Al igual que la extrema pobreza, la situación de inexistente inseguridad ciudadana que tiene por escenario a Haití, golpea con brutal crueldad a las mujeres
Los sectores de Puerto Príncipe -la capital nacional, en la costa oeste del francoparlante país caribeño-, y de otras ciudades, dominados por pandillas criminales son tierra de nadie
-para los habitantes, en general, y para la población femenina, en particular-.
La violencia de género impuesta por esos grupos delictivos ha convertido calles y otros lugares públicos, en enclaves sin ley, donde los pandilleros hacen, impunemente, su voluntad, una de las principales causas de la migración, lo mismo interna que hacia el exterior.
Según definición del Banco Mundial (BM), la crítica situación haitiana se caracteriza por tres componentes básicos: fragilidad, conflicto, violencia (FCV).
Se trata de un contexto similar al imperante en el Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras-, a causa del accionar de las maras.
Esto, ha dado lugar a la guerra que el autoritario gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, declaró hace un año, a esas pandillas -lo que, si bien ha reducido la incidencia criminal en el país, ha significado la suspensión de garantías constitucionales-.
Los datos más actualizados de organizaciones locales e internacionales, ubican en algo más de 160 mil la proporción de desplazados internos -principalmente mujeres y menores-, y en caso 1.8 millones la ola de migrantes fuera de fronteras -con destino, principalmente, a Estados Unidos (alrededor de 40 por ciento), y a la vecina República Dominicana (poco más de 28 por ciento).
Haití comparte, con República Dominicana la Isla Hispaniola -de la que cubre el tercio occidental-.
En materia de inseguridad ciudadana, datos de la Oficina integrada de las Naciones Unidas en Haití (Bureau integré des Nations Unies en Haïti, Binuh) -establecida el 25 de junio de 2019, por el Consejo de Seguridad de la organización mundial-, el índice promedio de violencia sexual, solamente en Puerto Príncipe, es de casi cien víctimas mensuales.
En términos generales, según las cifras más recientes de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la dramática situación socioeconómica y humanitaria haitiana, para el primer trimestre de 2023, se tradujo en más de 500 personas asesinadas, alrededor de 300 heridas, casi 300 secuestradas.
Además, aproximadamente 4.7 millones -del total nacional de casi 11.5 millones de habitantes- padece hambre en grado agudo, mientras cálculos de diversas organizaciones indican que un 80 por ciento de los haitianos subsiste, milagrosamente, con menos de dos dólares diarios.
Sumado a ello, la inestabilidad política que caracteriza al país, se agudizó, en 2021, con el asesinato del entonces presidente (2017-2021), el centroderechista Jovenel Moïse, y a causa de la ineficiente labor que caracteriza al actual jefe de Estados (desde 2021), Ariel Henry -sospechoso de haber tenido vinculación con el magnicidio-.
Victimización de la población femenina
En el contexto de Estado fallido que caracteriza al país caribeño, y de particular victimización de la población femenina, según los cálculos más actualizados del Banco Mundial (BM), “en Haití, una de cada tres mujeres sufre violencia de género”, lo que incluye “explotación y abuso sexuales, violencia doméstica, violencia física, y matrimonio precoz”.
“Las cifras lo dicen todo: en este país, la violencia física afecta actualmente al 29 % de las mujeres en edad de tener hijos y es perpetrada por la pareja en el 45 % de los casos; el 31 % de las mujeres es víctima de violencia vinculada a presiones psicológicas con el objetivo de ejercer control”, de acuerdo con el BM.
Asimismo, “las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica representan el 34 %, y en el 37 % de los casos las víctimas sufren lesiones graves”, según la misma fuente.
Al informar sobre la dramática situación haitiana, el medio de comunicación France 24 citó, el 6 de abril, testimonios de varias haitianas afectadas por la absoluta ausencia de seguridad ciudadana.
