Una investigación de un Grupo Independiente de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que el asesinato de Berta Cáceres fue el resultado de una operación criminal organizada, financiada con fondos desviados de bancos internacionales de desarrollo vinculados a un proyecto extractivo en Honduras.
El asesinato de Berta Cáceres, ocurrido en Honduras en marzo de 2016, no fue un crimen aislado. Así lo documenta una investigación exhaustiva publicada por InSight Crime el 12 de enero de 2026, que reconstruye la dimensión financiera, empresarial y política detrás del homicidio de la reconocida lideresa indígena y defensora del medioambiente. El informe revela que el crimen formó parte de una operación criminal organizada, financiada con fondos desviados de un proyecto hidroeléctrico apoyado por bancos internacionales de desarrollo.
La investigación se centró en seguir la pista del dinero del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado en territorio del pueblo lenca y duramente cuestionado por su impacto ambiental y social. El objetivo fue determinar si los recursos financieros del proyecto se utilizaron para actividades ilegales, incluida la vigilancia, intimidación y, finalmente, el asesinato de Cáceres, quien lideraba la resistencia comunitaria contra la obra.
El informe se basa en el trabajo de un Grupo Independiente de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este grupo fue creado ante las dudas sobre la imparcialidad y profundidad de la investigación oficial del Estado hondureño. InSight Crime analizó y sistematizó los hallazgos del grupo, aportando un enfoque especializado en crimen organizado, corrupción y economías ilegales.
Principales hallazgos del informe
Uno de los hallazgos más contundentes es que el 67% de los más de 18,5 millones de dólares aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) fue desviado de su propósito original. Según el informe, esos recursos financiaron:
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se convirtió así en una plataforma financiera para una red criminal que integró a élites empresariales, actores armados y estructuras de poder local, con capacidad de operar durante años con altos niveles de impunidad.
Aunque ocho personas fueron arrestadas y condenadas por su participación directa en el crimen, el informe subraya una grave limitación: la investigación estatal no profundizó en la responsabilidad de los autores intelectuales ni en la cadena de mando empresarial y financiera. Para los expertos, el caso evidencia cómo los sistemas judiciales débiles tienden a sancionar a ejecutores materiales, mientras protegen a quienes financian y ordenan los crímenes.
Conclusiones
La investigación de InSight Crime concluye que el asesinato de Berta Cáceres debe entenderse como un crimen político-económico, donde confluyen extractivismo, corrupción, financiamiento internacional mal supervisado y violencia contra defensores de derechos humanos. El caso plantea una pregunta urgente: ¿qué responsabilidad tienen los bancos de desarrollo y las élites económicas cuando sus proyectos alimentan estructuras criminales?
Más allá de Honduras, el informe es una advertencia regional. Sin controles efectivos, transparencia y rendición de cuentas, los grandes proyectos extractivos pueden transformarse en mecanismos de violencia estructural, especialmente contra pueblos indígenas y liderazgos comunitarios que defienden la vida, el territorio y el ambiente.
En América Latina, miles de líderes indígenas y comunales han sido asesinados en la última década por defender la tierra, el agua y la vida frente a proyectos extractivos. Detrás de estos crímenes se repite un patrón conocido: organizaciones criminales que operan con financiamiento legal, respaldo empresarial, omisiones estatales y sistemas judiciales corroídos por la impunidad. Honduras no es el problema aislado; es el espejo de una realidad hemisférica. Cáceres no es solo una víctima emblemática y simbólica; es el nombre que permite nombrar una realidad estructural donde el desarrollo se impone con violencia, la protesta se criminaliza y la defensa del territorio se paga con la vida. Mientras los Estados sigan protegiendo intereses económicos por encima de los derechos humanos y la vida de los pueblos que aspiran a vivir en armonía con la naturaleza, cada nuevo proyecto extractivo se seguirá escribiendo con sangre indígena y comunitaria.
Fuente: InSight Crime, Report: International Banks, Honduras Elites at Center of Berta Cáceres Murder. https://insightcrime.org/news/report-international-banks-honduras-elites-center-berta-caceres-murder/
