Honduras es el cuarto país, en la región de América Latina y el Caribe con los números más altos en materia de matrimonios y uniones infantiles forzados, de acuerdo con los Más recientes datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
La información está contenida en el informe Estado de la Población Mundial 2020, que la agencia especializada de Naciones Unidas emitió el 6 de julio, con el título “Contra mi voluntad: desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad”.
Al enumerar, en el caso de esta región, las prácticas nocivas más frecuentes que violan los derechos de las mujeres y las niñas, el Unfpa destacó la definida como Matrimonio y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas (Muitf), e indicó que, en esta materia, Honduras se ubica entre los cinco países latinoamericanos y caribeños con mayor proporción de casos, luego de Republica Dominicana -que encabeza la lista-, Brasil, y Nicaragua, y antes de Guatemala.
De acuerdo con la información de la entidad internacional, “en Honduras la prevalencia del MUITF es del 37 por ciento, para las mujeres que se unieron antes de los 18 años, y del 10% para las que se unieron antes de los 15 años”.
En cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, “el porcentaje (…) que dan a luz antes de los 18 años, es del 22 por ciento; y la tasa especifica de fecundidad en el grupo de 15 a 19 años, (es) de 101 nacidos vivos por 1000 mujeres”, agregó.
Al informar sobre la presentación local del documento de 160 páginas emitido a nivel mundial, la representación del Unfpa en el papis centroamericano indicó, en un comunicado, que “los países que han ratificado tratados internacionales tales como la Convención sobre los Derechos del Niño tienen la obligación de poner fin al sufrimiento de las niñas”.
Ello, “sin importar si los perpetradores son sus parientes, las comunidades religiosas, los proveedores de servicios de salud, las empresas privadas o las instituciones públicas”.
“Muchos gobiernos han reaccionado con instrumentos legislativos, pero eso es un comienzo y se requieren redoblar esfuerzos”, agregó.
“En Honduras, se logró la modificación del artículo 16 del Código de Familia, con la finalidad de elevar la edad de contraer matrimonio, de 16 a 18 años para ambos sexos, pero las uniones forzadas siguen ocurriendo, sobre todo en el medio rural”, precisó.
Tal situación marca “un claro ejemplo de que las acciones y esfuerzos para proteger a las niñas deben fortalecerse aún más”, advirtió.
En ese sentido, el informe mundial planteó, en términos generales, que décadas de experiencia e investigación han demostrado que, cuando se trata de lograr cambios, los enfoques que tienen su base en el seno de las comunidades son los que generan los mejores resultados.
El informe también señala que es necesario reestructurar, a nivel de los países individualmente, las economías y los sistemas jurídicos en los que se apoyan a fin de garantizar igualdad de oportunidades para godas las mujeres.
En el caso de Honduras, la representante local del Unfpa, Cecilia Maurente, enumeró esfuerzos que la agencia internacional lleva a cabo, en esta materia, en el país.
“EL UNFPA en Honduras, ha puesto en marcha una serie de acciones para contribuir a poner fin al matrimonio y uniones tempranas infantiles y forzadas”, planteó Maurente, citada en el comunicado.
Esas iniciativas “incluyen contar con marcos legales y políticas que permitan defender los derechos de las niñas y adolescentes; desarrollar investigaciones y estudios que permitan favorecer la toma de decisiones con base en evidencia”, dijo.
Además, “trabajar en el cambio sostenible de costumbres, actitudes, comportamientos y relaciones sociales y continuar fortaleciendo los procesos de educación integral de la sexualidad en los ámbitos formales y no formales, acompañados de acciones de sensibilización en el ámbito comunitario, que incluyan a padres y madres de familia”, señaló.
“No obstante, es urgente redoblar estos esfuerzos”, advirtió la experta.
A nivel mundial -Honduras incluida-, la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), pone en riesgo cualquier avance que se haya logrado en materia de derechos de las mujeres y las niñas, señaló el Unfpa.
“Si bien se han logrado avances encaminados a suprimir algunas prácticas nocivas en todo el planeta, la pandemia de COVID-19 amenaza con desbaratar estas conquistas”, advirtió la agencia, en el comunicado.
Ello, principalmente debido a las medidas restrictivas -aislamiento social, suspensión de actividades económicas y de diversa índole- que los gobiernos vienen implementando para tratar de contener la propagación del virus.
“Un análisis reciente reveló que, si los servicios y programas permanecen suspendidos seis meses, puede que otros 13 millones de niñas se casen por obligación y que 2 millones más de niñas sean víctimas de una mutilación genital femenina de aquí a 2030”, brutal práctica, esta última, que países con sociedades fuertemente patriarcales llevan a cabo en niñas.
En materia de violencia de género en Honduras, según datos que el Unfpa dio a conocer al inicio del mes pasado, de enero a mayo de este año, arriba de 40 mil casos fueron denunciados a nivel nacional, la mayoría desde que la pandemia fue declarada, a mediados de marzo, en el país.
Al respecto, en declaraciones reproducidas por medios locales, el subdirector del Sistema Nacional de emergencias 911, Juan Carlos Degrandez, indicó que el encierro por la emergencia sanitaria ha disparado la incidencia de casos, habiéndose registrado, sólo en abril, aproximadamente 10 mil de las denuncias recibidas para el período enero-mayo.
El funcionario explicó que ello obedece a que, a causa principalmente del aislamiento social, las víctimas o potenciales víctimas -tanto mujeres como niñas- están expuestas a situaciones de violencia, ya que deben compartir espacio, 24/7, con los agresores.
Por su arte, el Unfpa explicó, al dar a conocer las cifras, que “la pérdida del trabajo, la disminución de los ingresos o la imposibilidad de adquirirlos incrementan la dependencia económica que constituye una barrera más para denunciar la violencia generando mayores tensiones en el entorno compartido con el agresor”.
En materia de femicidios -la mayor manifestación de violencia de género-, según cifras recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los tres países del área con las mayores tasas de femicidios por cada 100.000 habitantes son El Salvador (6.8), Honduras (5.1), y Bolivia (2.3).
La Cepal precisó que se trata de delitos que, en general, permanecen impunes, ya que las autoridades no los atienden.
