El gobierno saliente de Uruguay –la tercera administración consecutiva del izquierdista Frente Amplio (FA)- aumentó, durante el segundo de dos quinquenios presidenciales (2005-2010, 2015-2020) de Tabaré Vázquez, en casi 200 por ciento el presupuesto que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamujeres) destina a combatir la violencia de género.
El dato está contenido en el más reciente informe del Inamujeres, emitido el 11 de febrero, menos de un mes antes de que Vázquez entregue la presidencia del país sudamericano al mandatario electo, el derechista Luis Alberto Lacalle Pou, quien debe ejercer el cargo durante el quinquenio 2020-2025.
El informe fue dado a conocer, asimismo, algo más de un mes después de que el gobierno de Vázquez declaró, el 30 de diciembre, emergencia nacional, ante lo que describió como la prevalencia de la violencia de género, traducida, días antes, en tres femicidios ocurridos, en menos de veinticuatro horas, durante la celebración de la Nochebuena y la Navidad.
De acuerdo con lo indicado por el Inamujeres, al dar a conocer el balance presupuestal de su Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género, la inversión, durante el presente quinquenio gubernamental, en prevención y en combate al serio fenómeno social, ascendió un 188.5 por ciento, ya que saltó de 69.8 millones de pesos (alrededor de 1.8 millones de dólares) a 201.5 millones de pesos (unos 5.3 millones de dólares).
De acuerdo con la entidad rectora de las políticas en materia de género en Uruguay, el alza presupuestaria en este campo obedeció a factores tales como la creación de programas de asistencia a mujeres lo mismo en riesgo que en situación de violencia.
En tal contexto, el instituto creó, en 2016, alojamientos temporales de emergencia para mujeres vulnerables, además de que empezó a proporcionar apoyo habitacional –subsidio y cobertura de alquiler de vivienda por do años- para las víctimas quienes han superado el cuadro de violencia de género.
Sumado a ello, se habilitó, en 2017, un portal electrónico de recepción de casos de mujeres en situación de inminente violencia, con miras, entre otros objetivos, de facilitarles ubicación en centros de atención.
En este caso, las beneficiarias son lo mismo uruguayas que mujeres inmigrantes.
Al año siguiente, se inició la implementación dos mecanismos de protección, acción extendida a 2019.
Una de esas herramientas es el Sistema de Respuesta, un servicio telefónico (08004141, o *4141) de emergencia, para orientar y asesorar a mujeres quienes se encuentren en situación de violencia en desarrollo.
El servicio es gratuito y confidencia, además de que tiene cobertura nacional y funciona 24/7.
El otro mecanismo consistió en la realización de la 2ª Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones, realizada seis años después de la inicial.
Se trató de la segunda encuesta, que, con el lema “Vivir sin violencia de género: compromiso de Estado”, se llevó a cabo de mayo a agosto del año pasado, y cuyos resultados fueron dados a conocer en noviembre.
El muestreo evidenció que 76.7 por ciento de las uruguayas ha vivido “situaciones de violencia en algún ámbito a lo largo de toda la vida”, lo que marco un aumento respecto a la primera encuesta, cuando la cifra fue 68.8 por ciento.
Entre los ámbitos estudiados, uno de los que presentaron mayor incidencia fue el social –que incluye espacios público tales como “calle, transporte, lugares de diversión o fiesta (…) bares, parques, clubes deportivos, iglesias, centros de salud”-.
Allí, 54.4 por ciento de mujeres sufrió “situaciones de violencia basada en género (…) a lo largo de toda la vida”.
Las dimensiones de la violencia incluyeron “agresiones sexuales verbales y físicas, amedrentamiento y violencia física, violencia en redes sociales”.
Asimismo, el “porcentaje de mujeres que vivieron situaciones de violencia en la infancia hasta cumplir los 15años” se ubicó en 37.1, e incluyó las dimensiones de agresión tanto física como psicológica como sexual.
En cuanto a la victimización por parte de una pareja o ex pareja “a lo largo de toda la vida”, la proporción llegó a 47 por ciento, con iguales formas de agresión que las señaladas en el rubro referido a la infancia, más “violencia económica-patrimonial”.
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior (Seguridad), Uruguay registró 28 femicidios, en 2018, cifra que ascendió, el año pasado, a 30, según el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina(Oig) –entidad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)-, o a 35, de acuerdo con estimaciones de organizaciones de sociedad civil locales.
Los números generan preocupación en las autoridades, por su impacto local, aunque contrastan con el contexto latinoamericano, que, de acuerdo con cálculos del Oig para 2018, registró algo más de 3,500 femicidios –a razón de casi 10 por día-.
Al medir proporcionalmente esos crímenes –cálculo por cada 100,000 habitantes-, algunos de los índices regionales más elevados corresponden a El Salvador (6,8 puntos), Honduras (5,1), Bolivia (2,3), Guatemala (2,0), mientras la medición proporcional, para Uruguay fue de 1.7.
No obstante, el nivel uruguayo es considerado, por ONU Mujeres –la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino-, como alarmante.
En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, se trata, además, de los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, subregión consideraba da como una de las más violentas a nivel mundial –lo que, en medida considerable, genera una masiva ola migratoria, vía terrestre, hacia Estados Unidos, fenómeno que afecta, en gran medida, a mujeres y niños-.
