus operandi de los criminales, de acuerdo con lo señalado por Dunia Orellana, en un artículo publicado el 12 de enero por Reportar sin Miedo, periódico local que dirige.

Los sicarios irrumpieron, apenas transcurridos 10 días de este año, en el alojamiento de la dirigente, ubicado en el sector del cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa, ciudad a la cual llegó, a la edad de dos años, desde el oriental departamento (provincia) de Olancho
-limítrofe con Nicaragua-, del cual era oriunda.

“Thalía salió de la calle, venció la pobreza, y sobrevivía a diario con VIH (virus de inmunodeficiencia humana)”, expresó Seidy Irías, dirigente de la Red Lésbica Cattrachas, citada por Reportar.

La organización toma su nombre de la expresión popular “catracho” o “catracha”, con la cual los hondureños mencionan su nacionalidad.

“Aun así, el Estado no la protegió”, de modo que, “lo que pedimos es justicia”.

La víctima, de 45 años, era una de las pocas mujeres trans quienes han superado el promedio máximo de edad -35 años- al que llegan esas personas, señaló, además, Orellana.

Por ello, junto con otras cuatro dirigentes de ese sector de la diversidad sexual hondureña
-Carola, Celia, Biby, Safiro- integraba el grupo que denominó “el clan de las cinco entre los 45 y 55 años”.

En ese sentido, en diálogo con Reportar sin Miedo, semanas antes de ser asesinada, Rodríguez señaló que “soy una de las pocas que han sobrevivido”.

“He perdido a la mayoría de mis amigos en el camino, y he tenido que enterrarlos”, reflexionó.

De acuerdo con diferentes organizaciones de derechos de la población Lgbti, la violencia contra la población trans de Honduras se agudizó a partir del cruento golpe de Estado de junio de 2009, que derrocó al presidente Manuel “Mel” Zelaya, siete meses antes de que finalizara su mandato constitucional (2006-2010).

La represión desencadenada entonces, golpeó, con particular fuerza, a ese sector, razón por la cual la Red Lésbica Cattrachas logró la reciente condena, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por el caso específico de Vicky Hernández, una mujer trans quien fue asesinada en 2009, en ese contexto.

En una declaración citada por Reportar, Cattrachas denunció que, “después del 2009, cualquiera podía matarnos”, y que “el mensaje que dejó el golpe de Estado es que los cuerpos de las personas” de la comunidad sexualmente diversa “no valían nada, que nadie los investigaba”.

En ese sentido, Iriías dijo que, “después de 2009”, esa población, “en Honduras, quedó desprotegida”, y advirtió que “las mujeres trans también sufren violencia, en sus hogares”.

Reportar indicó, respecto al fallo de la Corte IDH, que, si bien “la condena contra el Estado de Honduras por la activista trans Vicky Hernández exige reparos y creación de leyes que protejan a la población diversa, hasta ahora el gobierno de (el presidente) Juan Orlando Hernández no se ha preocupado por cumplir la sentencia”.
“Por el contrario, el propio presidente Hernández calificó como ‘enemigos de la independencia’ a los colectivos” hondureños de la población diversa.

Fuertemente cuestionado por hechos de corrupción -incluidos señalamientos de vínculos directos con el narcotráfico- y por autoritarismo, Hernández se apresta a dejar, el 27 de enero, la presidencia, para ser sucedido por Xiomara Castro, la primera hondureña en el ejercicio de ese cargo, y esposa de Zelaya.

La elección de Castro, en los comicios de noviembre, “dejó un sabor de esperanza en los grupos de la diversidad sexual hondureña”, planteó Reportar.

En declaraciones reproducidas el 16 de enero, por el diario español El País, la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, expresó, respecto a Rodríguez, que “su muerte era una muerte anunciada”, y agregó que “no queda ninguna activista trans de mi generación. Ella era la última. Todas están muertas: o porque las asesinaron, o por el VIH (virus de inmunodeficiencia humana)”.

Mendoza relató, al medio de comunicación europeo, que “Thalía se había convertido en una voz relevante en la defensa de los derechos de las personas transexuales”, en particular, defendiendo los derechos de quienes padecen esa enfermedad.

En momentos en los cuales, en Honduras, se dificultó el acceso general a medicamentos antirretrovirales para combatir esa dolencia, “su trabajo para garantizar el derecho a la salud fue determinante”, planteó.

“Es muy triste, era una compañera fuerte de lucha, íbamos creciendo juntas, y quedarse una, aquí, no está fácil”, expresó.

El País informó que, en materia de crímenes de odio en Honduras, 28 personas de la comunidad Lgbti fueron asesinadas en 2001, y que el total, desde 2009, se ubica en 402.

Al citar a la organización internacional Human Rights Watch (HRW), el periódico español indicó que, en un reciente informe, la entidad indicó que, “en ese país la población LGTBI suele ser blanco de discriminación, extorsión y violencia por parte de las pandillas, la policía nacional civil y la policía militar, así como de la sociedad en general”, y que “la discriminación también es común en las escuelas, los lugares de trabajo, y los hogares”.

Respecto al asesinato de Rodríguez, las oficinas de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (Oacnudh) y del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), emitieron, el 14 de enero, declaraciones condenando el crimen.

Citada en un comunicado que Oacnudh dio a conocer en Tegucigalpa, la representante de la entidad mundial en Honduras, la española Isabel Albaladejo, dijo que “las mujeres trans, y en particular quienes son defensoras de derechos humanos, enfrentan serios riesgos que se ven agravados por la violencia ejercida en su contra”.

El asesinato de Rodríguez es “un indignante reflejo de ello”, agregó.

“El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por este crimen y adoptar las medidas necesarias para propiciar entornos seguros para la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, planteó.

Por su parte, y también en un comunicado que difundió en la capital hondureña, Acnur denunció la situación de particular vulnerabilidad de quienes integran la población sexualmente diversa nacional.

“Las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI sufren riesgos graves de desplazamiento forzado debido a la discriminación, persecución y amenazas contra su integridad personal por su orientación sexual o expresión de género”, señaló.

El crimen contra Rodríguez, “quien era defensora de derechos humanos, causa un impacto adicional muy preocupante que perjudica el muy valorado trabajo de los defensores de derechos humanos en Honduras”, agregó, como advertencia.

Respecto al brutal delito, Safiro, amiga de la víctima, expresó que “me fastidia, jamás pensé que moriría así, porque Thalía era motivación pura”.