El gobierno de Uruguay declaró emergencia nacional, ante lo que considera como la prevalencia de la violencia de género, traducida, más recientemente, en tres femicidios ocurridos, en menos de veinticuatro horas, durante la reciente celebración de la Nochebuena y la Navidad.
Al anunciar, el 30 de diciembre, la medida, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, indicó que la decisión era analizada, por el gobierno del país sudamericano, desde antes de ocurridos esos crímenes.
Entre las acciones que acompañan a la declaración, figura la elaboración de una iniciativa denominada Plan de Emergencia Nacional Por una Vida Libre de Violencia de Género, documento que será entregado a las autoridades del gobierno a instalarse el 1 de marzo, para el período 2020-2025, presidido por el derechista mandatario electo Luis Alberto Lacalle Pou.
“El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dictó una resolución presidencial en Consejo de Ministros que declara el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género”, dijo Roballo, citado en un comunicado presidencial.
“Se venía trabajando en un plan y analizando la declaración desde antes de los lamentables femicidios de estos días”, precisó.
De acuerdo con datos oficiales –del Ministerio del Interior (Seguridad)- Uruguay registró 28 femicidios, en 2018, cifra que ascendió, el año pasado, a 30, según el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina(Oig) –entidad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)-, o a 35, de acuerdo con estimaciones de organizaciones de sociedad civil locales.
Los números generan preocupación en las autoridades, por su impacto local, aunque contrastan con el contexto latinoamericano, que, de acuerdo con cálculos del Oig para 2018, registró algo más de 3,500 femicidios –a razón de casi 10 por día-.
Al medir proporcionalmente esos crímenes –cálculo por cada 100,000 habitantes-, algunos de los índices regionales más elevados corresponden a El Salvador (6,8 puntos), Honduras (5,1), Bolivia (2,3), Guatemala (2,0), mientras la medición proporcional, para Uruguay fue de 1.7.
El nivel uruguayo es considerado, por ONU Mujeres –la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino-, como alarmante.
En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, se trata, además, de los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, subregión consideraba da como una de las más violentas a nivel mundial –lo que, en medida considerable, genera una masiva ola migratoria, vía terrestre, hacia Estados Unidos-.
De acuerdo con lo informado por Roballo, entre las acciones emprendidas por el gobierno presidido por el centroizquierdista Vázquez (2005-2010, 2015-2020), “se diseñó un plan con el fin de presentárselo a las autoridades que asumirán próximamente el Gobierno nacional para darle continuidad“ a la política que la administración viene implementando.
“Al mismo tiempo, se están disponiendo medidas concretas para incidir en esta grave situación”, lo que incluye “tanto el (nuevo) plan como las medidas se venían trabajando en el Gobierno”, agregó.
Roballo dijo que, en ese sentido, “se destacó la ampliación del programa de tobilleras electrónicas (para dar seguimiento a agresores) mediante la adquisición de 200 unidades más, que incrementarán el stock a 1,200 tobilleras para todo el país, fortaleciendo concomitantemente el equipo de monitoreo”.
Al precisar el marco conceptual de la extensa resolución, se indicó –en el documento de cinco páginas- que, no obstante la medidas adoptadas por la presente y anteriores administraciones –las tres más recientes, incluida la actual, correspondientes al centroizquierdista Frente Amplio (FA)-, la violencia contra las mujeres constituye un fenómeno persistente y que no muestra tendencia a la baja.
Por lo tanto, “el marco de la situación actual amerita la declaración de emergencia nacional y la implementación de medidas orientadas a profundizar el trabajo que el Estado durante la presente administración viene desarrollando”, así como “la presentación del Plan de Emergencia Nacional Por una Vida Libre de Violencia de Género a las autoridades que asumirán próximamente el gobierno nacional”.
Según el texto presidencial, “la lucha por una vida libre de violencia de género implica una tarea constante y permanente para transformar las matrices culturales en las que se apoyan los vínculos autoritarios y de dominación hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades y diversidades, por lo que procede ratificar el compromiso del Estado en la implementación de políticas públicas que enfrentan esta grave problemática”.
De modo que, “en esta instancia y situación de emergencia”, el gobierno decidió aplicar seis “medidas específicas de implementación inmediata, como parte de las políticas públicas impulsadas hasta el momento”.
Entre las iniciativas, figura –además de la ampliación del programa de tobilleras electrónicas y de la elaboración del plan- “promover una reunión de alto nivel entre la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia y Fiscalía General de la Nación con el objetivo de fortalecer las necesarias coordinaciones para dotar de mayor eficiencia al proceso de acceso a la Justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
Asimismo, llevar a cabo “cursos virtuales para el fomento de masculinidades no violentas, dirigidos a educadores y educadoras formales y no formales, para fomentar cambios en las pautas socioculturales y aportar a la prevención de la violencia de género”.
Igualmente, “disponer curso virtual de prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, dirigido a educadores y educadoras formales y no formales, que facilite la capacidad para identificar situaciones de riesgo y manejar información adecuada para su derivación responsable”.