“Iba de camino a trabajar a mi negocio”, comenzó a narrar una víctima no identificada.
“Cuando llegué a Canaan (localidad en la periferia norte capitalina), unos hombres subieron a la furgoneta”, agregó.
“Ya habían colocado cajas (desarmadas) en el suelo, para que todas las mujeres se acostaran sobre ellas”, siguió relatando.
“Tomaron el dinero de mi negocio, me pusieron sobre las cajas, me violaron, y, luego, nos dijeron que nos fuéramos”, dijo, a continuación.
Por su parte, Marjorie Destin, jefa de hogar y madre cuatro niños, detalló su historia de vida.
Propietaria de una venta informal de productos para el cabello, en la localidad de Cabaret -en el sector suburbano noreste de Puerto Príncipe-, narró que, durante su infancia, “podía salir a jugar, pero, actualmente, no puedo ni siquiera asomarme por la ventana, o ir a comprar las cosas básicas de mis hijos”.
Su lugar de residencia fue invadido por pandilleros, explicó.
“Unos bandidos armados, invadieron la zona en la que vivía, disparaban todo el tiempo”, agregó.
Ante la criminal incursión armada, “me acomodé en un rincón con mis tres hijos: al más pequeño lo sostenía de la mano, y a los otros dos les pedí que se escondieran en un rincón”, detalló.
En determinado momento, los criminales prendieron fuego a su vivienda, por lo que, apresuradamente, salió del lugar, con sus hijos, explicó.
“Nos escondimos detrás de un arbusto, y, cuando logramos pasar por debajo del limonero, vi a dos hombres con pasamontañas, que pasaban frente a mí”, señaló, a continuación.
Dijo que, al advertir que continuó caminando, junto con los menores, le ordenaron que se detuviera.
“Uno de ellos, cogió al pequeño, y lo empujó, me vendaron los ojos, y mis hijos, desafortunadamente tuvieron que ver cómo me violaban, por horas”, hasta que dejaron de hacerlo, generando así la oportunidad para huir, relató.
Destin denunció, además, que, pasada la brutal agresión sexual, se dirigió a una estación de la Policía Nacional (Police Nationale), para denunciar la violación en manada, pero los agentes encargados del lugar le indicaron que esa fuerza no atiende casos de violencia pandillera.
France 24 informó que, habiendo perdido su casa, y todas sus pertenencias, Destin se vio obligada a salir, junto con sus hijos, de su lugar de residencia, habiendo viviendo, por algún tiempo, en indigencia, en vía pública.
“Actualmente, la situación es mucho más complicada para esta mujer, de nuevo embarazada”, pero “sin oportunidad de decidir qué hacer sobre su cuerpo en cuanto a su gestación, ya que el aborto en la nación está prohibido en todas las causales”, precisó el medio de comunicación francés.
Lo aberrante, en situaciones nacionales de profunda crisis sociopolítica, de seguridad, o de contexto dictatorial, es que, ante la completa ausencia de respeto a los derechos humanos, de flagrante anulación de garantías constitucionales, los sectores más vulnerables, sin posibilidad inmediata de respuesta ante la injusticia, se adaptan a la realidad -por brutal que sea-.
Lo expresado por Destin, a France 24, es un irrefutable ejemplo de ello.
Victimizada al máximo en su indefensión -y la de sus pequeños hijos-, la mujer, quien corrió alto riesgo de perder la vida mientras una manada machista la violaba, se considera afortunada porque sus irracionales agresores no la mataron.
“Por el momento, no tengo nada”, dijo, al respecto, para agregar que “estoy, sola, superando el drama del que fui víctima”.
Y, en referencia al jefe de la pandilla criminal que controla la localidad de la que huyó, reflexionando sobre su nuevo embarazo, expresó: “cada vez que miro mi estado, le doy gracias a BC, y a todos sus aliados, porque estoy viva con los niños”.
Foto: Zachary Vessels
